Expertos nacionales e internacionales delinearon siete elementos básicos que deberá garantizar la próxima Reforma Electoral mexicana, sobre la que existe preocupación, pues se ha adelantado que sus ejes serán la austeridad y la simplificación.
En su documento establecieron como mínimos la prevalencia de financiamiento público a los partidos, la permanencia de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y del régimen de representación proporcional, entre otros.
En el reporte, elaborado por Rule of Law Lab de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York en colaboración con la Barra Mexicana, Colegio de Abogados asociación civil; el Colegio de Abogados, Laboratorio Electoral, y la Fundación Konrad Adenauer capítulo México, analizaron las propuestas que el sexenio pasado, como ahora, impulsó Morena.
Bajo la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador se impulsaron propuestas presentadas como ''Plan A” y el “Plan B”, que al final no prosperaron.
“Bajo argumentos de austeridad administrativa plantearon una simplificación orgánica que, conforme al criterio de especialistas y organismos internacionales, habría comprometido la operatividad del árbitro electoral y desmantelado controles democráticos esenciales”, establece el documento.
Por tanto, ante el anuncio de una nueva Reforma Electoral, se propusieron siete puntos imprescindibles que deberían cumplirse.
El primero es evitar cualquier cambio que pudiera debilitar o desmantelar las garantías que hoy ya existen respecto al sufragio y la organización electoral.
El segundo es la necesidad de que se mantenga el sistema electoral mixto, es decir con representación de mayoría y de representación proporcional (es decir los legisladores plurinominales) como posibilidad de que también tengan acceso al Congreso las minorías.
En esta propuesta se incluye que haya “límites constitucionales a la sobrerrepresentación” para evitar que una sola fuerza política acapare las posiciones legislativas.
Además se sugirió garantizar la prevalencia del financiamiento público a los partidos sobre el privado, lo que evitaría dos cosas, la “captura de las elecciones”, y por otro lado, asegurar la equidad en la contienda.
Respecto a la organización de los procesos electorales, la cuarta propuesta consiste en mantener el “régimen de neutralidad gubernamental e imparcialidad en las elecciones”.
Eso implicaría preservar las prohibiciones constitucionales establecidas en el Artículo 134, en las que se prohíbe el uso de recursos públicos en campañas o en el apoyo a partidos; durante las elecciones se limita la propaganda gubernamental y además está restringida la promoción personalizada de servidores públicos.
También se plantea que para las autoridades electorales, en México debe hacer prevalecer la independencia técnica y el servicio civil de carrera, lo que les dejaría libres de la interferencia política.
Para ello se plantea que debe protegerse la integridad de los nombramientos de sus integrantes, “asegurando la suficiencia presupuestaria y manteniendo la estabilidad del Servicio Profesional Electoral Nacional”.
Sobre la organización de las autoridades electorales, la sexta propuesta incluye que se fortaleza el federalismo electoral y la infraestructura local, es decir, mantener a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) “como entidades indispensables para la organización de las elecciones en los estados”.
Por último se sugiere no retroceder, sino seguir los avances que ya ha tenido México para posibilitar el voto de todos los mexicanos. Por ejemplo, hasta ahora se han ampliado las posibilidades del voto en el extranjero, el voto anticipado, el voto en prisión preventiva y el voto electrónico.
Ahora debe asegurarse “la expansión progresiva de modalidades de sufragio” y por ello no deben quitarse mecanismos que ya se aplican; “las reformas deben centrarse exclusivamente en eliminar obstáculos técnicos para votar”.
En el documento se expone que hay atención especial por la reforma que podría prosperar, pues de nuevo es el gobierno federal y Morena el partido impulsor.
“La propuesta del gobierno de introducir una nueva reforma electoral plantea serias preocupaciones de que dicha iniciativa también pueda socavar la integridad de las elecciones y la democracia en México”, tal como estaban orientadas las propuestas del “Plan A” y el “Plan B” de López Obrador.
Por tanto se recuerda que México es Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y en su Constitución se establece el cumplimiento de las obligaciones derivadas del derecho internacional, por lo que el país está obligado a no avanzar hacia atrás en materia democrática.
Así, al reformar la Constitución “México está obligado a cumplir, en virtud del derecho internacional”, con un piso mínimo de características, se indica.
Entre ellas que no haya regresividad en los cambios electorales; asegurar que el sistema electoral sea efectivo, que preserve la democracia representativa, el pluralismo, garantice la libertad del voto, que el gobierno sea neutral durante los comicios y las autoridades electorales sean independientes y técnicamente competentes.
