En las elecciones de 2024 será la primera vez en que las personas privadas de la libertad sin sentencia firme podrán votar para elegir a quien ocupará la Jefatura de Gobierno, los alcaldes y alcaldesas de cada una de las 16 demarcaciones, así como las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México.
En los 13 centros penitenciarios de la capital hay 7,976 personas en prisión sin sentencia, de las cuales 7,368 son hombres y 608 son mujeres, de acuerdo con datos del INEGI.
El cambio se da a partir de la sentencia SUP-JDC-352/2018 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la cual se determinó que las personas recluidas que no han sido sentenciadas cuentan con derecho a votar, por lo que el INE y los institutos electorales locales deberán garantizar que puedan ejercer este derecho.
Bernardo Valle Monroy, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), señala que este derecho ya estaba reconocido legalmente.
“Sin embargo antes de esa sentencia se había dicho que si bien tenían el derecho, materialmente no era posible garantizar la posibilidad de que votaran porque no había la manera para trasladar a estas personas a las casillas el día de la elección”, dice en entrevista con Expansión Política.
El Congreso capitalino aprobó el 30 de mayo una serie de reformas al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales en donde se establece la responsabilidad del IECM en coordinación con el Gobierno de la ciudad de hacer posible el voto para las personas en prisión que no han sido declaradas culpables.
“Las personas que se encuentren sujetas a prisión preventiva sin sentencia firme tienen derecho a emitir su voto en la elección para la Jefatura de Gobierno, las diputaciones del Congreso, las Alcaldías y en cualquier mecanismo local de participación ciudadana organizado en la Ciudad de México”, indica la reforma al Artículo 6.
Valle Monroy señala que a menos de un año de las elecciones de 2024, que tendrán lugar el 2 de junio, uno de los desafíos será el cambio constante en la población en prisión preventiva.
“Es muy variante la población en prisión preventiva porque diariamente ingresan nuevas personas, hay otras personas que son condenadas o que salen libres bajo fianza u otra movilidad”, comenta.
Por ello se requerirá colaboración con el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como con el Instituto Nacional Electoral (INE).
El consejero electoral indica que se trabajará con el INE para conocer cuántas personas en prisión preventiva cuentan con su credencial vigente y en caso de que carezcan de ella, ver si los tiempos del proceso electoral permiten que las personas privadas de su libertad puedan tramitar y recibir su credencial.
Además se promoverá el voto informado de las personas privadas de la libertad, pues se busca transmitir los debates entre candidatos y candidatas a la jefatura de Gobierno dentro de los penales e incluir en dichos encuentros el tema de la reclusión, así como establecer un mecanismo para que las personas en los centros de reclusión puedan conocer las propuestas de los candidatos.
Aún no se define cómo las personas privadas de la libertad podrán ejercer su voto, pues en México ya se ha implementado en otras elecciones el voto electrónico y voto anticipado.
El consejero adelanta que la modalidad de voto anticipado para personas privadas de la libertad es la que se ha usado en las pruebas piloto realizadas en penales durante 2021 para la elección de diputados y diputadas federales, así como el voto ejercido en 2022 para la gubernatura de Hidalgo y en 2023 para las gubernaturas de Estado de México y Coahuila.
“En 2021, 2022 y 2023 el voto anticipado se ha dado casi una semana antes de la jornada electoral, similar al voto de mexicanos en el extranjero donde se les entrega a las personas un sobre con una boleta electoral para ejercer su voto”, detalla.
No obstante, el primer paso es que las personas en prisión preventiva conozcan y se apropien de su derecho a votar.
“Que reconozcan sus derechos político-electorales para que sepan qué figuras se han de elegir para 2024 para que tengan confianza en el sentido de que su voto es secreto y pueden hacerlo de forma libre”, sostiene Valle Monroy.
Asimismo, el IECM deberá incluir en su solicitud de presupuesto para 2024 los recursos suficientes para organizar las elecciones de 2024 en la ciudad e incluir a las personas privadas de la libertad por primera vez en este ejercicio ciudadano.
Frente a los retos que supondrá, Valle Monroy destaca la importancia de este paso a favor de garantizar el derecho al voto para todos los ciudadanos y la propia reintegración a la sociedad de las personas en prisión preventiva.
“Es una obligación de las autoridades electorales que el voto sea universal y de esta manera poder materializar los derechos político-electorales de las personas en prisión preventiva es un paso muy importante hacia la meta de que todas las personas con derecho al voto lo puedan ejercer.
“Es una población vulnerable la que está en los reclusorios, una población invisibilidad y hay que buscar reintegrarles a la sociedad. Un aspecto muy importante de la reinserción social es que esas personas mantengan su arraigo con sus comunidades”, afirma.
