Siete órganos autónomos viven sus últimos días.
Este miércoles, la Cámara de Diputados discutirá la reforma en materia de simplificación administrativa que, de acuerdo con expertos, traerá consecuencias como pérdida de contrapesos, reducción de competitividad, falta de transparencia y menoscabo de la certeza jurídica. En resumen, alertan, un retroceso de décadas.
De aprobarse la reforma, como es previsible, se extinguirán el Instituto Nacional de Transaparencia (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), entre otros.
Para el gobierno, la existencia de estos órganos autónomos representa duplicidad de tareas, gastos innecesarios y hasta "burocracia dorada", mientras que para los especialistas se trata de conquistas y derechos alcanzados por los mexicanos durante décadas.
Adrián Alcalá, comisionado presidente del INAI, advierte que la absorción de los autónomos implica retrocesos en materia de derechos, por lo que llama al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y a la mayoría en el Legislativo a explorar otro modelo que garantice el derecho a la información y protección de datos personales.
"Tengo también esperanza que la presidenta Sheinbaum y también el grupo mayoritario, dicen que el INAI desaparece, pero podemos encontrar otro modelo con características de autonomía e independencia ¿dónde firmo para sentarme a diseñar esa agencia con autonomía y con independencia? Lo que nos importa son los derechos de las mexicanas y los mexicanos", asegura en entrevista con Expansión Política.
Javier Rosiles, profesor de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán (UCEMICH), advierte que la adhesión de las tareas de los autónomos en dependencias del gobierno implicará un retroceso para el ejercicio de los derechos ciudadanos.
“Al ser parte ahora de alguna Secretaría de Estado no es que estos derechos dejen de ejercerse, pero sí se ejercerían con mayor plenitud cuando tenemos organismos autónomos. Entonces hay un retroceso cuando estas funciones se recentralizan en la figura presidencial”, indica.
Jacqueline Peschard, expresidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), coincide en que la desaparición de órganos como el de Transparencia implica un retroceso para México.
“Hacemos un llamado a que vean qué perdemos, no solamente perdemos los que hacemos uso del acceso a la información, sino toda la gente, porque toda la gente necesita saber, estamos perdiendo la posibilidad de que la ciudadanía ejerza un derecho”, explica en entrevista.
Los derechos humanos no pueden estar sujetos a intereses políticos o de partido",
Francisco Ciscomani Freaner, presidente del Consejo Consultivo del INAI para el periodo 2023-2026, subraya que los derechos, como el acceso a la información, deben ser progresivos y no tener retrocesos.
“Los derechos humanos de transparencia, acceso a la información y de privacidad son derechos humanos progresivos, es decir, estando en la Constitución y teniendo un instituto que los garantice, no podríamos ir para atrás. Tendría que haber un instituto que los administre, que los tutele”, sostiene.
Rosiles recuerda que otros autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el INE no fueron incluidos en la lista de órganos a suprimir en la reforma de la 4T porque, advierte el politólogo, se alinearon a la llamada Cuarta Transformación.
“Aquellos organismos que de alguna manera han sido capturados por el gobierno de la 4T o que, por lo menos, lucen alineados, estos no se tocan como la CNDH y el INE que pues pese a sus conflictos internos, claramente me parece que ya están en función o alineados al gobierno de la 4T”, agrega.
En el caso de la Comisión Nacional para la Mejora Continua (Mejoredu) fue una apuesta del gobierno de López Obrador, pues nació en 2019 para sustituir al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y ahora será desaparecido.
Con la extinción de los autónomos, sus funciones serán absorbidas por secretarías como Economía, Transportes y una de nueva creación: la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, que suplirá a la SFP, lo que a decir de expertos también representa un riesgo.
“La secretaria (Raquel) Buenrostro podrá decir que van a tratar de no ser juez y parte, pero pues tienen que ser juez y parte porque así está estructurada una dependencia del gobierno federal, el nombramiento de su titular depende de la presidenta. En el caso del IFAI e INAI nunca los nombramientos de los comisionados dependieron de la presidencia, entonces, lo que está en riesgo aquí es que vamos a depender de la buena fe, de la disposición de un organismo, de un órgano que es el gobierno federal para que de la información”, destaca Peschard.
"Aunque en la teoría las tareas se mantienen, es necesario que la nueva estructura administrativa garantice la autonomía de las decisiones que, por su naturaleza, deben ser técnicas e independientes de la agenda y los intereses del Poder Ejecutivo", plantea el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
"Si no tenemos quien nos garantice cómo competir, vamos a tener una oligarquía con grandes empresas, tanto en telecomunicaciones como en el mercado normal. Si no tenemos quién nos garantice el acceso a la información y la privacidad, vamos a estar en manos de gobernantes o de grandes empresas que van a utilizar nuestra información. Si no tenemos una institución autónoma de derechos humanos, vamos a estar en manos de un gobierno que tiene una visión central del poder", agrega Francisco Ciscomani.
Los órganos autónomos comenzaron a surgir en la década de los noventa del siglo pasado y fue creciendo su número ante la necesidad de contar con entes cada vez más independientes y especializados.
Banco de México (1994), Instituto Nacional Electoral (1996), Comisión Nacional de Derechos Humanos (1999), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2008), Cofece (2013), IFT (2013), INAI (2014), Coneval (2014) y Fiscalía General de la República (2018). En el caso del CNH y de la CRE, dependen del Poder Ejecutivo, aunque gozan de personalidad jurídica, autonomía técnica y autosuficiencia presupuestaria.
Dos de las principales características de estos organismos son que no están adscritos ni subordinados a otro poder y que tienen funciones coyunturales del Estado. Sin embargo, estuvieron bajo ataques desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien los señalaba de ser onerosos, duplicar funciones y de implicar un gasto innecesario para el gobierno.
Antes de proponer desaparecerlos, el expresidente López Obrador anunció reducciones a su presupuesto, pero ahora su futuro es formar parte de dependencias como la Secretaría de Energía (Sener).
Ramses Pech, analista de energía y economía de Caraiva y Asociados-León & Pech, señala que por la nueva forma que tomarán la CRE y la CNH, ya como parte de la Sener, se anticipa que tengan una función muy limitada, que será dar su opinión técnica ante un requerimiento de algún permiso por un ente del mercado.
El problema que ve el especialista es que la Sener puede negar permisos a privados que supongan una afectación al mercado de Pemex o CFE. Hasta ahora se observa que los dos órganos reguladores están cumpliendo con sus funciones, desde luego, con algunos temas por mejorar.
“Ambas instituciones nacionales han funcionado bien. Desde el punto de vista de tratar de organizar el mercado, lo único que hay que entender que el mercado de México es nuevo, inició en el 2015 tras la reforma energética (de Enrique Peña Nieto), entonces no alcanzó a madurar, solo tiene nueve años, a nivel mundial se necesita cuando menos que entre 15 y 20 años madurar con todas las regulaciones y todo lo que se necesita”, comenta Pech.
El experto dice que también hay que esperar a ver cómo funcionan en su nuevo papel la CNH y la CRE, y también de las funciones que les dejen y se determinen dentro de las leyes secundarias.
Con la eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la industria volvería a un modelo que demostró tener serias limitaciones para lograr la entrada de más competidores, mayor certeza jurídica y asegurar un piso parejo para que los mexicanos cuenten con más servicios de telecomunicaciones a un menor precio y con mayor calidad, así como con más estaciones de radio y televisión donde pudieran expresarse mayor diversidad de voces y opiniones, consideraron expertos.
Antes del IFT existió la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), que sólo tenía entre sus atribuciones opinar sobre la administración del espectro radioeléctrico, otorgamiento de concesiones y permisos, resolver los desacuerdos de interconexión, pero nunca emitir sanciones o resoluciones. Esto provocó que el sector lidiara de manera permanente con litigios y sin reglas claras del mercado de conectividad.
Fue por este motivo que en 2013, con la reforma constitucional de telecomunicaciones, se decidió crear un regulador autónomo para dotarlo de todas las facultades necesarias en materia de regulación con la finalidad de otorgar mayor certeza a la industria y al desarrollo del país en esta materia. Sumado a que debería operar bajo una óptica técnica que política.
El IFT en sus once años de operación ha logrado que la entrega de concesiones de radio, televisión aumente, disminuido los precios de los servicios de conectividad, y disminuir la concentración de mercado de América Móvil, uno de los grandes dolores de cabeza de la industria móvil y fija.
Pero de eliminarse al Instituto, las medidas regulatorias con las que opera actualmente la empresa controlada por Carlos Slim podrían quedar sin efecto, consideró Jorge Moreno Loza, abogado especializado en telecomunicaciones y líder del despacho Expanzione.
“Es arriesgado eliminar al IFT y enviar sus facultades a una dependencia que no cuente con perfiles especializados para que puedan dar continuidad a la regulación asimétrica que impera en la telefonía móvil y el internet fijo. Así como a los agentes de poder sustancial. Esto podría traducirse en poca motivación para la inversión por parte de las compañías”, opinó el especialista.
Hasta ahora se ha planteado fusionar facultades del IFT con la Cofece para derivar en una suerte de Comisión Federal de Competencia (Cofeco), un regulador que hasta 2013 estaba adscrito a la Secretaría de Economía (SE) y que fuera eliminado con la reforma constitucional de telecomunicaciones de 2013.
Y aunque el nuevo ente busca contar con un carácter independiente, para los especialistas consultados aún no queda claro si esto será así, debido a que también se ha planteado que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que busca tener un nivel de Secretaría de Estado, obtenga las facultades de políticas de telecomunicaciones y radiodifusión, hasta ahora del IFT, como parte de las modificaciones la Ley Orgánica del Gobierno Federal enviadas el pasado 1 de noviembre por la presidenta.
Esto implicaría una relación directa entre el regulador y el Estado y lo que se ha buscado con los entes autónomos es desdibujar esa cercanía y darle prioridad a las decisiones técnicas y especializadas para la emisión de regulaciones que ayuden a mejorar el mercado de las industrias.
Para Adolfo Cuevas, excomisionado del IFT, la única forma en que el nuevo ente evite conflictos de interés entre el Estado y las industrias, así como problemas en la próxima revisión del T-MEC, es dejar en claro que su funcionamiento será desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital.
