Pese a la trascendencia de la regulación, se decidió que serán foros “regionales”, pero los legisladores no acudirán a ninguna entidad: serán vía zoom, y quienes participen tendrán unos minutos para exponer su propuesta, sin debate.
El pasado 9 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo remitió a la Cámara de Diputados su iniciativa para expedir una Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales.
De acuerdo con la mandataria, el objetivo es garantizar el derecho humano al agua, asegurar su disponibilidad y definir las reglas sobre el uso de ese recurso en los procesos productivos además de ordenar las concesiones.
Sin embargo, el coordinador de los legisladores del PRI, Rubén Moreira, acusó “buscan una legislación relámpago”, sin escuchar a los sectores involucrados: agricultores, mineros, ganaderos, por lo que llamó a estos a escribir y contactar con su diputado para exigir se frenen las propuestas.
Para él el objetivo de la mayoría de Morena con la nueva ley es el control y el castigo.
La iniciativa contiene “leyes punitivas. Tratan de castigar a los campesinos y a los productores. Aquí se escuchó la parte agroalimentaria y se escuchó también a la parte minera'', dijo.
“Y es fácil ver que Morena quiere controlar a la población mexicana a través del agua”, dijo en el marco de los foros que el PRI arrancó para llevar el debate sobre la nueva legislación propuesta a diversas regiones del país.
Los foros del tricolor comenzaron en Chihuahua pero se realizarán también en Campeche, Ciudad de México y otras entidades para que se conozca la problemática porque, aseguró Moreira, Morena no ha valorado “los problemas que pueden surgir con una votación irreflexiva de esta legislación''.
“Los campesinos se pueden quedar sin su patrimonio y no van a poder generar. Segundo tema. La cerrazón de Morena de sacarlo de manera muy rápida, relámpago, sin escuchar a los productores. Y la tercera, que son leyes punitivas”.
En todo el país hay realidades muy distintas por lo que no se debería legislar desde el centro del país y al vapor, explicó.
El diputado Alejandro Domínguez denunció que la Comisión de Asuntos Hidráulicos, que dictaminará la iniciativa, acordó realizar foros exprés y se convocarían en el micrositio de la Cámara de Diputados y con fecha límite para registrarse pero decidieron no dar difusión.
Hasta este viernes 14 de noviembre, no existe ese banner ni información en el portal legislativo; tampoco comunicación de la Comisión ni publicación en Gaceta Parlamentaria, aunque vía whatsapp circuló una liga para el registro, que cerró hoy mismo.
Domínguez explicó que entre las afectaciones está la “criminalización del uso del agua” y pérdida de patrimonio pues se prohíbe que se transmitan los derechos cuando fallece una persona.
“Quienes tienen su predio no pueden heredar sus derechos de agua, no pueden transmitir su derecho (…) habrá revisión bianual de los volúmenes y si el volumen, por ejemplo, un año consumiste 20% y no consumiste tu 100% te pueden bajar la concesión a ese 20%”, dijo.
El diputado Antonio Meléndez reafirmó que su partido no respaldará ninguna iniciativa que afecte a productores, usuarios o comunidades rurales.
El gobierno ya ha desaparecido a 14 programas que ayudaban al campo como el Fondo Minero, el Fondo Metropolitano y los apoyos para tecnificación de riego por lo que los estados ya no tienen herramientas para enfrentar la crisis hídrica.
