El 4 de abril de 2023 concluyen los encargos del consejero presidente del INE Lorenzo Córdova Vianello, además de los consejeros Ciro Murayama Rendón, Adriana Favela Herrera y José Roberto Ruiz Saldaña.
Esas cuatro posiciones serán cubiertas con el proceso que está a cargo de la Cámara de Diputados, vía un procedimiento de revisión de perfiles y auscultación a los prospectos, mismo que está a cargo de personas provenientes de la academia y expertas en la materia electoral.
Una vez que el pleno avale la Convocatoria, comenzará a detonar el proceso: la Jucopo de la Cámara de Diputados deberá requerir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y al El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) con el fin de que propongan a dos integrantes cada uno para formar el Comité Técnico de Evaluación (CTE) que coadyuvará al proceso.
La misma Jucopo designará a otros 3 miembros. Ya instalado el CTE –del 22 de diciembre y hasta el 6 de enero- comenzará la ruta de inscripción y registro de aspirantes a consejeros ante el Comité, bajo una metodología que aún deberá determinarse.
La propuesta original de convocatoria fue modificada, pues se tenía pensado integrar al CTE el 21 de diciembre e instalarlo el 3 de enero, para recibir propuestas de aspirantes y su documentación del 9 y hasta el 20 de enero.
Los aspirantes deberán realizar un examen el 6 de febrero. Del 6 al 10 de marzo se contemplan entrevistas personales con los aspirantes .
El coordinador de los diputados del partido de la Revolución Democrática, Luis Ángel Espinosa Cházaro propuso, y fue aceptado, que fuera hasta el 21 de diciembre el plazo para que la CNDH y el INAI presenten sus propuestas de miembros del CTE “e instalar hasta el 6 de enero para que de tiempo a que el CTE esté bien estructurado”.
Las bancadas de Acción Nacional (PAN) y PRD reforzaron los requisitos de elegibilidad que deberán tener esos integrantes del CTE y Movimiento Ciudadano propuso que ese Comité deberá actuar bajo los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y profesionalismo que rigen la función electoral.
