Las reformas en materia de amparo impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum son regresivas, afectan la defensa de los derechos de los ciudadanos y limitan esa figura legal, aseguran legisladores de oposición.
El 15 de septiembre, la mandataria envió al Senado reformas a la Ley de Amparo -reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución-, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Para el panista Raymundo Bolaños, la iniciativa de reforma, para la cual se abrirá solo un conversatorio -y no parlamento abierto- elimina "muchos" derechos en vez de robustecer las posibilidades de la autoridad.
"Los acorta (derechos ciudadanos), destruye instituciones del amparo que son fundamentales para que prevalezca como tal un Estado de Derecho y para que se eviten abusos y autoritarismo”, sostiene.
El senador e integrante de la Comisión de Estudios Legislativos Primera –donde se discutirán estas leyes- advierte que esta reforma también elimina los efectos generales de los amparos, por ejemplo, cuando se trata de leyes.
En entrevista con Expansión Política, explica que, de prosperar la propuesta del Ejecutivo, una sola suspensión de amparo ya no tendría efectos generales para evitar que actos de autoridad afecten a la comunidad.
“Como (sí sucedió con) la reforma eléctrica. En aquel momento hubo una serie de amparos, pero la procedencia de la suspensión de uno solo de ellos evitó que esos efectos de la reforma se difundiera entre demás ciudadanía”, observa.
El panista alerta que, con la reforma, además se obligaría a que cada ciudadano interponga un amparo de forma individual, lo que también elevaría el costo de la justicia y retrasaría la resolución de casos.
“Desafortunadamente no toda la gente tiene acceso a un medio de control constitucional como es el juicio de amparo, y si se ponen trabas, y se obstaculiza el acceso a la justicia de la gente, necesariamente hay una merma de derechos”, recalca.
Otro cambio que, según el legislador, afectaría a los ciudadanos es la eliminación de medios defensa para combatir las resoluciones del Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Según la propuesta, los contribuyentes ya no podrán obtener suspensiones de manera automática frente a créditos fiscales ni en casos de cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera.
“Eso por supuesto que traba la justicia, que deja en estado de indefensión a muchas empresas, a muchos contribuyentes y no necesariamente son las grandes empresas, porque las grandes empresas tienen con qué sostenerse a partir de una determinación de ese tipo. Las medianas y las chicas no lo tiene y eso va a llevar a la quiebra de muchas empresas”, anticipa.
El legislador cuestiona que la iniciativa también abre la puerta al posible incumplimiento de sentencias de amparo por parte de autoridades.
Ello, porque la propuesta menciona que “no habrá responsabilidad penal (...) cuando la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento acredite que el incumplimiento derivó de una imposibilidad jurídica o material”.
“¿Qué quiere decir esto? Que si ganamos tú o yo una suspensión en amparo o un amparo en su totalidad directo o indirecto, la autoridad podría decir: 'materialmente no estoy en posibilidades de cumplir tu sentencia o jurídicamente no estoy en posibilidades de cumplir la sentencia', y eso va a provocar que el ciudadano no acceda a la justicia porque la autoridad dice no poder”, enfatiza.
El senador del PRI, Pablo Angulo, recuerda que el amparo surgió para que los ciudadanos se protejan contra decisiones unilaterales de los gobiernos. Sin embargo, alerta, con esta iniciativa presidencial en lugar de fortalecer el derecho legítimo que tienen, lo restringen.
Incluso, dice, si trata de comunidades indígenas que buscan proteger su patrimonio, el medio ambiente o sus comunidades.
“Es alarmante sin lugar a dudas y todo indica que van hacia la evolución de un sistema autoritario donde el ciudadano no se pueda defender, donde no haya instancias para defenderse y donde la Suprema Corte de Justicia no pueda resolver estas controversias constitucionales”, sostiene.
La presidenta también propone modificar el concepto de interés legítimo e integrarlo al artículo 5 de la Ley de Amparo, Reglamentaría de los artículos 103 y 107 de la Constitución.
“El interés legítimo es donde se reconoce que aunque no seas tú directamente afectado de una decisión, pero al formar parte de, por ejemplo, una comunidad, un grupo colectivo, está dañando esta decisión”, comenta Angulo.
En la Ley de Amparo el interés legítimo quedaría de la siguiente manera:
"Tratándose del interés legítimo, la norma, acto u omisión reclamados deberá ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica real, actual y diferenciada del resto de las personas, de tal forma que su anulación produzca un beneficio cierto, directo y no meramente hipotético o eventual en caso de que se otorgue el amparo".
En medio de críticas de la oposición, el grupo parlamentario de Morena en el Senado defiende la iniciativa presidencial y asegura que los cuestionamientos a la propuesta son solo parte de una narrativa en contra de la llamada 4T..
“Es una narrativa de la oposición como es su estilo siempre, de generar malos comentarios. Lo vivimos en la reforma al Poder Judicial, en la reforma a la Guardia Nacional y a Seguridad Pública y hoy que viene una reforma a la Ley de Amparo también crean esas falsas narrativas”, asegura el senador morenista, Saúl Monreal.
El legislador rechaza -como sostiene la oposición- que habrá retroceso, que es autoritaria y que no se protegerán los derechos de los ciudadanos.
“Se está cuidando el interés legítimo, el interés está intacto, no se tocará ningún tema. Vienen varias iniciativas nuevas de actualización, como los amparos se presentarán en línea. Antes se tenía que presentar por escrito y físicamente, pero hemos sondeado por los abogados que se batalla con eso”, argumenta.
Entre los cambios propuestos, destaca Monreal, está el establecimiento de reglas para incorporar el juicio de amparo digital, el uso de la firma electrónica y la integración de expedientes digitales.
Ejes de la iniciativa, según el gobierno:
-Se establecen elementos, contenido y alcance para efectos de la procedencia del juicio de amparo conforme los criterios de la Corte.
-Abona a una justicia pronta al incorporar el desarrollo de un juicio de amparo "verdaderamente digital", con validez legal y operatividad práctica.
-Establece que las personas juzgadoras digan con claridad quién debe cumplir una sentencia.
-Establece reglas claras para la procedencia de la suspensión provisional y definitiva en materia de congelamiento de cuentas.
-Permitirá a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) requerir, obtener y diseminar información financiera para la prevención y detección.
El morenista defiende que las modificaciones sobre el "interés legítimo" se deben a que jueces se han excedido al usar prácticas dilatorias a través del amparo.
“Se va especificar en qué consiste el interés legítimo. Lo hicieron antes como norma, como una doctrina, donde los jueces a través de la Corte, en jurispruedencia, ahora van a estar en la ley. Por eso es un tema que se debe analizar”, reconoce.
Se prevé que la iniciativa esta reforma sea analizada y votada a más tardar la primera semana de octubre.
