La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) prevé ratificar la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) en el sentido de que los partidos políticos no pueden integrar un fideicomiso con remanentes para gastos de campaña.
El magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón solicitó la publicación del proyecto de resolución que será analizado en una próxima sesión.
Y es que el 25 de octubre de 2022, Movimiento Ciudadano (MC) consultó a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE para saber, entre otros aspectos, si a partir de los ahorros de los ejercicios ordinarios de 2022 y 2023 puede formar un fideicomiso, con el fin de generar una reserva que pueda ser utilizada durante las etapas de precamapaña y campaña en 2024.
El 10 de noviembre de 2022, la UTF le respondió en forma negativa a lo solicitado en la consulta.
Ante ello, MC apeló ante la Sala Superior, quien en el SUP-RAP-327/2022 revocó el oficio de la UTF y determinó que la autoridad competente para pronunciarse respecto de la consulta era el Consejo General del INE.
El pasado 25 de enero, el Consejo General del INE corroboró que la creación del referido fideicomiso se encontraba fuera de la normatividad, razón por la que MC impugnó ante la Sala Superior.
El proyecto de Reyes Rodríguez rechaza los planteamientos de Movimiento Ciudadano en el sentido de que el INE carece de la debida fundamentación y motivación, porque no analizó, interpretó ni fijó un criterio general y obligatorio para todos los partidos políticos.
Por tal razón, plantea confirmar el acuerdo del INE, dado que contrario a lo alegado por el partido naranja, considera que el INE sí analizó su planteamiento y la conclusión a la que arribó rige en general para cualquier partido político, mas no así de manera exclusiva para Movimiento Ciudadano.
Además, estima que la determinación impugnada no es incongruente, pues se advierte con claridad que el Consejo General señaló que el fideicomiso en los términos planteados por MC se encontraba fuera de la normatividad electoral, porque no existía una regla en específico que permitiera su ejercicio.
“Se confirma la respuesta impugnada, porque las supuestas violaciones legales, formales y de fondo, son inexistentes. Adicionalmente, se comparte con la autoridad responsable la conclusión de que los recursos del gasto ordinario no deben ser ahorrados para ser usados en campaña atendiendo al modelo constitucional y legal de financiamiento, además, los fideicomisos que la normativa en materia de fiscalización se autoriza para los partidos políticos no tienen la finalidad pretendida por el partido”, refiere el proyecto de 33 páginas.
