Los órganos que componen al nuevo PJ son la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para la que se solicitan 5,869 millones de pesos; el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), cuyo gasto sería de 1,856 millones de pesos; el Órgano de Administración Judicial (OAJ), que solicita 74,224 millones de pesos y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 4,009 millones de pesos.
Los cuatro suman una propuesta presupuestal de 85,960 millones de pesos, mientras que en este año el Poder Judicial en su conjunto ejerce 70,983, es decir, 14,477 pesos menos, en términos nominales.
"(Incluye) las previsiones necesarias para enfrentar con responsabilidad los retos institucionales y operativos derivados del nuevo diseño organizacional, asegurando que los órganos del PJF cuenten con la infraestructura física, tecnológica y los insumos necesarios para la atención, resolución y trámite de los asuntos jurisdiccionales”, indica el documento.
Además, se contempla el pago de las remuneraciones, prestaciones y derechos laborales previstos en la Constitución y su régimen transitorio, es decir, el que establece el pago de liquidaciones a juzgadores que por motivo de la reforma salieron del Poder Judicial o bien están en el retiro o pensionados.
De acuerdo con la Estrategia Programática del Proyecto de Presupuesto 2026 para el Ramo 03 Poder Judicial, donde se expone la justificación del gasto, el monto propuesto por la Corte fue aprobado por el pleno anterior –incluidas las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel– pero el gasto a la alza a ejercer por el resto de los órganos del Poder Judicial recibió el aval de quienes ahora vigilan la ética y el cumplimiento de las normas del “nuevo” poder.
El proyecto de presupuesto 2026 de la Corte fue aprobado por el pleno el pasado 12 de agosto y plantea 5,869 millones de pesos, a diferencia de los 5,208 millones que le fueron aprobados en el actual ejercicio fiscal.
La diferencia son 661 millones de pesos, 12.7% más en términos nominales, aunque en términos reales es un incremento de 8.1%.
Esa propuesta de gasto fue avalada por los anteriores integrantes del Corte, incluidas las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel; solo votó en contra la ministra Lenia Batres. Las tres eran integrantes del pleno pasado y repiten en el cargo tras resultar electas en urnas.
De aprobarse disparará el costo del nuevo PJF será el Presupuesto 2026 para el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, ambos de nueva creación, aunque asumirán tareas que tenía el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Se propone que esos dos nuevos órganos cuenten en conjunto con 76,080 millones de pesos. Su antecesor, el Consejo de la Judicatura, ejerció este año 62,025 millones de pesos, es decir, 14,055 millones de pesos menos en términos nominales.
El proyecto de gasto de ambas instancias fue aprobado por el CJF, que presidía Norma Piña en su calidad de ministra presidenta, pero ella votó en contra, junto con Lilia Mónica López Benítez, ambas exconsejeras de ese órgano.
A favor de los montos y criterios de presupuestación votaron cuatro exconsejeros de la Judicatura, tres de ellos ahora integrantes del nuevo TDJ, Celia Maya García, Eva Verónica de Gyvés y Bernardo Bátiz Vázquez.
Según el documento, el voto en contra de Piña Hernández y de López Benítez fue porque las previsiones de gasto de ese nuevo Tribunal “no se encuentran debidamente justificadas”, pues se plantearon como recursos para fortalecer las labores de vigilancia pero “no se cuentó con el desglose específico de cada uno de los conceptos de gasto contemplados para tales fines”.
