La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó anomalías por un monto de 413.3 millones de pesos en el gasto federalizado ejercido por entidades y municipios en 2024.
La falta de documentación justificatoria o comprobatoria, así como obras públicas no ejecutadas o de mala calidad, son las irregularidades más graves, es decir, con los montos más altos por aclarar.
No obstante, el Informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2024 señala otros conceptos "observados" como pagos improcedentes o en exceso, bienes adquiridos no localizados y hasta pagos a beneficiarios "identificados como decesos".
La ASF entregó el lunes el primer informe de resultados referentes a 152 auditorías al ejercicio de 2024. Hay al menos 660 millones de pesos pendientes por aclarar en la Cuenta Pública, de los cuales 413 millones corresponden a estados y municipios.
“Desafortunadamente, una vez más el mayor porcentaje del monto total por aclarar corresponde a los estados de la República”, advirtió el titular de la ASF, David Colmenares.
En el caso del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), que es el único del Ramo General 33 destinado para la asistencia social en las entidades, hay 321.7 millones de pesos por aclarar.
Por esta presunta anomalía, la ASF realizó 39 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, ya que se habría afectado el cumplimiento de los objetivos del FAM, que busca apoyar acciones de asistencia en materia alimentaria para personas en desamparo o en rehabilitación, así como obras de infraestructura física en planteles educativos.
Del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), cuyo objetivo es apoyar la prestación de servicios de calidad en educación tecnológica y educación para adulto, hay 86.5 millones de pesos por aclarar.
En el caso de la distribución de participaciones federales se emitieron 11 recomendaciones y están pendientes por recuperar o aclarar 5.1 millones de pesos.
Según la Fiscalización de la Cuenta Pública 2024, se reintegraron a la Tesorería de la Federación 98.4 millones de pesos como resultado de las revisiones de la ASF al gasto federalizado.
Si se compara la misma etapa de primera entrega de resultados de las auditorías aplicadas a las Cuentas Públicas 2023 y 2024, se aprecia que los montos por aclarar se incrementaron, sobre todo en el manejo del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), que en el primer caso fue de cero pesos, en esa etapa de revisión, y ahora supera los 321.7 millones de pesos.
De los 413.3 millones de pesos pendientes por aclarar, el 98.8% fueron determinados en las auditorías realizadas al gasto federalizado programable, es decir, el que se ejerce a través de fondos para programas y proyectos específicos de educación, salud, infraestructura, y el 1.2% restante en las revisiones de la distribución de las participaciones federales.
Por entidad federativa, el mayor importe por aclarar, por un monto de 83.4 millones de pesos, correspondió al estado de Jalisco, entidad que concentró el 20.2% del total de monto pendiente de justificación y por ello se emitieron a ese gobierno tres Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionadora (PRAS).
De acuerdo con la revisión, en el ejercicio de recursos del FAM se presume un probable daño o perjuicio al erario por 78 millones de pesos más intereses financieros, por no registrar las erogaciones y carecer de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto derivado de las transferencias realizadas a 123 Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia Municipales.
Otro posible daño al erario se cuantificó en más de dos millones de pesos más intereses, pues se entregaron apoyos a 841 beneficiarios de los programas alimentación escolar, alimentación a grupos prioritarios y atención a grupos prioritarios “identificados como decesos”.
Además, se entregaron apoyos a 103 beneficiarios del programa de Alimentación Escolar “que se identificaron fuera del rango de edad", según el decreto por el que se creó el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales.
Respecto al FAETA, la Auditoría halló posible daño al erario por 1.2 millones de pesos más rendimientos, por pagos a cinco trabajadores del Instituto Estatal para la Educación de Personas Jóvenes y Adultas de Jalisco, sin acreditar la preparación académica requerida.
Por ese caso de pagos a personal en Jalisco, la ASF emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionadora con el fin de investigar las irregularidades de las personas servidoras públicas que, en su gestión, hicieron inscripciones a los padrones de beneficiarios con mala calidad de información.
El estado de Veracruz tiene 70.3 millones de pesos por reintegrar o aclarar (el 17.0%), por lo que la ASF emitió cinco PRAS, y Oaxaca 67.8 millones de pesos (el 16.4%), que sólo ameritaron un pliego de observación.
En la revisión de lo ejercido para programas específicos, la ASF también detectó irregularidades en Morelos. Esta entidad tiene 30.9 millones de pesos por aclarar derivado del ejercicio del FAM y seis millones adicionales por la aplicación del FAETA.
Se emitieron al gobierno de Morelos 17 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionadora (PRAS), dos Promociones del Ejercicio de Comprobación Fiscal (PECF) y tres recomendaciones.
De acuerdo con la ASF, el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos ejerció mediante compra de cheques de caja –y no vía transferencia, como debió hacerlo- 37.9 millones de pesos y, tras la revisión solo acreditó el ejercicio de 7.9 millones, de ahí que se presume presunto daño al erario por 30 millones de pesos recibidos como parte del FAM.
Otra observación a este gobierno obedece a un presunto daño a la hacienda pública por 833 mil pesos más intereses financieros, “por no reintegrar los recursos del fondo y los rendimientos financieros no comprometidos y no pagados, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios”.
La ASF también encontró que al menos 39,475 pesos fueron pagados a 14 beneficiarios de la Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EIASADC) "identificados como decesos".
En el caso de Tabasco se emitieron 13 PRAS, nueve de ellas por presuntas anomalías por 4.1 millones de pesos en la aplicación del FAM, y cuatro más tras identificar 1.9 millones de pesos pendientes de aclarar del FAETA.
En esta entidad la revisión arrojó probable daño o perjuicio a la hacienda pública por 1.6 millones de pesos más intereses, por entregar apoyos a 66 beneficiarios, también identificados como decesos, de los programas Alimentación Escolar, Alimentación Grupos Prioritarios, Atención a Grupos Prioritarios, y Salud y Bienestar Comunitario.
Adicionalmente, la administración estatal entregó apoyos a 229 beneficiarios ubicados fuera del rango de edad en los programas de alimentación escolar, lo que incumplió las Reglas de Operación del Programa Alimentación Escolar Modalidad Caliente para el ejercicio fiscal 2024.
La ASF promovió un PRAS para investigar a servidores de Tabasco que entregaron apoyos a 1,207 beneficiarios del programa de desayunos escolares, cuya CURP registrada no se localizó en la matrícula de alumnos escolarizados de nivel básico en los ciclos escolares comprendidos en el ejercicio fiscal de 2024, y a 26 beneficiarios con errores en la Clave registrada.
Otros 2.4 millones de pesos fueron identificados como posible daño, pues el gobierno tabasqueño no entregó evidencia de la existencia de equipos de cómputo, impresoras, pantallas de 50 pulgadas y pupitres escolares, supuestamente adquiridos.
En tercer lugar nacional por número de promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria está Zacatecas, al que se dirigieron seis, aunque no hay montos pendientes por aclarar.
En este caso se detectó que presentó padrones de beneficiarios de asistencia social con deficiencias en el registro y control.
“Se identificaron 520 beneficiarios con inconsistencias en la CURP, 1,582 beneficiarios no se localizaron en la matrícula de la Secretaría de Educación Pública y 3,928 beneficiarios fuera del rango de edad”, advierte la auditoría al gasto aplicada a esta entidad.
En general, los principales conceptos de irregularidades de detectadas en las entidades federativas son: la ausencia de documentación justificatoria o comprobatoria del gasto, el pago de obras no ejecutadas o de mala calidad, el pago de remuneraciones indebidas o injustificadas, la falta de amortización de anticipos, así como pagos improcedentes o en exceso, entre otras.
La Auditoría Superior destacó que los estados de Campeche, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas no tuvieron observaciones.
