De acuerdo a la juzgadora “desde el momento en que fue como vinculado a proceso, automáticamente física y materialmente está impedido para poder ejercer los derechos políticos que pudieran corresponderle dado que está interno en un Centro de Reinserción Social, con sede en Amatlán de los Reyes, Veracruz”.
Reportó que el perredista libra el proceso penal 57/2021 al atribuírsele violencia familiar, pero por el que la defensa del legislador electo interpuso dos juicios de garantías 174/2021 y 110/2021, el segundo con suspensión de los actos reclamados y por el cual mañana, 7 de septiembre, tiene la audiencia constitucional.
Un segundo proceso es el 248/2021 por presunta extorsión y abuso de autoridad así como ilícito contra la administración de la Justicia, y con fecha del 17 de agosto le fue dictado auto de vinculación a proceso con prisión preventiva justificada, misma que está vigente.
El tercer proceso es el 50/2021 por ultrajes a la autoridad – supuestos jaloneos a un policía que intentó detenerlo por el primer supuesto ilícito– y por el cual el 20 de marzo se dictó vinculación a proceso con prisión preventiva oficiosa vigente .
Es decir, “no solamente se trata de un proceso penal en contra de Rogelio Franco Castán, sino que éste tiene iniciados en Veracruz tres procesos penales, en los cuales es de referir que en uno de ellos hay un mandamiento de captura, pero que no se ha ejecutado por la interposición del juicio de garantías en donde le fue concedida la suspensión definitiva del acto reclamado y, estando en espera de que se dicte sentencia federal de fondo, y por ende no se ha realizado audiencia inicial”.
“En dos procesos penales más, totalmente diversos, instruidos por cuatro delitos diferentes, dicha persona ha recibido en épocas distintas el dictado de auto de vinculación a proceso por dos jueces locales diferentes y que además en un proceso ya se ha formulado acusación”, según la magistrada
