Desde hace nueve años el Senado de la República tiene en la congeladora la minuta de reformas legales por la que se preveía prohibir la operación de pozos mineros y tiros verticales para la extracción de carbón, por el alto riesgo para la vida y salud de los trabajadores.
Esa reforma fue aprobada desde el 11 de abril de 2013 por la mayoría de la Cámara de Diputados, remitida al Senado, y cuatro legislaturas después, sigue pendiente de aprobación por el pleno de esa cámara.
Por eso, la bancada de diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que encabeza el priísta Rubén Moreira, pidió dar continuidad de manera urgente al trámite legislativo y prohibir la operación de ese tipo de centros de explotación carbonífera.
De acuerdo con la propuesta de punto de acuerdo que se presentará ante la Comisión Permanente, la extracción de carbón vía pozos, cuevas y tiros verticales “usa procesos y técnicas artesanales o rudimentarias, que de 2006 al 2021 ha cobrado la vida a 72 mineros”.
El priista expuso que para evitar hechos como el de Sabinas, Coahuila, donde desde hace 13 días permanecen 10 mineros atrapados en un pozo carbonífero, se requiere “solucionar de una vez por todas, este histórico problema”.
La propuesta de reformas artículos 343-A, 343-C, 343-D y 343-E de la Ley Federal del Trabajo para prohibir el trabajo en los tiros verticales para la extracción del carbón fue promovida por diputados federales del PRI y el Partido Acción Nacional (PAN) en 2012.
El 11 de abril de 2013 fue avalada por el pleno de la Cámara de Diputados casi por unanimidad, y solo hubo tres abstenciones. No la aprobaron el entonces diputado Ricardo Monreal Ávila, quien era legislador de Movimiento Ciudadano, ni dos exdiputados entonces del Partido del Trabajo (PT), Jaime Bonilla y Manuel Huerta.
En 2015, Javier Lozano Alarcón, quien fuera senador del PAN, propuso aumentar de seis a nueve años de prisión y multa hasta de 10,000 veces el salario mínimo en caso de que en ese tipo se registrara la muerte de trabajadores y se comprobara que el lugar de trabajo no contara con las licencias, permisos y autorizaciones por omisión de las medidas de seguridad.
La minuta de la Cámara de Diputados y la adición propuesta por Lozano fueron dictaminadas luego de dos años, en 2015, bajo la presidencia de la Comisión a cargo de Ernesto Gándara, del PRI, pero el dictamen se quedó atorado en la mesa directiva del Senado.
Los presidentes de la mesa directiva del Senado, en cuya responsabilidad recae el procesar los asuntos que le son turnados por las comisiones, han correspondido, desde la 63 y hasta la 65 Legislatura a legisladores de PAN, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Morena.
Desde 2015 a la fecha, han pasado por esa presidencia de la mesa directiva Roberto Gil del PAN, Pablo Escudero del PVEM, Ernesto Cordero del PAN, y desde 2018 a la fecha, Martí Batres, Mónica Fernández, Eduardo Ramírez, y Olga Sánchez Cordero de Morena.
