La legisladora panista informó que estos cambios pretenden ampliar y clarificar el espectro de familiares y personas cercanas al declarante, cuyo patrimonio deberá ser declarado por el servidor público; con lo que se podrá prevenir que el enriquecimiento por actos de corrupción se dé a través de operaciones a nombre de los familiares o parejas sentimentales del funcionario.
En la iniciativa, que fue catalogada como ‘Ley Bartlett’ por la bancada panista, se proponen modificaciones al artículo 39 para que se tomen en cuenta los bienes de los declarantes y de sus "cónyuge, concubina o concubinario, conviviente, pareja sentimental, parientes por consanguinidad o afinidad, en línea recta o colateral hasta el segundo grado, dependientes económicos, de aquellos con quienes mantenga relaciones de tutela o tutoría, profesionales, laborales o de negocios, o de socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte, salvo que se acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos”.
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Además, en el artículo 41, se prevé que “las Secretarías y los Órganos internos de control, según corresponda, tendrán la potestad de formular la denuncia al Ministerio Público, en su caso, cuando el sujeto a la verificación de la evolución de su patrimonio no justifique la procedencia lícita del incremento notoriamente desproporcionado de éste, representado por sus bienes, o de aquéllos sobre los que se conduzca como dueño, el de su cónyuge, concubina o concubinario, conviviente, pareja sentimental, parientes por consanguinidad o afinidad, en línea recta o colateral hasta el segundo grado, dependientes económicos, el de aquellos con quienes mantenga relaciones de tutela o tutoría, profesionales, laborales o de negocios, o de socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte, durante el tiempo de su empleo, cargo o comisión”.
