Xalapa, Veracruz.– Uno de los objetivos del aparato de justicia en Veracruz es capturar a quienes en el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes se encargaron justamente de aplicarla: la mira está puesta en Jorge Winckler y Marcos Even Torres, quienes se desempeñaron como fiscal general y fiscal anticorrupción, respectivamente, hasta que desaparecieron la noche del 21 de septiembre y se convirtieron en prófugos.
El gobernador Cuitláhuac García y los legisladores de Morena –que son mayoría en el Congreso local– rechazan que se trate de revanchismo político y acusan a los exfuncionarios de probable comisión en el delito de desaparición forzada, entre otros delitos.
Así justifican que parte de los recursos de la Fiscalía General del Estado (FGE), que para este 2020 cuenta con un presupuesto de 1,466 millones de pesos y menos de mil empleados, se destine a perseguir a los yunistas, en una entidad que enfrenta problemas de inseguridad y violencia con un saldo de 42 mil delitos, más de 3,600 desapariciones reconocidas oficialmente, 1,849 homicidios dolosos, 147 feminicidios y casi 300 secuestros, solo en el primer año de gobierno de García Jiménez.