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Así serían las elecciones de ministros, jueces y consejeros, según AMLO

Para elegir al Poder Judicial, el presidente López Obrador propone candados a candidatos, que no reciban recursos ni hacer precampañas.
jue 08 febrero 2024 02:15 PM
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CIUDAD DE MÉXICO, 07FEBERO2024.- Mónica Soto, presidenta magistrada, Felipe Fuentes Barrera, Janine M. Otálora, Felipe de la Mata y Reyes Rodríguez Mondragón magistrados del (TEPJF), encabezaron la sesión pública del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sede del instituto. FOTOS: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

De concretarse las reformas judicial y electoral propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en junio de 2025 el país entraría de nuevo a otro proceso comicial para reintegrar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a los organismos electorales.

El Instituto Nacional Electoral (INE) tendría que ejercer para la instalación de 170,000 casillas y garantizar el voto de más de 97 millones de potenciales electores; para la contratación de personal para capacitar y supervisar la integración de mesas de casilla, costear la papelería electoral, la operación de sistemas informáticos, entre otros gastos.

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A esa cifra se sumaría lo erogado por las autoridades de justicia electoral para atender y resolver impugnaciones.

Sin embargo, en la iniciativa de reforma electoral remitida por el presidente a la Cámara de Diputados, no se prevé ningún impacto presupuestal.

A diferencia del Proceso Electoral Federal en curso, en las elecciones de autoridades judiciales y consejerías, propuesto por el presidente e impulsado por Morena, no habría financiamiento público para campañas de los aspirantes, por lo que, eso sí, habría un "ahorro".

De prosperar las iniciativas presidenciales referidas, en un año habría elecciones extraordinarias para la elección exclusiva de esos cargos.

Más adelante, en elecciones ordinarias próximas, habría un superdía electoral en que se empatarían los comicios para renovar cargos legislativos federales, autoridades estatales y municipales y, de manera simultánea, integrantes de órganos judiciales, con miles de candidatos en campaña y al menos 56 millones de spots –como en 2018– pero ahora incuidos los mensajes de candidatos a cargos judiciales y a consejeros.

Sin embargo, a diferencia de las restantes 19 iniciativas de reformas impulsadas por López Obrador, legalmente no se puede aprobar la reforma electoral sino hasta que concluyan los comicios, en agosto, o bien su eventual entrada en vigor no sería aplicable en el actual proceso.

Toda reforma electoral debe aprobarse un año antes del inicio del proceso en el que se aplicará, por lo que ese candado haría inviable una elección extraordinaria como la que se propone, al menos para junio de 2025.

¿Cómo serían el plan de AMLO?

La iniciativa de reforma al poder judicial del Ejecutivo propone remover de sus cargos y renovar, mediante elecciones en urnas, a ministros de la Corte, jueces de distrito, magistrados de circuito, además de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y magistrados de cinco Salas Regionales de ese Tribunal.

La reforma electoral propuesta plantea remover a los once integrantes del INE, convertir ese organismo en Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) y elegir a sus nuevos nueve consejeros en urnas.

Es decir, el mandatario propone elecciones de autoridades judiciales y de autoridades electorales juntas y la autoridad responsable de organizar todo en 2025 sería el INE.

Tanto los consejeros como los magistrados electorales que están en sus cargos podrán participar en el proceso de elección y repetir en el cargo. Al asumir los recién electos, se “disolverán” el INE, el Tribunal Electoral y sus cinco salas tal como operan hoy, para iniciar con nuevos integrantes.

Los candidatos a ministros, jueces de distrito, magistrados de circuito y electorales, así como las consejerías del INEC, podrían hacer campaña, presentar sus propuestas en los tiempos del Estado en radio y televisión que les sean asignados y acudir a debates y entrevistas en medios de comunicación en los que sean invitados, “en equidad”.

Las únicas tres prohibiciones previstas para los aspirantes a todos esos cargos son: recibir financiamiento de cualquier tipo –público o privado–, comprar o recibir de terceros tiempo aire en medios electrónicos y realizar precampañas.

Además, los partidos políticos tendrían prohibido realizar actos de proselitismo a favor o en contra de candidatura alguna al poder judicial o al INE.

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“La ley establecerá la forma y duración de las campañas para los cargos de mando del Poder Judicial de la Federación. En ningún caso habrá etapa de precampaña”, se establece en la propuesta y la misma restricción se prevé en la reforma electoral para elegir nuevas consejerías.

Sin embargo, esas prohibiciones se añadirían a las que hoy están vigentes en materia electoral y no han sido respetadas, lo que supone que también en estos procesos novedosos habría un aumento en la judicialización de los casos.

¿Cómo serían las elecciones judiciales según AMLO?

De aprobarse en sus términos esas reformas, para elegir nueve ministros de la Corte –pues se propone recortar dos cargos- el Senado de la República emitiría la convocatoria, mientras que la Cámara de Diputados emitiría las bases para la elección de las nueve consejerías del INEC.

Para votar por nuevos ministros habría 30 candidatos, diez presentados por el Poder Ejecutivo, diez por el Legislativo -cinco cada Cámara del Congreso- y diez por el Judicial.

Además se elegirían integrantes de un Tribunal de Disciplina Judicial, órgano sustituto del Consejo de la Judicatura, de cinco integrantes. La convocatoria la emitiría el Senado y también habría otros 30 candidatos, designados en la misma proporción por los tres poderes.

Ese día se someterían a votación los siete magistrados de la Sala Superior del TEPJF. Conforme al cambio que se propone al artículo 99 de la Constitución, habría otros 30 candidatos, también diez propuestos por el Ejecutivo, diez por el Legislativo y diez por el Judicial.

Asimismo, se propone votar en urnas para decidir sobre 15 magistrados de las cinco Salas Regionales del TEPJF –tres en cada una– caso para el que habría otra lista de 30 candidatos.

Con sólo la elección de estos cargos serían 120 candidatos y boletas con listas de 30 nombres cada una, papeletas dobles, o block de boletas para que quepan todos los aspirantes en igualdad de circunstancias.

La iniciativa considera votar también a los nuevos jueces de distrito y magistrados de tribunales de circuito, por lo que los candidatos serán muchos más: seis por cada cargo a elegir, y cada uno de los tres poderes de la Unión decidirá dos aspirantes para la contienda.

El número de esos cargos a cubrir es variable, por ejemplo, en los últimos meses se han realizado procesos para cubrir 98 vacantes dada la magnitud del Poder Judicial.

El planteamiento presidencial indica que los jueces de distrito y magistrados de órganos judiciales estatales también se elijan en urnas con el mismo procedimiento, regulado por los poderes legislativos locales, por lo que esto aumentará el número de abanderados en campaña y las urnas a instalar en los distritos locales de cada entidad, todo bajo la responsabilidad del INEC.

Si se añade la elección, mediante el mismo procedimiento, de nueve consejeros electorales, prevista en la propuesta de reforma electoral presidencial, se tendrían otras boletas con 30 candidatos para decidir los nuevos integrantes del INEC.

Es decir, se elegirían al menos 150 cargos sin considerar los jueces, magistrados de circuito y funcionarios judiciales de los estados.

Respecto a la calificación del proceso, se propone que para el caso de la elección de ministros, jueces y magistrados de circuito el INEC realice los cómputos, informe al Senado y éste remita los resultados al TEPJF, mismo que resolvería las impugnaciones, calificará el proceso “y declarará sus resultados en un plazo que no exceda de treinta días naturales contados a partir de su recepción”.

Los magistrados electorales salientes resolverían en mes y medio aproximadamente esas impugnaciones, más las que se presenten para elecciones federales y las que lleguen a su esfera provenientes de los estados.

Así, las personas electas “tomarán protesta de su encargo ante el Senado de la República el 1° de septiembre de 2025”.

Para calificar la elección de magistrados electorales –que no podrían resolver sobre su propia elección– serían los ministros de la Corte saliente los que se harían cargo. Los actuales juzgadores electorales concluirán su encargo el 1° de octubre de 2025 para que entren los nuevos integrantes del TEPJF.

El Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial –éste último no sería electo en urnas- iniciarían sus funciones el 1° de septiembre de 2025.

Concretar todas estas propuestas está sujeto a que Morena consiga los votos suficientes para tener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República pues se requieren cambios a la Constitución, para los cuales no cuenta hoy con los votos necesarios en el Congreso.

En un futuro, para la renovación de cargos judiciales subsecuentes, la propuesta presidencial plantea empatar todas las elecciones, lo que aumentará la carga laboral de las autoridades electorales nacionales –pues se propone extinguir a los organismos Públicos Locales Electorales– con cientos de candidatos extra en las calles y en campaña.

¿Cómo se elige al Poder Judicial hoy?

Actualmente el proceso de elección de ministros de la Corte considera las ternas propuestas del Ejecutivo y la revisión y votación de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado.

Si en 30 días no se resuelve o si una segunda terna no alcanza la mayoría necesaria, el Ejecutivo designa.

La renovación de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF se realiza por voto de mayoría calificada de la Cámara de Senadores a propuesta de ternas que le son remitidas por la SCJN.

La elección de cargos de jueces de distrito y magistrados de circuito es mediante convocatorias y concursos de oposición a cargo del Consejo de la Judicatura, en donde además de los requisitos de ley se aplican exámenes.

Se realizan cientos de revisiones y procedimientos de elección para cubrir vacancias, por lo que eventualmente habrá cientos de candidatos y múltiples boletas.

La iniciativa propone ir a la renovación completa de los ministros hoy en su cargo; la elección de los siete magistrados de la Sala Superior del TEPJF –todos concluyen de por si en 2025- y la renovación de plazas de jueces y magistrados según las vacantes que considere el mismo Poder Judicial.

El número de estos varía, pues por ejemplo en los últimos meses se cubrieron 28 plazas de magistrados de circuito especializados en el Sistema Penal Acusatorio y está en curso otro proceso para cubrir 60 más, de juezas y jueces de distrito especializados en ese sistema.

Conforme la propuesta de reforma Judicial, tras el proceso electoral judicial de 2025 la siguiente elección sería en 2028, donde habría campañas para elegir a los 500 diputados federales, elecciones a gobernador, congresos y ayuntamientos en Coahuila e Hidalgo, más los cargos de jueces y magistrados que determine vacantes el Poder Judicial.

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