Cruz Soto, de 53 años de edad, buscaba recuperar las tierras que le fueron arrebatadas por el crimen organizado en 2014 para la siembra de droga. Desde esa fecha, él, su familia y vecinos tuvieron que salir de Monteverde, Guazapares.
En agosto de 2018, Cruz Soto y otras personas desplazadas de El Manzano, comunidad que cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), regresaron a sus casas resguardados por la Policía del estado.
Sin embargo, al día siguiente de su regreso, un familiar de la esposa del activista fue asesinado; a la víctima le colocaron una pancarta con una amenaza de muerte dirigida para Cruz Soto, quien en esos años había exigido a las autoridades la aprehensión de los integrantes del grupo criminal que opera en la zona.
El pasado 10 de octubre, Enrique Alberto Servín Herrera, funcionario de la Secretaría de Cultura de Chihuahua y defensor de las lenguas indígenas, fue hallado muerto dentro de su domicilio en la zona centro de la capital del estado. De acuerdo con el peritaje, recibió un fuerte golpe en la cabeza; el móvil, presuntamente, fue el robo de su vehículo.
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