Nuevo 'jaloneo' legislativo
Aunque el Congreso ha sido omiso desde hace más de un año, a punto de concluir la 64 Legislatura algunas bancadas han expresado —ahora sí— la urgencia de legislar sobre la revocación de mandato.
De acuerdo al líder nacional de Morena, Mario Delgado, la legislatura ya prácticamente acabó y tocará a los nuevos diputados regular esa figura para aplicarla en 2022.
Sin embargo, consideró que “a partir del texto constitucional y de lo que tenemos actualmente, puede llevarse a cabo sin ningún problema” pues ya se prevé número de promoventes, que las autoridades competentes serán el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Incluso en la Constitución se establece que estará prohibido utilizar recursos públicos para la difusión del ejercicio de revocación de mandato y que el INE organizará el ejercicio con cargo a sus disponibilidades presupuestales.
Pero contrario a esta postura, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, urgió a emitir la legislación secundaria para que el mecanismo pueda concretarse el próximo año.
Por eso, el pasado 27 de junio planteó, a través de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, que en periodo extraordinario de sesiones de ambas cámaras (que inició el pasado viernes 30 de julio), se aprobara la ley reglamentaria sobre revocación.
Pero el Partido Acción Nacional (PAN), en voz del diputado Elías Lixa rechazó incluir ese tema sin dictaminación de por medio, pues existe una iniciativa desde febrero pasado, presentada por la senadora Claudia Ruiz Massieu (PRI), misma que ha estado en la 'congeladora' legislativa.
De acuerdo con los panistas, haber aceptado la inclusión de ese asunto en el periodo extraordinario, y sin dictaminación, hubiera implicado el riesgo de que Morena cambiara las reglas de la revocación de mandato, diera “plena libertad presupuestal y propagandística al Poder Ejecutivo” y limite las facultades del INE en materia de regulación de propaganda en ese proceso.
Es decir, se enfrentaría un escenario similar a la judicialización de las elecciones, en que la oposición se quejó de las conferencias matutinas presidenciales y su contenido electoral en tiempos de campañas, lo que fue considerado por el Tribunal Electoral como propaganda personalizada y prohibida que puso en riesgo la equidad en la contienda electoral.
Hasta hoy, la única iniciativa que existe es la de la exlíder nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu donde reproduce las reglas previstas en la Constitución y detalla los lineamientos que el INE deberá llevar a cabo para la verificación del apoyo ciudadano para emitir la convocatoria, así como los parámetros de difusión, los actos previos a la jornada de votación y del cómputo de los resultados.
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El senador Monreal, en tanto, anunció que presentará su propia iniciativa, en la que se retoman preceptos de la Constitución pero permite libertad de difusión y propaganda.
“La propuesta permite a la ciudadanía llevar a cabo campañas de difusión y promoción dirigidas a obtener las firmas necesarias para acompañarlas en la solicitud”, sin más restricciones que las previstas en la ley, es decir, que no haya recursos públicos.
