El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso su anunciada reforma para eliminar siete organismos autónomos y fusionar o transferir otros 16 órganos descentralizados de la Administración Pública Federal.
La Iniciativa con Proyecto de Decreto en materia de simplificación orgánica, presentada este lunes a la Cámara de Diputados, establece que las funciones de los organismos se traspasarán a algunas Secretarías de Estado.
Según la propuesta, estos órganos operan con lujos, gastos superfluos y duplican funciones, por lo que su desaparición permitiría ahorros.
Al presentar su paquete de reformas constitucionales, López Obrador calificó de “onerosas” y “elitistas” a estas dependencias.
(Son) supuestamente autónomos, sí, autónomos del pueblo, no de la oligarquía, creados durante el periodo neoliberal con el único propósito de proteger negocios particulares en contra del interés público”,
Los ajustes planteados en la iniciativa van por extinguir los siguientes organismos autónomos:
De acuerdo con la iniciativa, las funciones y obligaciones de estos organismos se transferirán a las secretarías de Estado.
Las facultades de la Cofece, encargada de garantizar las condiciones de libre competencia en los mercados, quedarían en manos de la Secretaría de Economía, y las del IFT, que regula los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, se entregarán a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
La CRE y la CNH son órganos reguladores que, respectivamente, tienen la labor de promover la competencia en el sector energético y vigilar la extracción de hidrocarburos. Con la reforma propuesta por López Obrador, sus funciones pasarían a la Secretaría de Energía.
Mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) absorbería las funciones del Coneval, institución que genera estadística sobre el impacto de los programas sociales y mide la pobreza del país.
A la Secretaría de Educación Pública (SEP) se le transfieren las facultades de Mejoredu, creada en 2019 tras la aprobación de una reforma educativa y encargada de evaluar el desempeño del alumnado.
Por último, el trabajo del INAI, uno de los organismos autónomos más importantes, a través del cual la ciudadanía, activistas y periodistas obtienen información del gobierno, de las compras públicas y contratos, quedaría en manos de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para la información relacionada con la Administración Pública Federal.
Referente a la iniciativa de reforma presentada por el Titular del Ejecutivo, el INAI hace del conocimiento público que analizará detalladamente su contenido, así como las acciones a emprender, conforme a sus atribuciones.
— INAI (@INAImexico) February 6, 2024
(1/5) pic.twitter.com/IfLFtxCRRS
Respecto a datos relacionados con el Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo, esta función quedará en el Órgano de Control y Disciplina del Poder Judicial, en los órganos de control de los organismos constitucionales que no se eliminan y en las contralorías del Congreso de la Unión y de los Congresos estatales.
Lo relacionado con partidos políticos se trasladará al Instituto Nacional Electoral (INE); la información sobre sindicatos, al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
En lo que se refiere a la tutela y protección de los datos personales en posesión de particulares, las atribuciones y obligaciones quedarían a cargo del Ejecutivo Federal".
Según la iniciativa de López Obrador, la eliminación de estos siete organismos autónomos no va en contra de las obligaciones de México establecidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“Toda vez que no deja de garantizar la libre competencia y concurrencia en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones”, justifica el documento.
Agrega que los cambios propuestos en la reforma mantienen la posibilidad de imponer límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, a las concesiones y a la propiedad cruzada.
López Obrador envió otra iniciativa de reforma en materia de simplificación orgánica, en la que propone fusionar o transferir 16 órganos descentralizados a otras dependencias.
Este proyecto establece, además, la eliminación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y considera los siguientes cambios:
