¿En qué consiste la #LeyGarrote que se aprobó en Tabasco?

Los cambios que se proponen

La Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil aprobó este 26 de julio la iniciativa enviada por el gobernador morenista, Adán Augusto López, la cual contemplaba los siguientes cambios:

Artículo 196
Penas de 10 a 20 años “al que para procurarse a sí mismo o a un tercero un lucro indebido o un beneficio, obligue por cualquier medio a una persona a dar, hacer, tolerar, o dejar de hacer algo en prejuicio de su propio patrimonio o el de otra persona”. Estas penas aumentará en una más más si el constreñimiento se realiza por un delito o si es realizado por un servidor público o exservidor público, por miembros o exmiembros de alguna cooperación policial, a ellos se impondrá una inhabilitación de cinco a 10 años para desempeñar un cargo o comisión pública.

Artículo 196 Bis
Si alguien no tiene facultad legal e impide que se ejecuten trabajos y obras públicas o privadas, se le podrá aplicar una pena que puede ir de seis hasta los 13 años de prisión. Las mismas penas se aplicarán a quien obstruya el acceso de personal o de maquinaria al lugar destinado para la ejecución de trabajos u obras.

Artículo 308
La persona que dificulte el servicio público local de comunicación, obstaculice las vías, retenga unidades o les impida el paso de algún modo, podría estar encarcelado de uno a 8 años.

Artículo 308 Bis
Cuando "cualquier persona que carezca de facultad legal, impida total o parcialmente libre tránsito de personas", se le impondrá prisión de uno a cinco años, pena que se incrementará el doble cuando el responsable se haga acompañar de menores de edad o emplee la violencia.

Artículo 307
Si alguien destruye o daña algún medio local de transporte de transporte público de pasajeros o de carga se aplicará prisión de dos a 10 años, la cual se triplicaría si el transporte estuviere ocupado por uno o más personas.

Según se establece, estas modificaciones servirán para asegurar la inversión privada en el Estado, por ello se propone "el incremento de las penas previstas para el delito “Oposición a que se ejecuten trabajos u obras públicas, a fin de sancionar a quienes vulneren o pretendan vulnerar el ejercicio legítimo de la autoridad para el logro de los fines del estado".

Opiniones encontradas

Estos cambios se impulsan justo cuando el gobierno federal alista la construcción del Tren Maya y de la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó este lunes que al impulsar esta ley se busque hacer frente a las inconformidades que puedan surgir frente a estas obras.

El mandatario prometió que el gobernador Augusto López aclararía a polémica que desató la iniciativa y aseguró que la finalidad de estos cambios a la ley es que no se instaure "el moche como forma de gobierno".

En ese sentido, el secretario de Gobierno, Marcos Medina Filigrana, afirmó que este dictamen no se trata de una ley antimarchas sino antiextorsionadores y contra los llamados pseudo-sindicatos, por lo que se garantiza la libre manifestación de los ciudadanos, siempre y cuando no afecten los derechos de terceros.

“No es una ley antimarchas, es una reforma antiextorsionadores; así de claro. La libertad de manifestación y de tránsito es un derecho constitucional que el gobierno del estado respeta, y que nosotros, vamos hacer que se cumpla... Hay quienes amparándose en una presunta lucha social extorsionan a las empresas y a particulares", dijo.

En tanto la legisladora del PRI, Ingrid Rosas Pantoja señaló que "si se ve superficialmente la propuesta pareciera ser buena, sin embargo, analizándola a fondo, se puede observar que existen elementos que ponen en evidencia que las reformas se usarán no solo para los miembros de los sindicatos que bloquean obras y accesos para que les asignen los trabajos o reciban alguna prebenda".

"Por lo elevado de las penas, se usarán como pretexto para inhibir el derecho de los ciudadanos de ejercer cualquier tipo de manifestación en contra del gobierno federal, estatal o municipal o de cualquier otro ente público, aunque sean pacíficas", acusó la legisladora tricolor.

¿Qué se aprobó?

La iniciativa fue votada y aprobada la tarde de este lunes por el Congreso de Tabasco: con 24 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones.

No fue avalada en los términos iniciales, pero solo se modificó el artículo 308 BIS y quedó de la siguiente manera:

"Al que extorsione, coaccione, intente imponer o imponga cuotas en impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, maquinarias o equipos especializados o similar para la ejecución de trabajo de obra pública o privadas en las vías de comunicación de jurisdicción local al que se refiere el artículo 306, se le impondrá prisión de seis a 13 años y multa de 1000 a 2000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten.

La pena se incrementará en una mitad más cuando en la comisión del delito, el sujeto activo se haga acompañar de personas menores de edad o se emplee violencia".

El gobernador defiende la reforma

Tras la aprobación de la reforma, el gobernador de tabasco Adán Augusto López, ofreció una conferencia de prensa para dar su respaldo al texto aprobado.

“La extorsión es un delito que en Tabasco ocupa el mayor de los índices delincuenciales en todas sus modalidades y esta reforma pretende en primera instancia que haya una mayor penalidad para el delito, pero también se trata de garantizar el derecho de todos a la inversión, al desarrollo y para nadie es un secreto”, afirmó.

El político morenista aseguró además que durante su campaña planteó trabajar en medidas contra la extorsión.

“Lo dijimos incluso en campaña, que íbamos a trabajar para que se terminara la extorsión o el chantaje de grupos de sindicatos, pseudosindicatos, agrupaciones que con cualquier pretexto cerraban el libre tránsito o el libre acceso de empresarios, de ciudadanos dedicados o que prestaban servicios a las empresas nacionales o extranjeras”, sostuvo.