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La reforma de Morena sobre fideicomisos no precisa un destino para el dinero

Este martes, la Cámara de Diputados retomará la discusión en torno a la desaparición de fideicomisos y fondos, lo que tendrá un impacto en la ciencia y el deporte, pero los cambios generan dudas.
mar 06 octubre 2020 05:50 AM
Conacyt
Desaparición de fideicomisos compromete recursos para el desarrollo de ciencia y tecnología.

A más de dos años de que Andrés Manuel López Obrador planteó la cancelación de los fideicomisos o “cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos” como uno de los 50 lineamientos para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana, este martes los diputados de Morena buscan cumplir con esta enmienda.

Si bien no prevén desaparecer los más de 330 fideicomisos que actualmente existen, sí buscan extinguir 109, cuyos fondos ascienden a unos 68,000 millones de pesos. Organizaciones, académicos, activistas, artistas, entre otros, aseguran que esto tendrá un impacto en el desarrollo científico y tecnológico, cultural y deportivo de México y dudan que se resuelvan los problemas de opacidad.

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En la antesala de la discusión del Presupuesto 2021, en medio de la crisis derivada por la epidemia, desde el gobierno federal se planteó como prioritario discutir una de las propuestas más polémicas del mandatario para conseguir recursos: la extinción de fideicomisos y fondos públicos, la cual se suma a otras medidas de austeridad, como la reducción del 75% del gasto de la administración pública o la disminución de los sueldos de servidores públicos.

La propuesta no ha sido bien vista ni por los sectores afectados, como de los legisladores de oposición (PAN, PRD, MC, PRI), e incluso por los partidos que acompañan a Morena.

El jueves, durante la discusión que fue suspendida por falta de quórum y que se retomará este martes, el PVEM y el PT mostraron su rechazo a la desaparición de algunos fondos como los destinados para desastres naturales o para trabajadores braceros. “Apoyamos el fondo, que es el combate a la corrupción, pero la forma no es la adecuada”, dijo el diputado Benjamín Robles (PT).

Desde diferentes frentes, reconocen que no todos los fideicomisos han funcionado de forma transparente, no obstante la petición es que se haga un análisis detallado de cada uno de ellos e implementar mecanismos de rendición de cuentas efectivos, antes de desaparecerlos a todos por igual.

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El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción expuso que la iniciativa refleja un “profundo desconocimiento” sobre la naturaleza de los fideicomisos, las modalidades de financiamiento y la función que realizan.

“Ello es particularmente grave cuando se plantea su desaparición a rajatabla sin considerar las implicaciones que esta drástica e irreflexiva medida traería para diversos grupos vulnerables, así como para la educación, el arte y la ciencia en nuestro país”, publicó en un pronunciamiento, en el que hizo un llamado a los diputados para analizar cada uno de los fondos.

No podemos permitir que aquellos fideicomisos que hayan vivido en la opacidad mueran en medio de la misma, como tampoco que se extingan aquellos fideicomisos que tienen un objeto claro.
Pronunciamiento del CPC

Oliver Meza Canales, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), explicó a Expansión Política que muchos de los fideicomisos tienen recursos privados, provenientes de organismos internacionales u organizaciones, y que su extinción tendría un impacto también en proyectos ya comprometidos a futuro.

“Todos estos fondos que no se pueden financiar con el presupuesto corriente anual tienen que hacerse ‘guardaditos’ para poder seguir financiando durante muchos años ese proyecto, quedan prácticamente desprotegidos”, dijo en entrevista.

Es como robarnos el futuro, o por lo menos robarnos la posibilidad de tener proyectos que no se atoren cada año en las discusiones de presupuesto.
Oliver Meza, investigador del CIDE.

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La discrecionalidad

Los diputados de Morena argumentan que los recursos de estos fondos se manejan con discrecionalidad y opacidad. En ese contexto, la legisladora Dolores Padierna acusó en uno de sus pronunciamientos sobre el tema que se privatizaron recursos públicos hasta convertirse en “cajas negras”.

Mario Di Constanzo, extitular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), detalló que solo 11 fideicomisos que se buscan desaparecer concentran el 83.1% de los recursos que se quieren obtener y actualmente son controlados por cuatro dependencias (Economía, SHCP, Segob y Sener-Conacyt), por lo que no se sostiene esa justificación.

“Va en contra del argumento de la falta de transparencia y corrupción, ya que las decisiones que se toman dependen enteramente de los titulares (secretarios de Estado) de las dependencias involucradas”, explicó en un análisis.

Fundar, que en 2018 detectó irregularidades por 835,000 mdp en el estudio Fideicomisos en México. El arte de desaparecer el dinero público, advirtió que la extinción masiva de fideicomisos no resuelve los problemas de opacidad y, por el contrario, éstos son útiles para asegurar suficiencia presupuestaria para la garantía de derechos humanos en crisis económicas como la que se vive actualmente por COVID.

Esto aunado a que con la reforma a la Ley General de Transparencia ya no puede invocarse el secreto fiduciario para clasificar la información de los fideicomisos como reservada, mientras que la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece reglas para la rendición de cuentas de estos fondos.

Sin destino claro

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, ha señalado que esta reforma es una manera de apoyar al gobierno federal para hacer frente a la emergencia de COVID-19 sin endeudar más al país o crear más impuestos. Aunque en la propuesta no se detalla cuáles serán los mecanismos para garantizar que los recursos tengan ese destino.

Conoce más: Artistas, investigadores y OSC piden frenar extinción de fideicomisos

El dictamen que estaba listo para discutirse el pasado 1 de octubre, plantea que los recursos del Fondo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, se transfieran a la Secretaría de Gobernación (Segob), mientras que propone crear “nuevos instrumentos financiaros” para la atención de los Desastres Naturales –Fonden– y para la Atención a la Población Rural Afectada por Contingencia Climáticas.

En el caso de los recursos para los atletas, contenidos en el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, se mantiene la posibilidad de brindar apoyos económicos y materiales para los deportistas, pero no específica cómo. Por su parte, prevé que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) lleve directamente la operación de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y cooperativas.

En ninguno de esos ejemplos, se específica que los recursos se destinen para el sector salud. En cambio, los que provienen de fondos destinados a cultura, deporte y desarrollo científico, que son los que podrían tener este fin, representan solo el 17% –equivalentes a 11,613.3 mdp– de la bolsa total que se obtendría, esto sin contar que se ha asegurado que los apoyos para estos grupos se mantendrán.

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, descartó en conferencia de prensa que el manejo de esos fondos sea discrecional por parte del gobierno.

"No hay ningún tema de discrecionalidad; de hecho, hay un poquito más de discrecionalidad a través de los fideicomisos porque hay un comité donde los miembros deciden el destino. A través del presupuesto, las reglas son específicas", aseguró.

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