Segob defiende la "Ley Garrote"; grupos civiles y campesinos piden tirarla

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La funcionaria dijo que “no” y agregó que “quien no esté conforme con alguna disposición legal, puede recurrirla ante las instancias correspondientes”.

A su vez, grupos civiles y ciudadanos criticaron la entrada en vigor de la “contrarreforma” y solicitaron a la CEDH y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a que promuevan acciones de inconstitucionalidad.

En una carta abierta, los inconformes señalan que el propósito de la reforma es doble: “otorgar a las autoridades una amplísima discrecionalidad para encarcelar a opositores en el estado; y abrir camino al autoritarismo que algunas fuerzas políticas promueven para el país. Se trata, en suma, de subordinar nuestro Estado de derecho a los designios de un grupo político”.

Alertan que se atenta contra la Constitución y los tratados internacionales firmados por México en materia de derechos a la protesta, asociación, reunión y libertad de expresión.

“La contrarreforma aprobada por el congreso de Tabasco es un ataque a la vida pública en México, y a nuestra democracia, las cuales requieren, para existir, un ejercicio pleno de libertades. Es una agresión ilegal que añora los tiempos en los que existía el delito de ‘disolución social’. De hecho, esta contrarreforma criminaliza el derecho a la libre manifestación como no se había intentado en décadas”, advirtieron en la misiva que suma más de 200 firmantes.

A su vez, los coordinadores de la Comisión Ejecutiva de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional, Jesús Gutiérrez Valencia y Alberto Galindo García, anunciaron movilizaciones en contra de la reforma del gobernador de Tabasco Adán Augusto López.

Los líderes afirmaron que ya se trabaja en una “Ley Garrote” para Campeche, Quintana Roo, Chiapas y México con miras a detener cualquier inconformidad relacionada con los proyectos presidenciales de Dos Bocas, el Corredor Transísmico y el Tren Maya.

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Gutiérrez Valencia y Alberto Galindo García anunciaron el arribo de tres Caravanas Campesinas e Indígenas hacia la Ciudad de México a partir de este 3 de agosto, así como su participación en la movilización campesina del próximo 8 de agosto que se tiene contemplada del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución o Zócalo Capitalino.

Como los grupos civiles, solicitaron a la CNDH que presente una acción de inconstitucionalidad y resaltaron que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República también puede tomar cartas en el asunto.

Pedro Calcáneo Argüelles, presidente de la CEDH, afirmó que se someterá a una consulta ciudadana si se interpone un recurso ante la SCJN, las opiniones ciudadanas se recabarán a través de redes sociales y la de los sindicatos y organizaciones a través de oficios.