Morena alista dictamen de reforma electoral, pero apuesta a Plan B de AMLO

Sigue Plan B, achicar al INE

Ante el rechazo ya anunciado por el Revolucionario Institucional (PRI) a aceptar los cambios constitucionales, el pleno de la Cámara de Diputados tendrá que desechar el dictamen que se tiene listo. Entonces, Morena aplicaría su “Plan B”, con el que buscará modificar siete leyes secundarias y conseguir los objetivos de su reforma pero sin modificar la Constitución.

Las siete leyes que serían impactadas son la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley Federal de Consulta Popular y la Ley General de Comunicación Social.

Al respecto, este martes 22 de noviembre, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, presumió que ya revisa un plan, y publicó una fotografía durante la revisión de un voluminoso documento.

El centro de las modificaciones se perfilan con puntos como achicar al INE y acotar las facultades del Instituto en la fiscalización de actores políticos –por ejemplo, durante procesos de reelección– o en la revisión de sus conductas, pues hoy servidores públicos o dirigentes políticos tienen limitantes, como participar en procesos de revocación o consultas públicas.

Dados los antecedentes de las consultas populares –sobre el llamado juicio a personajes del pasado– y la revocatoria, ambos con prohibiciones en la ley para que participen servidores públicos en su difusión, o a favor en contra de las opciones, Morena propone eliminar esa prohibición.

También, producto de la experiencia con el INE que sancionó esa conducta y restringió la posibilidad de los diputados a cobrar dietas y usar sus módulos para promover su reelección –lo que pondría en riesgo el uso de recursos públicos–, esto también se busca liberar para que todos puedan hacer campaña con libertad.

Entre los cambios contemplados por Morena a leyes secundarias, también se encuentra la reducción en la estructura del INE a nivel nacional y con ello disminución de recursos –con la fusión de su comisión de Organización con la de Capacitación–, la sujeción de los consejeros a reglas para impedirles ocupar cargos públicos o de elección popular por 10 años, y recortar el gasto operativo del organismo.

Además, de acuerdo a Morena, aunque la fórmula para estimar el financiamiento de los partidos es de nivel constitucional, sí pueden establecerse criterios de austeridad que lleven a recortarles recursos.

La estrategia

Este miércoles 23 será presentado un predictamen en la reunión de las juntas directivas de las tres comisiones a cargo de la reforma electoral: la de Puntos Constitucionales, la de Reforma Político-Electoral y la de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Ese paso será un mero trámite, pues lo que se busca es cumplir con darle publicidad de al menos una semana, como marca el reglamento de la Cámara de Diputados, y proceder a la dictaminación, previsiblemente el martes 29 de este mes.

El predictamen, de casi mil cuartillas, “sí incluye” la relatoría de las mesas realizadas y lo deseable era el consenso, pero si la oposición no acepta, Morena y sus aliados avanzarán solos, indicó la presidenta de la Comisión de Reforma Político-Electoral, Graciela Sánchez.

“Estamos en un régimen democrático. Lo prioritario es el consenso, queremos que sea democrático y por consenso. Pero cuando hay una parte que se siente lastimada, no entiende de lo que trata la reforma y le dan una lectura diferente, no quieren cambios y defienden privilegios”, expone.

A su juicio, la austeridad en todos los rubros es la prioridad y Morena se apegará a ese principio al votar la reforma electoral.

En entrevista, la legisladora indica que la oposición debe asumir la responsabilidad de no haber aceptado el diálogo y que todas las propuestas fueran analizadas.

“Si no se realizó la reunión del grupo especial para la reforma electoral fue porque no aceptaron integrarse a los trabajos, y fue el rechazo sistemático.

“No quieren que se disminuyan las prerrogativas a los partidos políticos, no quieren que se elija por voto popular a las autoridades administrativas y jurisdiccionales. Quieren que sigamos siendo muchísimos diputados en el Congreso federal y en los locales, no aceptan la reducción tampoco de funcionarios en los ayuntamientos”, relata.

De acuerdo a la legisladora, tal como propuso el presidente, los legisladores de Morena van por la desaparición de diputados plurinominales.

Aunque en la iniciativa presidencial lo que se eliminan son legisladores uninominales, es decir, de mayoría, electos en cada uno de los 300 distritos, es “otra” la interpretación que se debe tener de la representación proporcional.

“Si se lee bien la propuesta de hacer listado de candidatos por estado tendríamos que entender que es una representación pura, es decir, si votaron por tu partido y además por un candidato, y tienes ese porcentaje de votación es lo más puro que puede haber.

“Necesitamos entender bien cómo vienen las propuestas. No es lo mismo diputados plurinominales que legisladores de representación proporcional porque es proporcional a la votación que obtenga primero cada partido y luego cada candidato que obtenga un porcentaje de un listado propuesto por cada partido”, dijo.