Por el PRI la diputada Melissa Vargas Camacho aseveró que la iniciativa del presidente pone en riesgo las nuevas inversiones para la generación de energías limpias baratas y eficientes y “uno de los puntos más preocupantes es que (la opinión) no cuenta con un análisis o diagnóstico sobre los impactos ambientales y sociales”.
Además, dijo, “desalienta toda la investigación y patentes en materia de generación de energía sustentable…es regresar a los años 60 y no resolvería los problemas actuales”, alertó.
Héctor Castillo del PAN expuso que no basta en un transitorio asegurar que la transición energética será una realidad, pues en presupuesto y en construcción de mega obras del gobierno federal no se ve compromiso con el medio ambiente.
La diputada Cecilia Patrón, secretaria general del PAN, alertó que se cancelarán los certificados de energías limpias lo que limitará su generación.
Por el PRD la legisladora Edna Díaz comentó que no hay datos objetivos sobre el impacto al medio ambiente de la aplicación de esta reforma o de la no aplicación de la reforma
Lamentó no se haya incluido la opinión de expertos en el parlamento abierto, mismos que concluyeron que la iniciativa se contrapone a la protección ambiental y frenará la transición energética respecto al resto del mundo “porque la iniciativa no nos dice con quien, con qué, ni cuando se dará esta transición”.
De Morena, el legislador Héctor Cabada sostuvo que, por el contrario, esta reforma propiciará el respeto al medio ambiente pues la de 2013 no cumplió con los objetivos de la transición energética.
“Los certificados de energías limpias fueron un instrumento para beneficiar a las empresas extranjeras obligando a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a financiar sus centrales de energía renovable”.
Con la reforma se “garantiza la suficiencia energética del país y el abastecimiento para toda la población que es un derecho humano a la vida digna” expuso Esther Martínez, de Morena.
Además “se protegerá el patrimonio de los mexicanos que representa la explotación del litio”.
“Se prioriza la soberanía energética, fortalece el sistema eléctrico nacional y adquiere el compromiso constitucional de reducir los gases de efecto invernadero, obliga al Estado a no quedar en el discurso y aplicar acciones”, aseveró la diputada Adriana Bustamante, de Morena.
