Los cambios polémicos
La militarización de la GN centró el debate, pues diputados de Morena y sus aliados defendieron el nuevo perfil dadas las necesidades de enfrentar lo que dijeron fue la crisis de inseguridad y muertes que dejaron los gobiernos del pasado.
En medio de “mañanitas” a la presidenta Claudia Sheinbaum por su cumpleaños, la diputada Elena Segura Trejo atajó: “señalar que se está militarizando la seguridad es una total falacia. El cargo, quien los va a estar dirigiendo, va a ser la propia Secretaría de Seguridad”, aunque la GN ya no estará adscrita a ella.
“Si la delincuencia se organiza, ¿por qué nosotros, las instituciones, no se deben de organizar? Y no se confundan porque no vamos a hacer el Big Brother o el sistema Pegasus, el famoso Pegasus que investigó más de mil 200 teléfonos y que nos hizo ver los hilos negros del poder en ese momento”.
“Antes se aplaudía a un (Genaro) Garcia Luna, su engendro que negociaba con el narco. Y ahora critican a la Guardia y al Ejército que enfrenta al crimen sin pactos y sin simulaciones. (…) Mientras ellos protegían al crimen, nosotros construimos la Guardia Nacional para proteger a México”, de acuerdo al petista Ricardo Mejía.
Entre las modificaciones propuestas y que quedaron en la Ley de GN que deberá ser ratificada por el Senado, están las facultades de:
“Solicitar por escrito y bajo el mando y conducción del Ministerio Público, en los términos del artículo 16 Constitucional, a los concesionarios, permisionarios, operadoras telefónicas y todas aquellas comercializadoras de servicios en materia de telecomunicaciones o de sistemas de comunicación vía satélite, la información con que cuenten, así como la georreferenciación de los equipos de comunicación móvil en tiempo real, para el cumplimiento de sus fines de prevención de los delitos”, según la fracción 26 del artículo 9 de la Ley de GN.
“Llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados para la investigación preventiva del delito; asimismo, realizar bajo el mando y conducción del Ministerio Público, la investigación que resulte de esas operaciones”, se indica en la fracción VI del mismo artículo.
En el articulo 34 se faculta a la GN realizar revisiones de documentación a personas extranjeras junto con el Instituto Nacional de Migración.
En el articulo 44 se establece que los miembros de la GN podrán desempeñar cargos de elección popular federal, estatal o municipal o ser funcionarios de alguno de los tres niveles de gobierno que estén en activo, si la presidencia o la Sedena les dan una “licencia especial”.
¿Por qué generan polémica los cambios?
Además de cuestionar que la GN generó consenso en 2019 porque sería una institución civil a cargo de la seguridad pública, perfil que ya perdió, los cuestionamientos son, además, que el país dejará de tener un cuerpo de nivel federal y civil responsable de la seguridad.
“La Guardia Nacional solo fue un nombre, solo fue un membrete para disfrazar lo que desde el principio fue una Guardia Militar. Relevante es que no se crea ni un solo cuerpo de proximidad social ni un solo cuerpo policial que atienda a lo que la Constitución llama seguridad civil. Por lo tanto, dejemos eso muy en claro, se trata de una reforma para militarizar por completo la seguridad”, declaró el coordinador de los diputados de Acción Nacional (PAN), Elías Lixa.
El coordinador de los diputados del Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, destacó que ahora con la nueva regulación no hay un programa integral de Seguridad Pública que contemple la participación de los estados y municipios ni el fortalecimiento de las policías estatales y municipales, las cuales seguirán abandonadas presupuestal y operativamente.
“Esta ley, junto a las dos leyes de Seguridad que están por discutirse en este Periodo Extraordinario, y la de Telecomunicaciones, forman parte de un bloque legal que busca restringir libertades, a fin de blindar políticamente al oficialismo y perpetuar su control sobre el Poder”, acusó.
Mientras, Ivonne Ortega, coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano, insistió en que al permitir la figura de “licencias especiales” para que los integrantes de la GN asuman cargos de elección popular se abre la puerta al regreso del ejército a la política.
“Se abre la puerta a que militares en activo sean gobernadores, alcaldes o directores de organismos descentralizados o empresas de participación estatal como PEMEX, o el ISSSTE”, alertó.
