La minuta aprobada en la Cámara y que ahora deberá discutir y aprobar el Senado es parte del paquete de 20 iniciativas de reformas enviadas por el hoy expresidente Andrés Manuel López Obrador a los diputados el 5 de febrero.
Aunque los cambios recibieron el respaldo de todas las bancadas, los diputados debatieron durante seis horas y al final ninguna de las 135 reservas presentadas –compactadas en 38- fueron aceptadas.
La reforma consiste en cambios a la redacción del artículo 28 de la Constitución para incorporar la figura de “asignaciones”, adicional a las de concesiones y permisos, como posibilidad jurídica para que líneas ferroviarias puedan ser administradas mediante ese mecanismo.
Además se establece que el uso de los ferrocarriles tanto para transporte de pasajeros como de carga, es una de las áreas prioritarias para el desarrollo nacional.
¿Y los recursos?
La oposición, integrada por Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), consideró viable el objetivo de alentar la transportación de personas en trenes, y que no sirvan estos primordialmente para traslado de carga.
Pero alertaron que el Estado no podrá solo, sin participación de la iniciativa privada.
La emecista Patricia Mercado destacó los beneficios medioambientales del transporte ferroviario, pero dijo que se debe dejar abierta la posibilidad a que participe la iniciativa privada mediante concesiones a particulares, “pues sabemos que nadie puede solo en ningún campo del desarrollo regional”.
El líder de la bancada del PRI, Rubén Moreira, incluso propuso un artículo tercero transitorio que indique que “los particulares que cuenten con concesiones para prestar el servicio de transporte ferroviario de carga, están obligados a prestar el servicio de transporte ferroviario de pasajeros dando prioridad a las poblaciones que habitan en comunidades aisladas que no cuenten con otro medio de transporte público''.
“La ley de la materia establecerá los términos y condiciones que prevean en el título de concesión, el número de vagones o trenes que como mínimo las empresas destinarán para el transporte de pasajeros así como sus destinos”, planteó, pero sin éxito, pese a que insistió en que ni en la iniciativa, ni en los posicionamientos de Morena y sus aliados, nadie tocó el tema de los recursos, sin los cuales no habrá infraestructura ferroviaria.
La panista Margarita Zavala destacó que algo positivo de la reforma es que “delimita la operación de los ferrocarriles del dueño de las vías, se va a parecer al modelo de España para no permitir los abusos que desde luego había”.
Sin embargo indicó que existen dos riesgos: “de que no sea competitiva porque el Estado, creen ustedes, les da derecho a Morena el derecho de sentirse dueño de todo”, por lo que dijo que su bancada estará pendiente de las leyes secundarias.
La otra alerta es que el Estado reparta o quite concesiones “como quita editorialista en los medios de comunicación”, según Zavala.
El también panista José Manuel Hinojosa puso en la discusión otras problemáticas: el daño medioambiental y la inseguridad: “la red ferroviaria encargada del servicio de carga en nuestro país se encuentra siempre en riesgo de ser detenida por las crisis sociales de cada Estado que atraviesa”.
Por ejemplo en Michoacán durante 2021 el tren estuvo parado 81 días, lo que se tradujo en pérdidas millonarias para el sector empresarial, recordó.
Por ello planteó 10 propuestas, entre ellas que el Ejecutivo elabore un plan estratégico de desarrollo del transporte de pasajeros con alcance de al menos 20 años y con revisiones periódicas y que se garantice que no habrá interrupciones a la movilidad y a la conectividad, entre otros.
En tanto, Morena y sus aliados debatieron previo minuto de aplausos para los luchadores sociales del ramo ferrocarrilero: Demetrio Vallejo y Valentín Campa.
Destacaron la recuperación del transporte ferroviario como prioritario para mover pasajeros e insistieron en el pasado.
Del Partido del Trabajo (PT) Jorge Armando Ortiz Rodríguez recordó que en la expropiación que hizo el expresidente Ernesto Zedillo de los Ferrocarriles Nacionales muchos trabajadores no fueron liquidados o fueron jubilados en contra de su voluntad y hoy se les hace algo de justicia al devolver al Estado el sistema ferroviario.
Mientras la también petista Lilia Aguilar Gil repudió que el expresidente haya dado en concesión de 50 años el uso exclusivo de las vías férreas que eran de todos los mexicanos a empresas privadas “con el pretexto de que el 86 % de las vías férreas, estaban en mal estado y que como consecuencia había que venderlas barato”.
Pero además, dijo, vendió Ferrocarriles Nacionales “limpiecita de deuda” que pagó el pueblo de México “y luego le vendió barata a Ferrocarril del Noroeste, a Ferrocarril del Pacífico Norte y el Ferrocarril del Suroeste y la Terminal Ferroviaria del Valle de México a dos empresas: a Kansas City y a Grupo México”.
