Barbosa asume en Puebla arropado por Morena y con retos en seguridad

En materia de seguridad, por ejemplo, si bien el periodo de Pacheco Pulido se caracterizó por reducir la incertidumbre generada por la muerte de la gobernadora, también estuvo marcado por un aumento de los índices delictivos.

De enero a junio de 2019, en Puebla se registraron 39,872 delitos, lo que representa un alza de 33.9% respecto del mismo periodo de 2018. En el primer semestre del año pasado, hubo 29,756 ilícitos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Los indicadores que más crecieron fueron los de secuestro y feminicidio. En secuestro, de enero a junio de 2019 se abrieron 11 carpetas de investigación, mientras que de feminicidio fueron 24.

Además, el porcentaje de percepción de inseguridad se sitúa en 88% y la administración de Barbosa encarará el desafío de combatir un delito enraizado en la entidad y que ha captado más la atención pública desde finales de 2018: el robo de combustible de ductos de Pemex o huachicol.

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Transición poblana

El 15 de julio, en su informe de labores, Pacheco Pulido se despidió del Ejecutivo poblano con un breve mensaje en el que destacó como su mayor logro haber ayudado a que la estabilidad política regresara a la entidad.

“Esta estabilidad y certidumbre es lo que está sirviendo ahora en el estado de Puebla, que es un estado que está trabajando, está en toda su potencialidad, con los problemas, claro, como en el resto del país, unos ancestrales, que es la pobreza, y los problemas nuevos, como la violencia que se genera”, dijo.

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Ahora, Barbosa, militante de Morena, llega al poder con la ventaja de que la coalición que lo postuló tiene la mayoría en el Congreso local, lo que se prevé le facilite sacar adelante las reformas que quiera impulsar.

Durante la campaña, adelantó algunas acciones que buscará ejecutar para no gobernar como asegura que lo hizo el morenovallismo. Para empezar, no vivirá en Casa Puebla —la residencia donde han vivido los anteriores mandatarios— y no despachará en la oficina que ocuparon Rafael Moreno Valle, Antonio Gali, Martha Erika Alonso, Jesús Rodríguez Almeida —como encargado de despacho— y Guillermo Pacheco Pulido, pues las considera “monumentos a la corrupción”.

Además, el morenista quiere reformar la Constitución local, para que incluya la figura de revocación de mandato y se elimine el fuero a los servidores públicos, y ya mandó una iniciativa para modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, con el fin de ampliar de 12 a 17 el número de secretarías, reacomodar facultades de sus colaboradores y dar más poder al consejero jurídico, al jefe de Oficina y al secretario particular.

Barbosa también busca echar abajo al menos 10 de 24 organismos públicos descentralizados, principalmente los creados por Moreno Valle, como el de Ciudad Modelo Audi.

En materia de presupuesto, recibirá en caja al menos 3,500 millones de pesos libres de asignación. El monto fue dado a conocer por el secretario de Finanzas saliente, Jorge Estefan Chidiac, y la administración de Barbosa podrá emplearlo en los cinco meses que quedan del año.

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Concesiones, deuda y mayorías

En su intención de poner un alto al legado de Moreno Valle, Barbosa ha advertido de que buscará retirar la concesión de 30 años que el entonces gobernador panista dio en 2013 a la empresa Agua de Puebla para Todos para la administración de este servicio, pues considera dicha entrega afecta a los consumidores porque los precios se han elevado año tras año.

La compañía asegura que ha invertido 1,400 millones de pesos en infraestructura hidráulica y advierte de que, en caso de que le retire la concesión, reclamaría ese monto y los ingresos correspondientes a los siguientes 25 años. Por lo pronto, el debate ya está en el Congreso local, donde Barbosa y sus aliados tienen los números de su lado.

El morenista ha dicho que no teme un eventual juicio con la firma, cuyos directivos han calificado de populista este propósito.

Otra promesa de Barbosa es transparentar la deuda pública desde sus primeros días de gobierno. Oficialmente, al 30 de junio esta asciende a 5,070 millones 781.4 pesos, aunque Barbosa y su equipo señalan que esa cantidad no reconoce otros pasivos pendientes por obras emblemáticas del morenovallismo, ejecutadas vía Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y Asociaciones Público Privadas (APP).

Con estos retos y compromisos enfrente, Barbosa inicia este jueves un gobierno que ganó holgadamente en las elecciones del pasado 2 de junio. A ello se suma otro desafío: ayudar a que dentro de dos años, en las elecciones de 2021, Morena y sus aliados logren conservar mayoría en el Legislativo, de forma que las iniciativas del gobernador puedan transitar y no toparse con la oposición.