La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con lo que se crearán nuevas secretarías y se concretará la reorganización de 15 más.
Con las enmiendas los legisladores anticiparon la extinción de algunos organismos autónomos, pues las atribuciones que aún tienen fueron redistribuidas.
Dada la amplitud de las reformas, la discusión y votación en lo general y en lo particular se hizo en tres bloques, el primero relativo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Medio Ambiente, Secretaría de Agricultura y de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, avalada con 388 votos en pro y 53 en contra.
Además se aprobaron reformas a la Secretaría de las Mujeres por unanimidad de 431 votos.
Otro conjunto de reformas, para crear la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y el régimen transitorio, fueron aprobados con una reserva presentada por Morena para quitar los recursos a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (que se extinguirá) y dárselos a la Secretaría de las Mujeres. Esto fue aprobado con 321 votos a favor y 108 en contra.
En la discusión, la oposición expuso su apoyo a la mayoría de los cambios para que la presidenta cuente con la organización que propuso dar a su gobierno.
Pero rechazó que por la vía de esta reforma a ley secundaria se den atribuciones que constitucionalmente tocan al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) o a la nueva Secretaría Anticorrupción.
También se cuestionaron las atribuciones de la Agencia Digital para el manejo de la identidad digital, por el riesgo del manejo de datos personales.
Las reformas “apuntan a la concentración de funciones antes designadas a entidades autónomas y desconcentradas. Estamos adelantándonos a la extinción de órganos autónomos que no hemos aprobado”, acusó Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano.
“Se están sacrificando eficiencia, rendición de cuentas, calidad de políticas públicas y la participación ciudadana. La independencia es necesaria, instancias cuya misión no sea obedecer un mandato sino imaginar las mejores soluciones y apoyar el trabajo de quienes toman las decisiones. No hay argumentos para quitar facultades”, expuso.
Mariana Guadalupe Jiménez Zamora, de Acción Nacional (PAN), acusó que dar a la Secretaría Anticorrupción “la función de garantizar el acceso a la información y protección de datos personales es como pedirle al zorro que cuide el gallinero”.
“Estamos entregando las llaves de la transparencia a quienes deberían ser fiscalizados por ella. Además se le da facultades en contratación publica, fiscalización y designación de cargos estratégicos”, reclamó la panista.
Entre los cambios se establece el género indistinto a quien ocupe la presidencia para establecer “persona titular del Poder Ejecutivo Federal”.
La iniciativa propone dar atribuciones a algunas dependencias públicas, pero que hoy tienen a cargo organismos autónomos, como los de transparencia y telecomunicaciones.
Pese a la relevancia de los cambios, el dictamen a discusión no incluyó ningún impacto presupuestal.
A la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana (SSPPC) se le confieren atribuciones para controlar el sistema nacional de inteligencia y “para llevar a cabo operaciones especiales en su labor como policía complementaria”.
A la de Anticorrupción y Buen Gobierno, se le dan nuevas funciones, como la conducción de la política pública en materia de compras y contrataciones consolidadas y la determinación de los bienes arrendamientos o servicios en las contrataciones.
Además, fungirá como área consolidadora de los procedimientos de compra de bienes y contratación de servicios para realizar los actos de planeación, investigación de mercado y procedimientos de contratación.
Se le dan asimismo facultades relacionadas con la transparencia. Por ejemplo, ejercer las atribuciones que le corresponden en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
También las de “establecer las políticas bases y la normativa para la determinación de la información de interés público que, en materia de anticorrupción y buen gobierno, se debe difundir pro activamente. Promover y consolidar los principios de transparencia y acceso al información pública en los mecanismos de participación ciudadana en la ejecución y evaluación de la gestión pública”.
A la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones se le da la función de dotar de una identidad digital nacional a los mexicanos.
También se le faculta a “elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión del gobierno federal”.
Asimismo, tendrá como función hacer uso efectivo de la tecnología para el bienestar del pueblo “asegurando el acceso a programas sociales, trámites, servicios, seguridad y justicia a través de medios tecnológicos, dotando a las personas de una identidad digital nacional que sea la llave para acceder de manera ágil, transparente y segura a los canales digitales de atención ciudadana del gobierno de México”
También se le dan la tarea de lograr “la cobertura universal, social de servicios de telecomunicaciones a cargo de la ministración pública federal, así como de la conectividad en sitios públicos” . Deberá conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión del gobierno federal.
A la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se le dan facultades para producir y comercializar semillas, además de emitir Normas Oficiales Mexicanas del sector agroalimentario, además se incluye de manera clara la soberanía alimentaria como eje rector de agricultura.
En tanto, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se le dan atribuciones que tenía la de la Función Pública, como la encargada de establecer disposiciones de carácter general sobre el modelo organizacional y de operación de las unidades de administración y finanzas de las dependencias y de las entidades paraestatales.
A Hacienda además se le da la facultad de nombrar y remover a las personas titulares de las unidades de administración y finanzas o equivalentes, así como en su caso de los dos niveles jerárquicos inmediato inferiores a dichas unidades; proponer al órgano de gobierno de las entidades de la administración pública federal el nombramiento y la remoción de las personas titulares de unidades de administración y finanzas.
