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Tras consulta popular, inicia 'jaloneo' legislativo por revocación de mandato

Morena en el Senado impulsa iniciativa para llevar a cabo el ejercicio en el 2022, mientras la oposición advierte que no permitirá que se dé al presidente López Obrador libertad propagandística.
mié 04 agosto 2021 11:59 PM
revocación de mandato en México
Instrumento. La figura de revocación de mandato tiene el objetivo que los ciudadanos puedan solicitar la separación del cargo de sus gobernantes.

Una vez cruzada la aduana de la consulta popular el pasado domingo, el país podría ir por primera vez a las urnas en ejercicio de revocación de mandato del presidente de la República, en 2022, pero en un proceso que hoy carece de reglas.

En noviembre próximo inicia el plazo para que los ciudadanos que quieran someter al presidente Andrés Manuel López Obrador a ese proceso de revocación de mandato “por pérdida de confianza” difundan ese proceso y comiencen a recabar cerca de 2.8 millones de firmas para solicitarlo.

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Pero desde el 17 de junio de 2020, es decir, hace más de un año, el Congreso de la Unión está en falta, y no ha legislado al respecto para dar claridad al procedimiento.

En noviembre de 2019 entraron en vigor reformas a siete artículos de la Constitución en materia de consultas populares y revocación de mandato, y el Congreso se impuso asimismo un plazo para emitir, en 180 días, la ley reglamentaria respectiva.

Ésta debe contener los requisitos indispensables para que ese procedimiento pueda llevarse a cabo, las reglas de difusión, contratación de propaganda, y los mecanismos por los cuales serán impugnables todas las etapas del proceso, desde la difusión, organización y cómputo de resultados.

De manera general todo está esbozado en el artículo 35 de la Constitución, sin embargo, las bancadas partidistas en Congreso ya empezaron el jaloneo, con temas como las prohibiciones al uso de recursos públicos para su difusión, la contratación de tiempo en radio y televisión con ese fin, y la prohibición a la propaganda gubernamental para promover ese ejercicio.

Es decir, el presidente no podría usar sus conferencias mañaneras para promover si procede o no la revocación de mandato para la conclusión anticipada de su gestión.

#QuéPasóCon la revocación de mandato

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Revocación de mandato en México: ¿Quién y cómo se puede solicitar?

De acuerdo a la Constitución el ejercicio de revocación de mandato se podrá solicitar una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional, tanto para el Ejecutivo Federal como para los locales, éstos últimos sometidos a legislación secundaria local.

De aplicarse para el presidente en el presente sexenio se incluyó un artículo cuarto transitorio en el que se marcó que la recolección de firmas para solicitar ese mecanismo deberá comenzar en noviembre próximo y hasta el 15 de diciembre del 2021.

Es decir, dado que este mecanismo de democracia participativa es un derecho ciudadano, sólo podrán solicitarla el 3% de la Lista Nominal de Electores (LNE). Si se considera el corte del listado a este julio de 2021, la cifra equivale hoy a 2 millones 808 mil ciudadanos con credencial actualizada, y distribuidos en 17 entidades, en las que además deben alcanzar al menos 3% de las listas nominales en cada uno de esos estados.

El Instituto Nacional Electoral (INE) deberá verificar que se cumplan los requisitos y podría expedir la convocatoria en enero.

¿Cuándo se puede realizar?

Expedida la convocatoria, la votación deberá realizarse 60 días después, es decir, en marzo de 2022. El presidente López Obrador ha propuesto como fecha de realización el 21 de marzo, que caerá en lunes.

Además, de acuerdo a la Constitución, para que sea válido un ejercicio de revocación de mandato –al igual que en la pasada consulta popular- se requerirá que vayan a las urnas el 40% de los inscritos en la lista nominal, es decir, 37.2 millones de ciudadanos al corte de este mes.

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Nuevo 'jaloneo' legislativo

Aunque el Congreso ha sido omiso desde hace más de un año, a punto de concluir la 64 Legislatura algunas bancadas han expresado —ahora sí— la urgencia de legislar sobre la revocación de mandato.

De acuerdo al líder nacional de Morena, Mario Delgado, la legislatura ya prácticamente acabó y tocará a los nuevos diputados regular esa figura para aplicarla en 2022.

Sin embargo, consideró que “a partir del texto constitucional y de lo que tenemos actualmente, puede llevarse a cabo sin ningún problema” pues ya se prevé número de promoventes, que las autoridades competentes serán el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Incluso en la Constitución se establece que estará prohibido utilizar recursos públicos para la difusión del ejercicio de revocación de mandato y que el INE organizará el ejercicio con cargo a sus disponibilidades presupuestales.

Pero contrario a esta postura, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, urgió a emitir la legislación secundaria para que el mecanismo pueda concretarse el próximo año.

Por eso, el pasado 27 de junio planteó, a través de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, que en periodo extraordinario de sesiones de ambas cámaras (que inició el pasado viernes 30 de julio), se aprobara la ley reglamentaria sobre revocación.

Pero el Partido Acción Nacional (PAN), en voz del diputado Elías Lixa rechazó incluir ese tema sin dictaminación de por medio, pues existe una iniciativa desde febrero pasado, presentada por la senadora Claudia Ruiz Massieu (PRI), misma que ha estado en la 'congeladora' legislativa.

De acuerdo con los panistas, haber aceptado la inclusión de ese asunto en el periodo extraordinario, y sin dictaminación, hubiera implicado el riesgo de que Morena cambiara las reglas de la revocación de mandato, diera “plena libertad presupuestal y propagandística al Poder Ejecutivo” y limite las facultades del INE en materia de regulación de propaganda en ese proceso.

Es decir, se enfrentaría un escenario similar a la judicialización de las elecciones, en que la oposición se quejó de las conferencias matutinas presidenciales y su contenido electoral en tiempos de campañas, lo que fue considerado por el Tribunal Electoral como propaganda personalizada y prohibida que puso en riesgo la equidad en la contienda electoral.

Hasta hoy, la única iniciativa que existe es la de la exlíder nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu donde reproduce las reglas previstas en la Constitución y detalla los lineamientos que el INE deberá llevar a cabo para la verificación del apoyo ciudadano para emitir la convocatoria, así como los parámetros de difusión, los actos previos a la jornada de votación y del cómputo de los resultados.

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El senador Monreal, en tanto, anunció que presentará su propia iniciativa, en la que se retoman preceptos de la Constitución pero permite libertad de difusión y propaganda.

“La propuesta permite a la ciudadanía llevar a cabo campañas de difusión y promoción dirigidas a obtener las firmas necesarias para acompañarlas en la solicitud”, sin más restricciones que las previstas en la ley, es decir, que no haya recursos públicos.

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La iniciativa del coordinador de Morena, sí permitiría “contratación de publicidad sobre el proceso de revocación de mandato en radio y televisión”, lo que hoy no está permitido en elecciones ni consultas públicas, pues sólo se pueden usar tiempos del Estado administrados por el INE.

La jornada de votación, en la propuesta de Monreal, deberá llevarse a cabo el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la emisión de la convocatoria, y en fecha no coincidente con las jornadas electorales, federal o locales, tal como ya prevé la Constitución.

¿Qué dice la oposición?

El coordinador de los diputados federales del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, advierte que ante lo que ocurrió con la consulta popular, que califica como “pérdida total” por la inutilidad de la pregunta, por no otorgar presupuesto al INE y por convertirse en un innecesario gasto de recursos, "Morena podría tener cualquier ocurrencia para la revocación de mandato".

Por eso planteó que, ante el interés manifiesto del presidente López Obrador de someterse a revocación como si fuera una concesión, se deben establecer los mecanismos para garantizar ese, que es un derecho del ciudadano y no del gobernante.

“Estamos abiertos a que cualquier ejercicio que se haga sea serio, para eso se necesita presupuesto y una ley reglamentaria seria”.
Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de los diputados federales del PAN.

Por su parte, la vicecoordinadora de los senadores del PAN, Kenia López, advirtió que no se puede llegar a la revocación sin un instrumento legal.

Sostuvo que la ley reglamentaria necesariamente deberá establecer dos cosas: los medios de impugnación y las reglas del día de la jornada de votación.

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