El pleno del Senado aprobó el dictamen por el que se avaló la procedencia, trascendencia y expidió la convocatoria para la consulta presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para determinar si se inicia o no una investigación contra los últimos cinco expresidentes de la República.
Con 65 votos a favor, 49 en contra y una abstención, la bancada de Morena aprobó en lo general y particular la solicitud del presidente López Obrador avance hacia el 2021.
Todas las reservas presentadas por la oposición fueron descartadas, solo se aprobó la que hizo el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, y su compañero Saúl López Sollano para precisar que en la difusión del ejercicio, el INE deberá observar lo establecido en la materia por la Constitución y la Ley Federal de Consulta Popular.
El pasado 1 de octubre, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la materia de la pregunta que el presidente López Obrador propuso en su petición del pasado 15 de septiembre.
Con seis votos a favor, la Corte avaló que la pregunta para la consulta será: "¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?".
De acuerdo con la Ley de Consulta Popular, tras la declaración de constitucionalidad de parte de la Corte, correspondería a la cámara de origen, en este caso el Senado, determinar si es procedente y trascendente.
El artículo 26 de la Ley de la Consulta Popular establece que el dictamen debe ser aprobado por la mayoría de ambas cámaras del Congreso de la Unión. Por lo que ahora corresponderá a la Cámara de Diputados analizar la minuta que le envíe el Senado.
Tras ser aprobada la solicitud en ambas cámaras, el Congreso expedirá la convocatoria de la consulta mediante un decreto y se le notificará al INE para su organización.
Durante la discusión en lo general, los senadores de oposición rechazaron avalar la procedencia al considerar que la justicia no se consulta, porque dijeron que la pregunta es poco clara y consideraron que es un “circo” del presidente Andrés Manuel López Obrador para intervenir en el proceso electoral de 2021.
Desde sus escaños, los legisladores morenistas se hicieron acompañar de pancartas en las que se leía “denúncienlos”, en referencia a los exmandatarios.
Los morenistas expresaron que, por más de 40 años, los presidentes gozaron de impunidad, por lo que ésta es una oportunidad para castigar “a los tiranos”.
✅ Con 64 votos a favor, 43 en contra y 1 abstención, se aprueba en lo particular, con las modificaciones aceptadas, el dictamen que expide la consulta popular propuesta por el titular del Ejecutivo Federal.
— Senado de México (@senadomexicano) October 7, 2020
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La senadora de Morena, Martha Lucía Micher, recordó que el artículo 35 de la Constitución establece el derecho de los ciudadanos a ser consultados en temas de trascendencia nacional como lo es decidir si se investiga o no a los expresidentes.
"La consulta popular tiene como uno de sus propósitos orientar la política criminal del Estado mexicano para cerrar el largo y oscuro periodo de tiempo en el que se podía infligir sin consecuencias un grave daño patrimonial a la República", comentó.
En contraste, la legisladora panista Alejandra Reynoso Sánchez consideró que el Poder Legislativo y el Judicial ya se sometieron al Ejecutivo, por lo que les recordó que su función es ser contrapeso.
Su correligionario, el senador Gustavo Madero afirmó que la intención del presidente de impulsar la consulta ciudadana es figurar en el proceso electoral de 2021, por lo que dijo, ahora van a proponer que se realice no el primer domingo de agosto, sino el mismo día de la jornada electoral del 6 de junio.
La senadora Claudia Ruiz, del PRI, afirmó que el grupo legislativo está en contra de la impunidad y favor de la justicia pero no como lo propone el presidente de la República con una pregunta ociosa y una consulta onerosa.
"Todos queremos que cualquier persona, cualquier servidor público que haya tenido una responsabilidad responda por los ilícitos, hechos u omisiones que hayan ocasionado un daño y que lo haga confrme a la ley", destacó.
La oposición también argumentó que sería costosísimo para el país organizar una consulta que se estima en 8,000 millones de pesos, cuando esos recursos podrían servir para destinarlos al sector salud.
El senador del PAN, Erandi Bermúdez, afirmó que en los términos en como está redactada la pregunta en lo que se refiere a “actores políticos del pasado”, se podría incluir al exsecretario de Gobernación y hoy director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett.
El senador del PRI Manuel Añorve afirmó que, si el gobierno federal tiene pruebas contra los expresidentes, que las presente y no intente meterse a la elección con esta supuesta consulta.
“Como no les funcionó el tema de revocación de mandato, ahora se quieren meter por la puerta de atrás para aparecer en la boleta del 21 con esta consulta muy chabacana”, destacó.
En la discusión en lo particular, el dictamen fue aprobado con 64 votos a favor, 43 en contra y una abstención.
"Aprobado en lo general y en lo particular e proyecto de decreto por el que se declara procedente y de trascendencia nacional la petición de consulta popular presentada por el presidente de la República y se expide la convocatoria de consulta", informó el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez Aguilar.
La bancada de Morena festejó entre aplausos y gritos de "Sí se pudo, sí se pudo".
