La meta del gobierno es tener 50% menos trámites, requisitos y tiempo de atención, amén de abatir el número de gestiones a realizar por los ciudadanos. En el caso de los estados se busca que haya 300 trámites únicos y 100 en los municipios, de los cuales el 80% pueda realizarse en línea.
La propuesta presidencial fue remitida de inmediato a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.
De acuerdo al documento, hoy existen en promedio 523 trámites por entidad federativa y 144 a nivel municipal.
“A nivel nacional existen más de 350,000 trámites, un problema que afecta directamente a la población”, señala.
Además, refiere la iniciativa, una persona realiza en promedio 486 trámites en toda su vida, 85% en entidades y municipios.
“Todo esto dificulta el acceso a derechos, servicios públicos, beneficios sociales, genera incertidumbre, jurídica y espacios de discrecionalidad y corrupción”, abunda.
La vía para solucionar esa situación, recalca la propuesta, es la simplificación administrativa y que la mayor parte de las gestiones puedan realizarse en línea
Por tanto, establece que habrá una autoridad en materia de simplificación y que todos los ciudadanos podrán tener un expediente digital único, mismo que podrán emplear en cada trámite que realicen.
La Autoridad Nacional de Simplificación y Digitalización será la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDYT).
Esta generará un catálogo único de trámites y habilitará el Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios, plataforma digital que concentrará la totalidad de trámites y servicios federales, estatales y municipales.
Cada ciudadano tendrá un Expediente Digital Ciudadano, es decir, un conjunto de documentos digitales asociados a una persona, que pueden ser utilizados por cualquier sujeto obligado (gobierno o autoridad) competente para resolver trámites, servicios y demás actos jurídicos y administrativos a su cargo.
Cada ciudadano tendrá una Llave MX -similar a la que ya se usa en la CDMX- como mecanismo de autenticación e identificación en medios digitales y asociado a la CURP.
Para que la ley sea aplicable en todo el país, se contempla la creación de un Centro Nacional de Tecnología Pública, que integra un repositorio público de código –a emplear por cada ente obligado- y una Escuela de Tecnología que brindará a empleados públicos capacitación en tres áreas:
programación, telemática y nube pública.
