Desde que se inició el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018 a la fecha, 151 periodistas y defensores de derechos humanos han sido asesinados.
Hasta octubre de 2021, la Secretaría de Gobernación (Segob), en su reporte, "Agravios contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas", daba cuenta de 47 comunicadores y 94 defensores de derechos humanos asesinados en tres años de administración; sin embargo, los casos se siguen acumulando.
Al iniciar el 2022, otros cinco periodistas fueron asesinados en las primeras semanas de enero y febrero.
El pasado 26 de enero, Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad de Derechos Humanos y responsable del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, precisó que, a partir de diciembre de 2018, se tenían contabilizados 52 asesinatos contra periodistas y 97 contra personas defensoras de derechos humanos.
Lo anterior tras el asesinato de los periodistas Lourdes Maldonado, José Luis Gamboa y Margarito Martínez. Pero después se reportaron los homicidios de Roberto Toledo y de Heber López. Esta situación generó varias movilizaciones en el país por parte del gremio, que exigió un alto a la violencia y a la impunidad.
Hasta el momento, las autoridades solo han logrado la detención de los presuntos agresores de Lourdes Maldonaldo y Heber López.
Enrique Irazoque reconoció entonces que la impunidad, superior al 90% en los casos de agresiones contra la prensa, es el gran problema en la agenda nacional de derechos humanos.
El funcionario puntualizó que 57% de las agresiones contra periodistas se concentra en seis entidades:
En cuanto a los homicidios de los activistas, cinco estados concentra el 64% de los casos:
El 99% de los homicidios de los activistas también prevalece en la impunidad, pues solo en dos de los asesinatos se ha dictado sentencia.
Enrique Irazoque agregó que entre las razones que han provocado las agresiones, destacan:
La Segob tiene identificado el perfil de quienes agreden a los periodistas en México: el 43% son servidores públicos y el 33%, miembros de la delincuencia organizada.
