Agricultores rechazan reformas a Ley de Aguas de Sheinbaum; van por cambios

El pasado 9 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mandó a la Cámara de Diputados su propuesta para expedir una Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales.

De acuerdo con la mandataria, el objetivo es garantizar el derecho humano al agua, asegurar su disponibilidad y definir las reglas sobre el uso de ese recurso en los procesos productivos además de ordenar las concesiones.

“Es poner orden y dejar de ver al agua como una mercancía cuando es un recurso escaso en la mayoría del país y que sea realmente el Estado quien rija las concesiones de agua y que no haya transmisión entre particulares”, adelantó la presidenta.

Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua, ha explicado que con la nueva ley se tarta de poner orden a los títulos de agua, que el Estado tenga un mayor control de ellas, así como endurecer las sanciones a quienes incurran en malas prácticas, como la venta de concesiones.

Campesinos ven propuesta "regresiva"

Para Baltazar Valdez Armentia, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum afecta los derechos de los agricultores bajo el argumento de que existe corrupción al otorgar concesiones.

“La ley es regresiva, en vez de incrementar derechos de parte de los usuarios del agua, en este caso, retrocede y sanciona sobre el pretexto de que hay demasiada corrupción en el manejo del agua.

El gobierno federal ha explicado que a través de modificaciones a las ley llevadas acabo en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se permitió que entre privados se pudieran transmitir los derechos de agua, lo que ha generado un "mercado negro" luego de que un particular que no paga nada por el aprovechamiento, puede vender su concesión.

La preocupación de Valdez Armentia es porque, asegura, que las tierras pierden valor cuando estas no tienen permisos para usar el agua.

La propuesta de reformas al artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales establece que los derechos amparados en las concesiones de agua y asignaciones, no serán objeto de trasmisión. Además, dentro de propuesta de ley se elimina el artículo 23 Bis en el que se establece que cuando el titular de una concesión pretenda proporcionar a terceros en forma provisional el uso total o parcial de las aguas concesionadas, solo podrá realizarlo con aviso previo a la Conagua.

“De acuerdo con esa iniciativa se pretende separar el derecho del agua a la tierra, suprimiendo las concesiones y dejando como única opción para mantener la posibilidad de tener acceso al agua, en el caso de los productores agrícolas, permisos temporales por un año, contra una concesión que la renovamos cada 20 años, eso le da certeza al campo y pro”, expresa el líder agrícola.

Por su parte, el dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, Eraclio Rodríguez Gómez, coincidió con Valdez Armentía, pues dijo que la propuesta de la mandataria federal es regresiva y punitiva.

“Nos hace a todos los agricultores delincuentes. Nosotros propondríamos una ley más que vaya hacia el crecimiento económico y productivo, una ley que recoja las necesidades que existen para tener una mayor captación de agua, una mejor atención a las partes altas de las cuencas hidrológicas, una ley que organice la productividad”, señala.

Trabajan para quitar retroactividad

La semana pasada diversos líderes de campesinos tuvieron una reunión con diputados federales de diferentes fracciones parlamentarias, donde acordaron que no participarán en el conversatorio a realizarse esta semana antes de arrancar la dictaminación de la reforma, pero sí en la redacción de la ley.

De acuerdo con Rodríguez Gómez, quien es exdiputado por el Partido del Trabajo, en la reunión estuvo el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar y otros legisladores Morena, PRI y PAN, donde se comprometieron a que desde este martes trabajaran en conjunto para hacer algunas modificaciones.

El exdiputado asegura que los legisladores acordaron "eliminar que no se podrá transmitir las concesiones de agua entre particulares, así como excluir que la asignación para el aprovechamiento de aguas se extinguirá a la muerte del titular".

“Con diferentes fracciones parlamentarias hubo varios acuerdos, y uno es que nos pongamos a revisar la ley y que nosotros el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano estaremos en la redacción. De entrada le quitemos la retroactividad. Ya la comisión de Diputados aceptaron modificar la ley para que los agricultores podamos heredar las concesiones y que podamos transmitir las concesiones”, sostiene.

Concesiones en "pocas manos"

Debido a que el principal punto que reclaman los campesinos es la eliminación de la transmisión de las concesiones entre particulares, la especialista en Derecho Ambiental, Erika Montes González, propone que se establezcan reglas para que los agricultores conserven los permisos.

Además, también propone de que se le dé prioridad para obtener concesiones a quienes heredan las tierras.

"Entiendo la preocupación de los campesinos y de todo este sector, porque efectivamente ellos sienten que sus terrenos están perdiendo valor; imagínate que tú quieres vender y das tu terreno sin esa concesión de agua, pues tiene menos valor", comenta la profesora en la Universidad La Salle.

No obstante, la especialista reconoce que otro de los problemas es que las concesiones para el uso del agua están "en muy pocas manos" en el país.

En el estudio de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, titulado “Los millonarios del Agua”, señala que, hasta enero de 2020, existían 966 empresas, 1,537 personas física y 801 asociaciones civiles que contaban con concesiones de agua.

Estos 3,304 tienen concesionado un volumen de 13,208 hectómetros cúbicos al año de agua, que equivale a 22.3% de toda el agua concesionada en el país.

La docente recuerda que la actual iniciativa es complemento a la hecha al artículo Cuarto, Constitucional, en el que se establece que" toda persona debe tener derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y domestico de forma suficiente, aceptable y asequible".

El transitorio de la reforma constitucional de ese año, explica, se estableció que el Congreso del Unión debía emitir en un plazo de 360 días, una Ley General de Aguas, misma que apenas se está realizando.

“Esta reforma está obedeciendo justamente a cumplir este mandato que nunca se observó, nunca se atendió. Inclusive la Suprema Corte declaró inconstitucional esta omisión legislativa, debido a que esto no sucedió”, recuerda la profesora de la Universidad La Salle.

Criminaliza a campesinos

Para la diputada por el PRI y actual presidenta de la Confederación Nacional Campesina (CNP), Leticia Barrera Maldonado, esta reforma "criminaliza" a los campesinos, pues establece sanciones con prisión hasta de 12 años a quienes cometan delitos hídricos.

En esta reforma se crea un capítulo V denominado “Delitos Hídricos”, en el que se indica que se impondrá una pena de 2 a 10 años de prisión y 404,000 días de multa a quien traslade aguas nacionales con fines de lucro y sin contar con autorización permiso expedidos por las autoridades.

También serán multados con prisión de 10 años a quienes sin autorización "altere, desvíe u obstruya los flujos de aguas nacionales", y con nueve años, a quien "modifique o altere las instalaciones o dispositivos de medición de volúmenes de aguas nacionales".

“Las (sanciones) las endurecieron muchísimo, eran sanciones administrativas, sin multas, pero no del nivel que lo están poniendo en estas en esta ley. Estoy hablando acerca de 6 millones de pesos en multas y van desde los 2 a los 12 años de prisión, porque son compañeros que incluso, por desconocimiento, van a seguir usando, ya que no saben las modificaciones que se le van a hacer a esta ley”, dijo la priista, quien señaló que además se deberá hacer cambios en el Código Penal Federal para establecer estos delitos.

La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados realizará un conservatorio del 18 al 21 de noviembre, para analizar esta iniciativa, para luego comenzar con su dictaminación.

El pasado viernes la bancada del PRI en San Lázaro llamó a evitar la aprobación “relámpago” de la Ley General del Aguas y a Cámara de Diputados y criticaron que el conversatorio se realice “vía zoom” para evitar la movilización de los sectores afectados que son agricultores, mineros y ganaderos, entre otros.

Este martes, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, señaló que después de las audiencias públicas, la iniciativa de Aguas se discutirán y votará en el pleno de San Lázaro, entre el 4 y 6 de diciembre para posteriormente mandarla al Senado como cámara revisora.

“Cuatro días va a haber audiencia pública: martes, miércoles, jueves y viernes. Solo hoy (martes) tenemos 453 participaciones, solo hoy, de grupos colectivos, personas morales, empresas mineras, grupos de usuarios, ejidatarios, de pequeños propietarios, 453, un solo día”, dijo.