Lo anterior a pesar de que a finales de agosto, el coordinador de los diputados del PRD, Luis Ángel Espinosa Cházaro, pidió a la Cámara de Diputados se tomara la protesta de ley como diputado a Franco Castán, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que goza de todos sus derechos políticos vigentes, al no haber sentencia condenatoria en su contra.
El TEPJF ha emitido jurisprudencia –que para el caso es ley–, según la cual los ciudadanos no pierden sus derechos político-electorales por estar presos, de ahí que en la pasada elección federal el Instituto Nacional Electoral (INE) realizó el primer ejercicio de voto en centros de reclusión, por orden del órgano jurisdiccional.
Por ello, el líder de la bancada del PRD solicitó a la mesa de decanos de la Cámara, que presidió el diputado César Augusto Santiago, la toma de protesta de Franco Castán, formalidad que de acuerdo a Espinosa Cházaro quedó satisfecha al ser recibida la carta petición del perredista en la sesión constitutiva de la Cámara, y ser considerado su nombre para votar por la mesa directiva de la Cámara para la 65 Legislatura.
Pero el presidente de la mesa que resultó electo, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, solicitó al Poder Judicial de Veracruz información sobre la situación jurídica de Franco Castán.
En el oficio de respuesta, fechado desde el pasado 31 de agosto, la magistrada Romero Cruz expuso “automáticamente queda suspendido de sus derechos o prerrogativas como ciudadano, ello al estar sujeto a dos procesos criminales, por cuatro delitos diferentes que se merecen que merecen cada uno de ellos la imposición de pena privativa de libertad”.
