El líder de la bancada de Morena, Ignacio Mier, adelantó que las reservas que sí apoyará la 4T serán las propuestas por su partido, una sobre el programa La Escuela Es Nuestra, para la “ampliación de horario”, otra para crear el Fondo para fortalecer la seguridad de estados y municipios, y una reserva de sus aliados del Partido del Trabajo (PT) sobre utilización de recursos derivados de reintegros.
De ninguna ofreció detalles, pero la que implica mayor monto, al menos 1,000 millones de pesos, para el nuevo “Fondo específico para el fortalecimiento de las capacidades de las policías locales”, ordenado por la reforma que amplió el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028, si bien tendrá recursos, no serán adicionales.
Contrario a lo comprometido en la reforma constitucional, sólo se planea el traspaso de uno a otro ramo presupuestal, de acuerdo a la reserva, preparada por el diputado morenista Juan Ramiro Robledo.
Se trata, acusó Movimiento Ciudadano, de un “engaño”, pues no habrá recursos extra: serán tomados de los que por ley les corresponden a las entidades federativas para seguridad pública, concentrados en el fondo nuevo y entregados igualmente a los estados, pero con nuevas reglas, sin que haya fondos adicionales.
De acuerdo a la propuesta, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP) que integra los fondos del Ramo 33, serán disminuidos en 1,000 millones de pesos.
Ese monto se irá a las aportaciones federales para ser ejercidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dependiente del ramo 36 Seguridad y Protección Ciudadana.
De acuerdo a la llamada “reforma militarista” que amplió la labor del Ejército en las calles hasta 2028, será el Secretariado Ejecutivo el que deberá emitir los lineamientos para su ejercicio y publicarlos en el primer trimestre de 2023.
Estos deberán contemplar: las fórmulas de elegibilidad de los beneficiarios y de distribución de los recursos; las obligaciones de los estados y los conceptos de gasto según las prioridades definidas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Por ello MC adelantó su rechazo a la propuesta, una “confiscación” de recursos de un Fondo “y llevarlos a la administración discrecional desde la Federación”.
