La revisión a la Cuenta Pública 2018, el último año de gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares, arrojó supuestos daños al erario por más de 3,500 millones de pesos.
El reporte del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), señala irregularidades en 46 de 97 entes estatales, se trata de 11 secretarías, 30 organismos descentralizados, tres fideicomisos y el capítulo de deuda pública.
“Presentan irregularidades que hacen presumir la existencia de daño patrimonial por un importe de $3,551,582,850.58, incluyendo la Cuenta Pública Consolidada del Poder Ejecutivo”, señala el informe.
Uno de los puntos polémicos fue el de seguridad, no solo por los costos y el incumplimiento de estándares en equipos de videovigilancia, sino también por la adquisición de programas de monitoreo de cuentas de usuarios de redes sociales, identificación de sujetos a partir de los rastros que se dejan en las redes, reconocimiento de voz y rostros.
De las ocho observaciones del ORFIS a la Secretaría de Seguridad Pública, destaca la compra de varios paquetes: “Suministro e Instalación de las Cámaras que integran el Sistema Estatal de Videovigilancia, 2017-2018”, “Sistema de Inteligencia para Identificación de Metadata de Objetivos”, “Sistema de Monitoreo”, “Sistema de Análisis de Imágenes y Videos con Aprendizaje profundo”, “Sistema Forense de Identificación de Usuarios y Redes de Vínculos”, y “Sistema de Monitoreo de Redes Sociales”, entre otros.
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Esos programas fueron parte de la estrategia tecnológica que Yunes dijo durante su campaña que le permitirían abatir la inseguridad y la violencia en Veracruz.
Las compras, de acuerdo con el ORFIS, beneficiaron a las empresas Grupo Profesional Shalom, Systemtech Sistemas Tecnológicos, Alta Prevención WT de Mexico, Blindarte S. de R.L., y Sistemas Computacionales Integrados.
En cifras, el órgano revisor alertó por presunto daño patrimonial en la Secretaría de Seguridad Pública por 1.1 mmdp.
La Secretaría de Desarrollo Social, una de las dependencias que Yunes utilizó como estandarte de logros gubernamentales y que estuvo a cargo de la actual senadora panista Indira Rosales, también es señalada de un supuesto daño al erario por 270.9 mdp.
A esta dependencia se le dio un aumento presupuestal de casi el doble entre el primero y el segundo año del bienio, pasando de 553.4 millones de pesos a 978.6 mdp, aunque gastó más de 1,363 millones de pesos.
Otras secretarías con supuesto daño patrimonial son:
Yunes Linares heredó una deuda oficial reconocida de 45,801mdp, misma que aseguró evitaría incrementar en su gestión para lo que recurrió a la estrategia financiera de reestructuración.
A pocos días de iniciado su bienio anunció el pago de 13 créditos y tres emisiones de certificados bursátiles, pero contrató 10 nuevos créditos por 38 mdp.
Al cierre de su administración se reportaba una deuda cercana a los 44.3 mdp y el ORFIS detectó un presunto quebranto financiero en el manejo de la deuda por 931.5 mdp.
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— ORFIS VERACRUZ (@ORFIS_VER) September 26, 2019
En la Fiscalía General del Estado también se detectó presunto daño patrimonial por 10.7 mdp, durante la revisión de cuentas del periodo 2018, cuando el ahora prófugo de la justicia Jorge Winckler estuvo al mando.
La mayoría de las observaciones hechas por el ORFIS están relacionadas con licitaciones simplificadas, tanto para uniformes, equipos de cómputo y papelería, así como por obras que la Fiscalía reportó concluidas sin haber encontrado actas de entrega.
Además hubo irregularidades al no poder identificar a beneficiarios de transferencias a cuentas por concepto de salarios de 89,059.38 pesos y 1.3 mdp pagados con recursos públicos. Respecto a las licitaciones simplificadas, fueron para las siguientes empresas:
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125 de los 212 ayuntamientos de Veracruz fueron señalados por daños patrimoniales que en conjunto suman 329,294,367.91 pesos.
En el municipio de Veracruz que encabeza Fernando Yunes Márquez señalan irregularidades por 16.3 mdp, lo que coloca en el número uno de la lista en lo que se refiere al monto.
