Según la acción de inconstitucionalidad, el Presupuesto de 2022 recortó recursos y eliminó programas que reducirán el acceso de los ciudadanos al ejercicio de sus derechos a la salud, a la educación, la vida sin violencia o al medioambiente.
Por tanto, se desatendió la obligación de garantizar la progresividad de derechos, que significa que se deben adoptar las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos disponibles para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos.
Tampoco se atendió el mandato de no regresividad, es decir, que “una vez alcanzado un determinado nivel de satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, el Estado está obligado a no dar marcha atrás, de modo que las prestaciones concretas otorgadas en un momento determinado constituyen el nuevo estándar mínimo a partir del cual debe seguirse avanzando hacia la satisfacción plena de tales derechos”.
En el documento presentado con la firma de por lo menos el 33% de la Cámara de Diputados, se expusieron como ejemplo ocho programas a los que se redujeron recursos o bien fueron eliminados.
Estos son, en el sector salud, la operación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que “sigue sin garantizar la cobertura” y carece de presupuesto efectivo para lograrlo al nivel con el que sí se contaba con el programa del Seguro Popular que operó hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto.
O el programa de “Atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral”, que no podrá cumplir pues se le aplicó un recorte de 10 mil millones de pesos, lo que “muestra la regresividad del presupuesto de egresos aprobado”.
En materia educativa, expusieron el caso de programas destinados a combatir el rezago educativo en zonas vulnerables del país y que ya no existen, como tampoco el programa de Escuelas de Tiempo Completo y el de Atención a la Diversidad de la Educación Indígena, todos eliminados.
Asimismo, el ajuste a la baja en los recursos para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, el dedicado a las estancias infantiles no permitiría, según el recurso, la igualdad y la protección de las mujeres.
Lo mismo ocurrió en lo referente al medio ambiente, pues "se redujo el gasto para las áreas naturales protegidas, protección de especies y ecosistemas, y hubo “una disminución real en el anexo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales”.
