Inconformidades con la reforma a la FGR empujan la discusión del tema hasta 2021

La propuesta fue presentada por Monreal en octubre y se preveía que fuera aprobada esta semana, previo al fin de periodo ordinario de sesiones el 15 de diciembre. No obstante, los reclamos y las alertas desde distintos frentes, incluyendo al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, lograron que la discusión se aplace a 2021, con la intención de que se abra un parlamento abierto.

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La iniciativa, presentada a dos años de que la Procuraduría General de la República (PGR) se transformó en FGR, busca dotar al Ministerio Público de la Federación de instrumentos eficaces para la investigación y la persecución del fenómeno criminal, según la argumentación de Monreal.

El documento plantea la creación de unidades autónomas encargadas de la investigación del delito, de equipos especiales de investigación y litigio, y de equipos mixtos con integrantes de diferentes dependencias. También se prevé un nuevo modelo de gestión con ventanillas únicas para canalizar los asuntos de manera más eficiente, mecanismos de evaluación y exámenes de oposición para agentes, así como un esquema de facultades.

De acuerdo con el abogado Luis Pérez de Acha, exintegrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, también se propone la creación de una fiscalía especializada en delincuencia organizada, establecer la figura de analistas para que apoyen a los Ministerios Públicos, y que el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) se vuelva un órgano descentralizado, entre otros puntos.

Para el socio fundador y director del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda, hay elementos del documento que necesitan revisarse para hacer más fuerte a la fiscalía, y otros que exigen mayor análisis y un ejercicio de parlamento abierto.

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Uno de ellos es la posibilidad de que se dé una concentración de poder en la fiscalía para emitir su presupuesto, estatuto orgánico, programas, planes internos y manual de organización, tareas que quedarían en el fiscal de manera unipersonal. "No hay un órgano colegiado con el que tenga que interactuar o pueda significar un contrapeso al interior de la fiscalía", advirtió Pérez de Acha en entrevista.

La iniciativa también planteaba eliminar el Consejo Ciudadano en la institución, que está previsto en la ley desde 2018, cuando nació la FGR dotada de autonomía.

De acuerdo con el diario Reforma, en el Senado ya se aceptó eliminar este punto de la propuesta, lo que significa que el consejo seguiría activo.

La propuesta también generó rechazo de parte de organizaciones sociales, que consideraron que algunos cambios representan un retroceso en materia de derechos humanos. "La nueva propuesta demuestra su total desconocimiento de la realidad que viven las víctimas en México", señaló un colectivo con más de 200 integrantes.

Esto, debido a que la iniciativa pretende sacar a la fiscalía del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y quitarle la obligación de colaborar en esta tarea, además de que dejaría de ser integrante de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas, y del Mecanismo y del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Para las organizaciones, esto podría consolidar una FGR más arbitraria, burocrática y alejada de la sociedad. "En la iniciativa de Morena se percibe un concepto distorsionado de la autonomía de la fiscalía. Autonomía NO es aislamiento", alertaron.

El subsecretario Encinas se unió a las advertencias y, desde su cuenta de Twitter, alertó que la propuesta representa un retroceso que rompe con el entramado institucional para la defensa, garantía y protección de los derechos humanos, y favorece la impunidad.

El funcionario consideró que la iniciativa parte de la desconfianza de la FGR hacia las instituciones con las que se debe articular. "Si bien la propuesta hace referencia a la coordinación interinstitucional, impone mecanismos de subordinación a la fiscalía de distintas instituciones de la administración pública federal, como la Guardia Nacional, la Comisión Nacional de Búsqueda y el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas", señaló.

Al igual que las organizaciones civiles y el abogado Pérez de Acha, Encinas consideró que se requiere de un parlamento abierto en el que se discuta la iniciativa, pues pudo haber sido aprobada sin una revisión minuciosa.

"Hay temas en los que hay que prestar más atención y hacer el análisis. Es una espada de dos filos, moneda de dos caras. Se tiene que revisar, discutir y poner en la mesa", dijo Pérez de Acha.

Las alertas emitidas desde los diferentes frentes condujeron a que el tema se llevara hasta el próximo año. El senador Monreal aseguró a medios que él está "convencido de que se debe dotar a la fiscalía de instrumentos jurídicos eficaces, por el uso de mejores estrategias de la delincuencia y del crimen organizado, frente a los agentes de la ley en la investigación de delitos y en la persecución de los mismos".

El legislador aseguró que se va a escuchar a las personas que han manifestado su desacuerdo con el proyecto, pues aunque Morena y sus aliados tienen mayoría, se busca un instrumento serio, eficaz, moderno y respetuoso de los derechos humanos.

Monreal afirmó que en los primeros 14 días de 2021 se va a trabajar en la Comisión de Justicia del Senado, atendiendo las propuestas y peticiones ciudadanas o de colectivos, colegios de abogados y órganos judiciales, y hacia el 12 o el 13 de enero se tendrá un dictamen más acotado que podría discutirse en el pleno en un periodo extraordinario de sesiones el 15 de enero.