Cambios estructurales
La iniciativa también a incorpora el fentanilo y otras drogas sintéticas no autorizadas dentro del catálogo de sustancias cuya producción, distribución y enajenación serán sancionadas por la Ley General de Salud, reforzando la capacidad de las autoridades para prevenir su circulación.
También establece disposiciones a las contrataciones consolidadas de medicamentos, equipo médico de alta tecnología e insumos para la salud e incorpora disposiciones que permitan la implementación de acciones orientadas a contribuir con el Plan México.
En el documento se indica también que se buscan fortalecer la atribuciones de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Satinarios (Cofepris) para actuar de manera más ágil, simplificar procesos regulatorios y acelerar trámites.
Incluye también un componente normativo para programas de prevención y campañas de educación dirigidas a niñas, niños y adolescentes, así como mecanismos de vigilancia para limitar la exposición a publicidad que incentive el uso de vapeadores.
Según se apunta en el documento se busca armonizar y modificar artículos de la Ley General de Salud para eliminar ambigüedades que al día de hoy permiten la comercialización de estos productos. También prevé derogar o revisar disposiciones que entren en conflicto con la prohibición propuesta.
Para hacer efectiva la prohibición, la iniciativa contempla mecanismos que faculten a autoridades sanitarias, aduaneras y de seguridad para inspeccionar, confiscar y destruir lotes de estos dispositivos en pasos fronterizos y puntos de venta, además de procedimientos administrativos acelerados para sancionar infractores.
Además, para fortalecer la atención de la salud pública, se incorporan la salud digital y la planeación en materia de infraestructura en salud.
También elimina los porcentajes de distribución del Fondo de Salud para el Bienestar a fin de permitir que el Comité Técnico del Fideicomiso pueda, de manera colegiada, determinar la proporción en que se distribuirán lo recursos.
Finalmente, establece conceptos dentro de la ley que buscan permitir contar con un maro normativo de mayor solidez a las acciones que la Secretaría de Salud realiza en materias como el control de plaguicidas y la vigilancia sanitaria por medios electrónicos.
