El Senado avaló por unanimidad la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de extorsión, en el que incrementaron las penas por dicho delito hasta por 42 años de prisión.
Lo senadores realizaron casi 20 modificaciones a la minuta que les envió la Cámara de Diputados, en las cuales se incrementaron las penas al delito de extorsión en sus diversas modalidades, pues al día hay hasta 29 víctimas por este delito.
En esta legislación se establece que la extorsión será sancionada con 15 a 25 años de prisión y una multa de hasta 500 días de Unidades de Medida y Actualización (UMA), que actualmente equivale a más de 56 mil pesos. Ello cuando la Cámara de Diputados había establecido una sanción de hasta 15 años de cárcel.
Este delito tendrá tres tipos de agravantes. Una será cuando la extorsión se cometa en contra de quien realice actividades comerciales, empresariales, industriales, agrícolas, ganaderas y de servicios privados, así como cuando se le imponga a la víctima el precio de los productos que comercializa o se le exija realizar depósitos o transferencias bancarias. Para este tendrá una pena de hasta 33 años de prisión.
Otra agravante es cuando se cometa la extorsión contra migrantes, menores de 18 años que estén embarazadas o mayores de 60 años y cuando quien comete el delito utilice información privada de la víctima. La sanción llega hasta los 37 años de cárcel.
El tercer agravante es el que alcanza mayores años de prisión, pues llegan a los 42 años. En este caso entra la extorsión cuando sea cometida con violencia física o uso de armas de fuego o se emplee los llamados montachoques, que es cuando se simula un accidente de tránsito para exigir un cobro por el daño.
También se incluye en esta penalidad cuando se use la extorsión para impedir que la víctima denuncie o se cometa por un servidor público de cualquier nivel del gobierno o se realice desde un centro penitenciario.
En la propuesta también se plantea que la extorsión se investigará y perseguirá de manera oficiosa, para facilitar la acción de la justicia y reducir la exposición de quienes denuncian.
Se establece que cuando el delito se cometa desde centros penitenciarios, se impondrá a las personas que cometan del delito medidas, como la restricción de desplazamiento al interior del centro, la prohibición temporal del uso de aparatos electrónicos públicos o el aislamiento temporal.
Además, se creará el Centro de Atención a denuncias por el delito de extorsión, que dependerá de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Este diseñará e implementará programas que fomenten la cultura de la participación ciudadana en la denuncia y prevención, propondrá las políticas, los lineamientos y programas para mejorar la vinculación y participación de la sociedad para prevenir el delito.
En los artículos transitorios se dan 180 días naturales a partir de la entrada en vigor de este decreto para que las legislaturas de los estados hagan las reformas para armonizarlas con este decreto.
También se da 180 días hábiles a los centros penitenciarios para inhibir la entrada y salida de llamadas telefónicas desde celulares, de radiocomunicación , de transmisión de voz, datos o imagen para evitar la extorsión.
Aunque el dictamen paso por unanimidad, los senadores del PRI y del PAN cuestionaron la propuesta.
La senadora Carolina Viggiano reconoció la estrategia de seguridad de Morena, pero sostuvo que el incremento de extorsión se debe a una “debilidad” institucionalidad que se debe resolver, consideró, con presupuesto y fortalecimiento de policías y voluntad política de los gobernadores.
Además, rechazó el centralismo y defendió el federalismo, pues dijo que cada estado debe poner la penalidad en cada delito, y debatió el incremento de sanciones, pues dijo que Michoacán y Morelos tienen 15 años de prisión como pena mínima en este delito y estas entidades no han resuelto este problema.
“Así la discusión sobre el aumento desproporcionado de las penas, que es inconstitucional. Tiene varias entidades como mínimo 15 años de prisión y otros solamente 3 años”, señaló.
En tanto, la panista Guadalupe Murguía comentó que el incremento de las penas se debe para evitar que delincuentes salgan de prisión en Michoacán, Baja California, Chihuahua, Nayarit y Morelos, ya que sus penas serían menores a lo que establecía originalmente la propuesta.
Asimismo, cuestionó que desde esta reforma se establezca que no se incrementarán los recursos para la aplicación de esta legislación, y dijo que si no se garantizan dinero suficiente para la persecución del delito, esto quedará en un "catálogo de buenas intenciones".
