Baja California en vilo por Ley Bonilla; sigue en pausa la publicación de la ley

El nuevo gobernador, que tomará posesión el próximo 1 de noviembre, tendrá un Congreso aliado, pues de los 17 distritos electorales en disputa, los ganó todos, por lo que la oposición sólo ocupa espacios de representación proporcional.

La duración del periodo de la siguiente gubernatura está aún en la incertidumbre, pues aunque en julio pasado el Congreso local aprobó y validó que el próximo gobernador estará en funciones hasta el 31 de octubre del 2024, será la Suprema Corte de Justicia quien tenga la última palabra.

El gobernador Francisco Vega de Lamadrid anunció que si el Congreso del estado le envía la polémica llamada Ley Bonilla, él será quien la publique, a fin de que se facilite la resolución de impugnaciones que se interpongan ante la SCJN.

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Y es que cuando los diputados locales aprobaron modificar el artículo octavo transitorio de la Constitución de Baja California para ampliar el periodo de dos a cinco años, la Corte rechazó las impugnaciones de los municipios de Tijuana y Mexicali, al considerar que el procedimiento estaba inconcluso porque aún no se había publicado.

La dirigencia del Partido Acción Nacional afirmó que fueron engañados por sus diputados locales, quienes hacían mayoría (12 de 25); sin embargo, en la entidad se rumora que lo que está detrás es un pacto entre el gobernador saliente y la nueva administración que consistiría en que a cambio de que los diputados panistas aprobaran la ampliación del periodo, el próximo auditor del estado sería propuesto por el PAN.

Y en los hechos así fue. La noche del 8 de julio se convocó a los diputados locales a una sesión extraordinaria para discutir y en su caso aprobar tres puntos: la ampliación del periodo de dos a cinco años de Bonilla Valdez, el nombramiento del próximo auditor superior del estado y la designación de tres integrantes del Instituto de Transparencia local.

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Bastaron 30 minutos para que se ampliara el periodo del gobernador, y a continuación, con 22 votos se nombró a Carlos Montejo Oceguera como auditor superior del estado para un periodo de siete años. Él será el encargado de revisar la cuenta pública de la administración de “Kiko” Vega de Lamadrid.

A Montejo Oceguera se le vincula con el gobernador saliente y con el mismo PAN. En el año de 1995 fue secretario de Planeación y Finanzas del mandatario panista Héctor Terán.

De acuerdo con el politólogo e investigador de El Colegio de la Frontera Norte, Víctor Alejandro Espinoza, lo que sucedió en Baja California fue un pacto.

El investigador asegura que será la Suprema Corte quien tenga la última palabra.

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En tanto, PAN, PRD, PRI, y hasta la Confederación Patronal de la República Mexicana en Baja California preparan por separado sus recursos de acción de inconstitucionalidad, pero para ello esperan a que la Ley Bonilla sea publicada.

En entrevista con Expansión Política, el integrante de la presidencia colegiada del PRD, Ángel Ávila, adelanta que esa fuerza política presentará una acción de inconstitucionalidad de forma separada.

“Desde el PRD queremos hacer un llamado al gobernador Kiko Vega como al Congreso para que esta ley Bonilla, totalmente inconstitucional pueda ser publicada y pueda ser atacada por los medios constitucionales y legales a los cuales los partidos políticos tenemos derecho”.

Adicionalmente, el PRD presentó este jueves 15 pruebas del presunto pago de entre 200 mil hasta 400 mil dólares a diputados locales por avalar la ley.

Ángel Ávila llama al presidente Andrés Manuel López Obrador a que si esta ley es publicada, a través de la Consejería Jurídica ejerza sus facultades y también presente una acción de inconstitucionalidad contra esta ley.

¿Y la transición?

El gobernador entrante Jaime Bonilla se quejó hace algunos días porque el proceso de entrega-recepción no ha iniciado, pese a que las elecciones fueron hace más de dos meses.

De acuerdo con el mandatario saliente, los panistas “no saben cómo hacerle” porque en 30 años no debieron entregar cuentas a los sucesores debido a que todos eran emanados de Acción Nacional.

“Ha sido no muy tersa la transición, hay varias cuestiones inconclusas, se habla de que los titulares de ciertas dependencias no se presentan o mandan a gente de otro nivel. No ha sido nada tersa la transición, ha sido muy problemática. Efectivamente 30 años no estaban acostumbrados a ningún tipo de señalamientos”, explica Víctor Alejandro Espinoza.

Amador Rodríguez Lozano, quien se perfila para ocupar la Secretaría de Gobierno de BC, acusó que ha habido resistencias en el proceso de entrega, por lo que se explora la posibilidad de que el Congreso reforme la Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos para el Estado de Baja California.

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Incluso en el Congreso del estado, la nueva presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Monserrat Caballero Ramírez, afirmó en conferencia de prensa que los anteriores diputados obstaculizaron el proceso de entrega-recepción, pero además hubo robo de inmobiliario, hasta las plantitas se llevaron, dijo.