Una iniciativa de Morena en la Cámara de Diputados plantea que, mediante una consulta ciudadana, a los expresidentes de la República acusados de corrupción se les pueda conceder el perdón.
La propuesta fue presentada por el diputado Pablo Gómez, y surge en medio de los intentos del gobierno por realizar una consulta popular para llevar a juicio a los expresidentes que fungieron de 1988 a 2018: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
La iniciativa señala que los exmandatarios cargan a cuestas la responsabilidad de ser "líderes de la corrupción nacional", bajo la premisa de que "no pudo haber Estado corrupto sin la persistente conducción del presidente en turno".
Y aunque en esta se considera que es indispensable perseguir y sancionar a quienes hayan cometido actos de corrupción, desde las más altas esferas políticas, también se plantea si el pueblo de México puede olvidar las ofensas del pasado.
"La cuestión es: ¿qué ofensas del pasado puede olvidar el pueblo de México? Más directamente: ¿está dispuesto el pueblo de México a perdonar a los expresidentes los delitos en los que pudieron incurrir durante su mandato? Es nuestro deber preguntar", se lee en la propuesta suscrita por el grupo parlamentario de Morena.
Por ello, afirma que el método para resolver esa cuestión es la consulta popular, mediante disposiciones constitucionales formales que podrían ser encausadas con un proyecto de ley.
Para que esta "ley de amnistía" para los expresidentes sea aprobada, tendría que llevarse a cabo un proceso de obtención de firmas ciudadanas, requeridas para realizar una consulta popular, tal como está ocurriendo con la que impulsa el gobierno.
Si la decisión mayoritaria de esta recabación de firmar fuera "sí", el Poder Legislativo estaría obligado a expedir la ley y el Ejecutivo tendría que promulgarla. Si fuera "no", la Cámara de origen, en este caso la de Diputados, tendría que desechar la iniciativa.
De aprobarse la iniciativa, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicaría un mandato por el que "se decreta amnistía en favor de las personas que desempeñaron el cargo de presidente de la República (...) entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018, contra los cuales se hubiera ejercido o se pudiera ejercer acción penal ante los tribunales por la comisión de delitos".
En un segundo artículo del decreto quedaría establecido que la amnistía extingue las acciones penales, dejando subsistente la responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes puedan exigirla.
También dejaría fundado que los exmandatarios que sean beneficiados por esta ley, no podrán ser detenidos ni procesados en un futuro por los mismos hechos, y que en caso de que los expresidentes hubieren tramitado un amparo, autoridad judicial dictará auto de sobreseimiento, es decir, se extingue el proceso penal por el que este fue solicitado o concedido.
El diputado Pablo Gómez defiende que la iniciativa no plantea el "olvido" de presuntos actos de corrupción cometidos por los expresidentes, sino que, mediante una consulta, se resuelva con un "No" de facto a la impunidad.
"Si la mayoría ciudadana dijera 'No' (al perdón), tendríamos una especie de 'ley de no olvido', aunque esta no estaría escrita, sino consagrada mediante el rechazo popular de la amnistía, es decir, del olvido penal, y el consecuente desechamiento del proyecto por parte de la Cámara de Diputados", expuso el diputado.
Mientras que la respuesta negativa, explicó, permitiría dejar en claro que la mayoría ciudadana es contraria a toda forma de olvido de la comisión de ilícitos desde la Presidencia de la República.
Gómez agregó que la consulta popular es un ejercicio directo de la potestad ciudadana de decidir y ordenar expresamente a las autoridades lo que deben o no hacer.
