“Ni la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que depende del Poder Legislativo y está destinada a auditar a todos aquellos que ejercen gasto público, ni la Secretaría de la Función Pública (SFP) que, por depender del Poder Ejecutivo, la convertiría en juez y parte cuando al Gobierno se le exigiese alguna información, podrían asumir las funciones que actualmente tienen el organismo garante”, precisó en un comunicado.
Al fijar su posición sobre la reforma presidencial enviada a la Cámara de Diputados, resaltó que la protección efectiva de los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales requiere de una institución autónoma, especializada e imparcial, que ejerza sus competencias constitucionales con perspectiva garantista, como lo es hace el Instituto.
Los comisionados Adrián Alcalá, presidente, así como sus pares Norma Julieta del Río Venegas, Blanca Lilia Ibarra Cadena y Josefina Román Vergara, informaron que analizarán detalladamente la iniciativa de reforma que atañe al organismo garante, así como las acciones que determine emprender, conforme a sus atribuciones constitucionales.
Se dijeron abiertos al diálogo y manifestaron su interés de participar activamente en ejercicios de parlamento abierto, conversatorios, foros y otros espacios donde sea posible debatir.
Además, expresaron su disposición para identificar los aspectos de la legislación secundaria que deben ser revisados y actualizados, para mejorar el desempeño del organismo, así como el cumplimiento de las obligaciones que tanto los entes públicos, como privados tienen en relación con los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales.
