El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, expuso que si algunas de las reformas que se propone presentar como parte del “Plan B” de reforma electoral por la vía de enmiendas a leyes secundarias atentan contra derechos constitucionales y contra la democracia, se emprenderá la pelea en tribunales.
“Si quieren jugar con la democracia del país, pues se van a topar con los recursos jurídicos”, advirtió el legislador del PAN.
“Se puede hacer una marcha para firmar los juicios y estoy seguro que serían miles y, quizá, millones de juicios ciudadanos si es que se nos merman nuestros derechos políticos, ¿por qué? Porque no puede haber una legislación que afecte nuestra democracia”, agregó el diputado federal.
Creel Miranda explicó que cualquier afectación a los derechos políticos es impugnable a través de Juicios para la Protección de los derechos político-electorales (JDC), pues se vulneraría el principio de progresividad que establece que las garantías no pueden tener retrocesos.
Otra vertiente de acciones serían las acciones de inconstitucionalidad en caso de que se concrete el llamado “Plan B”.
“Si alguna de las reformas que van a plantear a siete leyes toca un derecho político, en cualquiera que sea su dimensión, sea porque no se garanticen elecciones libres, auténticas, democráticas tal y como están concebidas en el artículo 41 de la Constitución, (o afectan) otros artículos sobre las Cámaras del Congreso, pues va a ser objeto de una acción de inconstitucionalidad inmediata”, planteó.
También “si se le quitan fondos a la autoridad electoral y la autoridad electoral deja, con ello, de cumplir una función constitucional, establecida en el artículo 41 de la Constitución, eso sería algo regresivo, y también impugnable”, dijo.
Por tanto, a su juicio, aunque Morena y sus aliados pueden lograr los votos de mayoría en ambas cámaras, “inmediatamente o simultáneamente se establecerán acciones de inconstitucionalidad”, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá que resolver, anotó.
El vicecoordinador de Acción Nacional (PAN), Jorge Triana Tena, estableció que la vía de la movilización está abierta, pero no será su partido un convocante.
Si la sociedad civil prefiere organizarse sin los partidos políticos, los panistas respetarán. “Los organizadores fueron la sociedad civil organizada, si nos llaman y nos invitan, allí estaremos. Si creen que sobramos los partidos políticos, no estaremos acompañándolos”, declaró.
El diputado Francisco Javier Huacus, del PRD, estableció que su partido también esperará las convocatorias para sumarse a todo tipo de medida para rechazar una reforma electoral regresiva.
“Salimos a marchar y saldremos las veces que sea necesario, ante las imposiciones y acciones autoritarias del inquilino de Palacio Nacional”, anotó.
Anunciaron -dijo- un “Plan B”, de reformas a leyes secundarias y de concretarse el “estrangulamiento” de la autoridad electoral habrá movilizaciones.
“Así sea a punta de tomar las calles, de interponer quejas e impugnaciones, y a punta de sentencias, no permitiremos medidas de esa naturaleza”, planteó.
