La iniciativa de Ley de Rentas Justas , presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, busca crear un marco para regular y proteger la vivienda en alquiler en la Ciudad de México.
La propuesta incluye prohibir la discriminación en contra de personas que viven con niños y niñas o con mascotas; hacer obligatorio el registro de los contratos de renta y endurece el tope al aumento del alquiler para que no supere la inflación.
Estos son los puntos clave de la iniciativa de Ley de Rentas Justas para la Ciudad de México:
- Tope a rentas: el incrementarse anual del precio de una vivienda en alquiler no puede superar la inflación reportada por el INEGI en año anterior, sin importar si se cambia o no de inquilino.
- El arrendador estará obligado a registrar el contrato de renta ante el Gobierno de la Ciudad de México, en un máximo de 30 días después de su celebración.
- La persona inquilina tiene derecho a recibir un original de su contrato de arrendamiento.
- Se crea la Defensoría de las Relaciones Inquilinarias, con el fin de mediar en conflictos y proteger los derechos de arrendadores e inquilinos.
- Un año será la duración mínima de todo contrato arrendamiento de vivienda.
- Ningún arrendador puede negar, restringir o condicionar el acceso a una vivienda en renta porque la persona viva con infancias (bebés, niños y niñas) o con animales de compañía.
- También está prohibido discriminar a una persona que desea rentar una vivienda por su origen étnico, nacionalidad, apariencia física, lengua, género, orientación e identidad sexual, edad u otras características personales.
- Para incrementar el precio de una vivienda en renta, la persona propietaria deberá solicitar autorización a la Defensoría Inquilinaria y demostrar que realizó mejoras en el inmueble.
- La persona propietaria de la vivienda solo podrá pedir a la o el inquilino una garantía, por ejemplo un depósito.
- El depósito se deberá devolver al momento de la entrega del inmueble, a menos que compruebe que existe un saldo a su favor, como adeudos de servicios (electricidad y agua, por ejemplo), o daños en la propiedad superiores al desgaste normal por su uso.
- Se crea un Gabinete de Acompañamiento Social ante Desalojos, para proteger los derechos de las personas frente a un desalojo de vivienda.
La Ley de Rentas Justas plantea multas para las personas arrendadoras que no cumplan sus obligaciones.
- No entregar un original del contrato de arrendamiento: multa de 25 a 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), de 2,932 a 5,865 pesos este 2026.
- No registrar el contrato de arrendamiento: multa de uno a tres meses de la renta pactada.
- Subir la renta por encima de la inflación del año anterior: multa de 100 a 400 veces la UMA, de 11,731 a 46,924 pesos este 2026.
Las personas inquilinas también podrán ser multadas en los siguientes casos:
- Usar el inmueble para fines distintos al uso habitacional, sin consentimiento de la persona arrendadora: de 50 a 100 veces la UMA, es decir, de 5,865 a 11,731 pesos este 2026.
- Modificar el inmueble sin consentimiento expreso de la persona arrendadora: de 50 a 200 veces la UMA, equivalente a entre 5,865 a 23,462 pesos.
La iniciativa de la jefa de Gobierno para proteger los derechos tanto de las personas arrendadoras como arrendatarias es un paso importante para la regulación de la vivienda en renta.
Sin embargo, tendrá entre sus principales desafíos definir con claridad cómo se hará cumplir y la coordinación entre las instituciones del Gobierno de la ciudad, señala Rosalba González Loyde, doctora en Sociología por la UAM.
“Habría que revisar con mucha cautela a quién le toca cada cosa, cómo van a ser esos mecanismos de gestión interinstitucional. O sea, cómo va a participar la Secretaría de Vivienda, la Secretaría Metropolitana, el IPDP (Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva), etcétera”, apunta la maestra en Desarrollo Urbano por la Pontificia Universidad Católica de Chile.
La Defensoría Inquilinaria será uno de los factores que podrá hacer una mayor diferencia tanto para arrendadores como inquilinos, pues pocas personas tienen los recursos –legales, económicos y de tiempo– para llevar a cabo una demanda cuando sufren algún abuso.
“El acceso a la justicia tiene condiciones de clase, y que la fortaleza se dé hacia el sector inquilinario también me parece ideal”, sostiene la académica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
La propuesta de Ley de Rentas Justas fue recibida por el Congreso capitalino y deberá ser discutida en comisiones, para que las y los diputados las discutan y generen un dictamen, el cual puede mantener íntegra la iniciativa, modificarla o rechazarla, en un plazo máximo de 90 días hábiles.
Después deberá pasar al pleno para que todas las personas legisladoras voten el dictamen.
“La Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles que hoy presento, va a ser un parteaguas. Crearemos una Defensoría Inquilinaria, para evitar abusos de cualquiera de las partes y garantizar relaciones equilibradas, entre inquilinos y arrendadores”, afirmó la jefa de Gobierno al entregar la iniciativa en su Segundo Informe de Gobierno el 14 de octubre.
