Candidaturas del Bienestar: postulan a superdelegados y servidores de la nación

¿Es ilegal el salto del Bienestar a campañas?

Para Rafael Hernández Estrada, analista político y experto electoral, autor del libro Servidores de la Nación. La operación política del gobierno de la 4T, los programas sociales de la actual administración están marcados por la promoción personalizada, que está prohibida por la Constitución.

"El primero en violarla es el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y su ejemplo es seguido por los superdelegados y el ejército de los servidores de la Nación”, indica.

El artículo 134 de la Constitución obliga a aplicar con imparcialidad los recursos públicos y no influir en la equidad de la competencia entre los partidos, además de no difundir en la propaganda gubernamental la figura, voz, imagen, de cualquier funcionario público, recuerda.

Pero en vulneración a esa regla, el ejército del Bienestar “entrega recursos como si fuera una dádiva del presidente y de paso (los superdelegados) hacen su luchita, hacen promoción personalizada a su favor para posicionarse, la muestra es que hoy están de candidatos”, indica.

Hernández es fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y en 2019 presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una queja, con videos y publicaciones en redes sociales, para mostrar cómo estos servidores entregaban los apoyos –en ese entonces en efectivo- “a nombre del presidente”.

Además, fue el primero en alertar que la estructura de los Servidores de la Nación era una plataforma para los “futuros candidatos a gobernador, alcaldes y diputados federales en el 2021” –escribió entonces- y 92% de los coordinadores regionales del Bienestar tenían perfil partidista: 34% habían sido promotores electorales; 30% fueron sus candidatos a cargos de elección; 19 ganaron cargos y 9% habían sido miembros de organos directivos, todos del partido guinda.

Casi cinco años después, hay casos destacacos como de los mandatarios estatales que fueron superdelegados, por ejemplo, enEstado de México, Delfina Gómez; en Baja California Sur, Víctor Castro; en Tlaxcala, Lorena Cuéllar: en Tabasco, Carlos Manuel Merino; en Colima, Indira Vizcaíno y lo fue de Baja California, Jaime Bonilla.

Para las elecciones de junio próximo van como candidatos a gobernadores los exsuperdelegados de programas del Bienestar Javier May, de Tabasco, y Joaquín “Huacho” Díaz Mena en Yucatán, sólo por mencionar las candidaturas al cargo de titular del Poder Ejecutivo local.

“Los cargos de Secretaría del Bienestar y su estructura clientelar llamada los Servidores de la Nación son trampolín de políticos que hacen un uso indebido de los recursos públicos para impulsar sus intereses y sus ambiciones personales, por eso ahora los vemos de abanderados”, indica Hernández Estrada.

El trampolín del bienestar, un formato perfeccionado

Hace casi once años, en abril de 2013, estalló un escándalo derivado de unas grabaciones entregadas de forma anónima y que llevaron a Acción Nacional (PAN) a denunciar la operación de programas sociales a favor del Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz.

En una parte de la trama se acusó que la estructura de Desarrollo Social (Sedesol) federal y estatal se había desplegado de forma territorial, y funcionarios sostuvieron reuniones con priístas, a quienes se entregaron los padrones de beneficiarios de los programas de Oportunidades y potenciales beneficiarios del plan 65 y más.

El caso llevó al expresidente Enrique Peña Nieto a decir la icónica frase “Rosario no te preocupes hay que aguantar” y aseguró que las críticas se debían sólo a la temporada electoral.

Hoy los papeles se invierten: en tribuna el entonces diputado petista por Veracruz, Manuel Huerta, acusó que en realidad había una “disputa por los pobres entre el PAN y el PRI, y ésta tuvo que ver con la capacidad y estilo de operación territorial de ambos”, pero ahora es candidato.

Según expuso en el sexenio de Peña Nieto, en el sur del estado el PAN filtraba nombres de beneficiarios para decidir quién recibía y quién no apoyos, mientras que por su lado el PRI acordó un mecanismo según el cual “el acoso político institucional se ejercerá por sección, por manzana, por cuadra y por familia, con precisión y a través de los enlaces municipales y de los vocales de oportunidades” con uso de los padrones filtrados.

Hoy el esquema es también territorial y existe evidencia de que la estructura del Bienestar sí ha operado en elecciones.

En 2022, Rafael Hernández, quien además es asesor electoral del PRD, denunció ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que Servidores de la Nación o empleados del Bienestar fungieron como representantes de la 4T en casillas y como coordinadores de distrito de Morena, PT o PVEM en las elecciones de ese año para elegir gobernador de Tamaulipas.

Héctor Díaz Santana, académico del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Politécnico Nacional (IPN), explica que es complicado probar que este tipo de estructura del Bienestar incurre en uso de recursos públicos con fines electorales o clientelismo político, lo cierto es que llama la atención el número de funcionarios de esa área que hoy disputa cargos de elección popular.

“No era usual anteriormente. Era probable que un secretario de Desarrollo Social tuviera alguna candidatura, pero no en la cantidad que hoy se está manifestando. Es un tema que debe de llamar la atención”, valora.

Hay sectores –indica- “que dicen que los llamados Servidores de la Nación son utilizados como un ejército de personas con recursos públicos para favorecer al partido político del gobierno. Y éste dice que no condiciona los programas sociales y que estas personas realmente entran a las comunidades totalmente marginales que otros funcionarios históricamente no han hecho”, pero el hecho que llama la atención es que proliferen los casos.

En el México de 2024 los responsables de la operación de los programas sociales e incluso de elaborar las listas con los millones de beneficiarios en todo el país no sólo se reúnen con el partido en el gobierno, sino que son los candidatos de éste y contenderán en las elecciones del 2 de junio próximo.

En este mes de marzo de 2024 el mencionado ex diputado Huerta, quien hace unos meses era superdelegado de Programas del Bienestar en Veracruz y precandidato al gobierno del estado, es abanderado al Senado.

No es el único caso. En todas las entidades hay candidaturas de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Verde (PVEM) de personas que formaron parte de la burocracia de la Secretaría del Bienestar o bien de Desarrollo Social municipal; coordinaron alguno de los múltiples programas en el estado, en alguna región, incluso fueron servidores de la Nación o formaron parte de los Sistemas de Desarrollo Integral para la Familia (DIF), también dedicado a la prestación de servicios sociales.

Un ejemplo es abanderado al Senado por Oaxaca Pedro David Ortega Fonseca, quien también fue coordinador de Programas Pensión de Personas con Discapacidad y fue Servidor de la Nación, entre cuyas funciones estuvo la de “coordinar la región para el censo social de personas adultas mayores, personas con discapacidad y jóvenes construyendo el futuro”.

También va al Senado por Tlaxcala y bajo las siglas del PVEM Esteve Esteban del Razo, exservidor de la nación en la Secretaría de Bienestar de la delegación del estado y hasta hace unas semanas jefe de departamento de coordinación de control de gestión del despacho de gobierno del estado.

En las actuales elecciones, donde se renovará a los gobiernos estatales en nueve entidades federativas y con más de 20,000 cargos a elección proliferan los casos en que exfuncionarios del área de desarrollo social saltaron a candidaturas. La relevancia no es sólo que como funcionarios estuvieron a cargo de la entrega de apoyos –en efectivo al inicio del sexenio- sino que visitaron casa por casa o coordinaron la integración de padrones.

Quien ejemplifica bien las funciones que se desempeñaban desde ese cargo es Isela Rojas Amador, hoy candidata del PVEM al Senado por Tlaxcala en primera fórmula, quien tiene una amplia carrera en desarrollo social pues estuvo en el DIF del estado, fue directora de pueblos indígenas del gobierno y directora regional de la Secretaria de Bienestar.

En la presentación de sus datos curriculares ante la 4T, Rojas Amador asentó que bajo su responsabilidad ha estado la operación de programas sociales e integración de listas, como “encargada de planear, organizar y dirigir el censo y entrega de recursos federales de los programas federales de bienestar en 15 municipios del estado de Tlaxcala, coordinar los trabajos de campo de los servidores de la Nación en cuanto al registro, entrega y seguimiento de los programas sociales federales, propios a la secretaria”.

Otras caso es el del excoordinador nacional de los superdelegados del Bienestar, Gabriel García, quien fue secretario de Organización de la dirigencia nacional de Morena, hoy es senador y además candidato a diputado federal por Iztapalapa.

En Aguascalientes, la candidata al Senado por el principio de mayoría es Nora Ruvalcaba, exdelegada estatal de Programas para el Desarrollo del estado.

En Baja California Sur, Manuel Cota Cárdenas, exdirector general de Desarrollo Social del municipio de La Paz e hijo del exgobernador Leonel Cota, quiso ser candidato a alcalde, busca una curul como diputado federal.

El escaño senatorial por esa misma entidad, pero por la vía plurinominal, lo busca Erika Paola Telechea González, exdirectora de Atención a Población Vulnerable del gobierno del estado, y quien salió en la tómbola.

Al Senado por Campeche está anotada Maria Martina Kantun Can, quien fue “representante estatal de la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez”.

Algunos de los exfuncionarios del Bienestar aún ocupaban sus cargos cuando ya eran precandidatos, como Simey Olvera, extitular de la Secretaría de Bienestar y e Inclusión Social (Sebiso) de Hidalgo y hoy aspirante al Senado por esa entidad.

También al Senado pero por Oaxaca va Luisa Cortés García, exsubdelegada de los Programas de desarrollo de gobierno federal región Miahuatlán.

En esta entidad los partidos de la 4T van separados, así que por el PVEM al mismo cargo Laura Estrada Mauro, quien fue secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión (Sebienti) del estado. Y por el PT Noé Doroteo Castillejos, quien fue coordinador general de módulos de desarrollo social y subsecretario de Desarrollo Social Humano.

En Sinaloa, con el registro del PVEM y para el Senado está anotado Julio César Osuna Chaidez, exdirector de Organización Social en la Secretaría de Desarrollo Social y quien además también fue director general del Sistema Desarrollo Integral para la Familia (DIF) Culiacán.

Por Sonora busca el Senado Lorenia Iveth Valles Sampedro, quien fue titular del DIF de la entidad desde 2021 y hasta hace unos días. En San Luis Potosí el postulado, también al escaño senatorial es Juan Ignacio Segura Morquecho, extitular de Desarrollo Social estatal.

Por tómbola resultó postulado al Senado por la vía plurinominal y para representar a Tamaulipas Samuel David Badillo Amador, quien fue coordinador general de delegaciones de la Secretaria de Bienestar en el estado.

Díaz Santana, extitular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), expone “las leyes son muy claras: ningún funcionario puede usar un recurso público para promocionar su actividad política. Y también dice que los programas sociales no se deben de condicionar al apoyo de partidos políticos o candidatos, sin embargo, reiteradamente se presentan esta clase de denuncias”.

La cantidad de funcionarios del área de programas sociales y la presentación de quejas apuntaría a que el problema persiste:

“Creo que si hay algo en lo que existe un déficit es en esta materia, no lo han podido frenar”, y es de difícil probar el ilícito, pues “la línea puede ser muy delgada” entre lo que es un ilícito o no.

“Pero no hay que cerrar los ojos, de que existe, existe (clientelismo). Lo que no sabemos es en qué magnitud” dice al citar a la académica alemana Bárbara Schörter, quien tras analizar el fenómeno en México concluyó que el clientelismo mexicano es como un fantasma, todo mundo habla de él, pero nadie lo ve.

“Mientras no existan denuncias y un proceso judicial donde cada parte presente sus pruebas y que haya evidencia de un hecho, pues es difícil probar que exista”, establece Díaz Santana.

“Si algún funcionario de desarrollo social que administra los padrones y que en un momento dado lo utiliza para fines electorales, por supuesto que está cometiendo un delito”, recuerda, pero “no se ha vinculado a proceso a ninguna persona”.

Y pese a que no hay nadie en la cárcel por condicionamiento de programas sociales, o desvío de estos, el uso clientelar de los programas sociales ha sido denunciado incluso por figuras de Morena.

Así ha ocurrido por ejemplo, en la contienda interna de Morena en 2020, en que la entonces secretaria general en funciones de presidenta de ese partido, Yeidckol Polevnsky, aseguró la existencia de una operación política desde el Bienestar a favor de su contendiente por la dirigencia nacional morenista, Bertha Luján.

El año pasado en la disputa por la Coordinación de los Comités de la Cuarta Transformación fue el equipo de Marcelo Ebrard, entonces aspirante a ese cargo, antesala de la postulación presidencial por Morena, el que acusó que la estructura de los programas del bienestar, e incluso Servidores de la Nación promovieron a Claudia Sheinbaum, hoy abanderada presidencial morenista.

En diciembre, la abanderada presidencial opositora postulada por la Coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, acusó que ese personal ya opera en territorio a favor de Morena y pidió a los ciudadanos no prestarse ni tener miedo.

“Ahora hay unos extorsionadores que son los extorsionadores de la nación, así se llaman, que esos tocan en tu casa y te dicen que si no votas y no apoyas a su gobierno te quitan los programas sociales, esos son otro tipo de extorsionadores, así que cuando toquen a tu puerta y los amenacen dile: aquí no quiero un extorsionador de la nación”, dijo la senadora con licencia.

Y a principios de este mes el periodista Héctor de Mauleón publicó en El Universal información sobre cómo, según audios y videos María del Rocío Jocelyn Hernández Jiménez, fundadora de Morena y exsubdelegada regional de programas sociales en Sinaloa se le obligaba a declarar como perdidas tarjetas del bienestar que debían ser entregadas a beneficiarios, con el objetivo de ocupar electoralmente el recurso.

Límites a la estructura del bienestar

Derivado de la denuncia que el PRD interpuso por la supuesta operación de los Servidores de la Nación en las elecciones de Tamaulipas, en 2022, el TEPJF no anuló ese proceso pero admitió que la presencia de estos “podría generar irregularidades en materia electoral, pues ellos manejan los programas sociales y tienen un contacto directo con la ciudadanía”.

Por ello ordenó al INE reformular los Lineamientos para garantizar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en materia electoral por parte de las personas servidoras públicas.

Morena fue el único partido que impugnó esas reglas, cuando las emitió el INE, pues las consideró excesivas, y el TEPJF le dio la razón, por lo que pidió al INE no regular la entrega de programas sociales sino solo la actuación de funcionarios relacionados con éstos, y de forma preventiva.

Así, entre otras cosas se resolvió que las personas servidoras públicas vinculadas con programas sociales no puedan ser Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores Asistentes Electorales (CAE), si son funcionarios de gobierno hasta un año antes.

“Deberán conducir su actuar de manera institucional bajo los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, sin realizar actos o manifestaciones que generen la percepción en la ciudadanía de que los beneficios entregados son atribuibles a una persona o partido político, o bien, que su continuidad depende de la permanencia de una opción política en el gobierno”, se les ordenó.

También se reiteró que en el ejercicio de sus actividades vinculadas con programas sociales “se abstendrán de usar logos, emblemas, nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, que generen confusión o identidad con un partido político, gobernante o con la imagen institucional del INE o de los Organismos Públicos Locales”.

Sin embargo no se estableció restricción a que sean candidatos estos Servidores de la Nación o funcionarios del Bienestar.

¿Y qué hacer?

Díaz Santana, a quien le tocó encabezar la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), plantea que el proceso electoral ya está en marcha y que una próxima administración va a tener en un momento dado que ocuparse de eso.

“Porque condicionar un programa social, es un acto de corrupción y si un programa social se le condiciona a una persona en su condición de marginalidad lo que estamos generando es mayor atraso social”, explica.

Recuerda que en 2013 se desplegó una campaña muy grande por parte de la Fepade y para blindaje electoral y se trabajó con Naciones Unidas. Este consistió en ir con los beneficiarios de los programas sociales.

“Se les informaba que el apoyo que les daba el gobierno era producto de los impuestos. Se les decían en caso de condicionarlos a dónde denunciar”, recuerda.

Pero en el 2008-2009 estas prácticas ya no se llevaron a cabo y hubo una regresión; considera que el problema tiene que ver también con que es una cuestión de cultura política.

“Si un ciudadano tiene las bases estructurales, (sabe que) un programa social es un derecho que tiene y no se va a dejar intimidar por un intermediario que le dice que supuestamente tiene que votar por un partido” indica.

Al respecto, Hernández Estrada explica que es tiempo de regular la actuación de estas estructuras dedicadas al desarrollo social.

“Que así como quienes ocupan un cargo de jueces o de funcionarios electorales o que tienen un cargo de elección popular, tienen que separarse del cargo con determinada antelación al inicio de las campañas electorales, de manera que se respete el principio de equidad, lo mismo ocurra con los funcionarios del Bienestar", demanda.

Lo que buscamos, dice, es que si quieren competir lo hagan “en igualdad de condiciones frente a los demás candidatos de los demás partidos, pero Morena y el gobierno se han negado reiteradamente. Desde el año 2020 hay propuestas de ese tipo que en la Cámara de Diputados pero se han ido a la congeladora”.