La iniciativa busca modificar el artículo 260 del Código Penal Federal y en ella también se propone que en caso de que dicho abuso produzca embarazo o contagio de alguna enfermedad de transmisión sexual, la pena (que actualmente es de seis a 10 años de prisión y hasta 200 días multa para el delito de abuso sexual) se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo.
El documento menciona que en marzo de 2022 en el país se registró una cifra histórica de abusos sexuales. El Informe de Incidencia Delictiva Contra las Mujeres, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, arrojó 2,287 presuntos delitos de violación simple y violación equiparada.
En ese lapso se registraron 1,372 llamadas de emergencia a nivel nacional en lo que corresponde al tema de abusos sexuales; la Ciudad de México encabeza la lista con 197 llamadas.
Mientras que en el primer trimestre de 2022 se contabilizaron 815 llamadas de emergencia relacionadas con violación, a nivel nacional, de las cuales 134 fueron en la Ciudad de México, 100 en el Estado de México, 72 en Jalisco y 60 en Chihuahua.
La reforma, argumentó la diputada, va en concordancia a los principios de derechos humanos de universalidad, progresividad e interdependencia señalados en el artículo primero de la Constitución.
La iniciativa fue turnada para su discusión y análisis a la Comisión de Justicia.
