Autoridades de la Ciudad de México se comprometieron a restituir sus inmuebles a quienes sean víctimas de despojo en un plazo de 15 días desde que se realice la denuncia y llevar el caso ante un juzgado en 30 días.
“Es la manera como la población puede ver la justicia ante este delito. Este nuevo plazo de aseguramiento busca restituir de forma inmediata los inmuebles”, dijo la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
Estos plazos aplicarán solo para casos de despojo donde la invasión se realice de manera furtiva o con violencia y para inmuebles que cuenten con escrituras en regla, con documentación suficiente para que la víctima pueda acreditar la propiedad.
Sin embargo, para los casos de litigios como juicios civiles o sucesorios, al ser más complejos legalmente, es difícil que se pueda cumplir con los plazos, aclaró Bertha Alcalde, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX).
La Fiscalía crea además una Unidad de Análisis Criminal especializada en el delito de despojo para detectar redes y patrones de operación.
“Necesitamos identificar qué vincula a un caso con otro, necesitamos identificar dónde se repite la actuación de un notario, de un juez, de un imputado para que podamos de esa manera desarticular redes de despojo que operan en esta ciudad”, sostuvo en conferencia de prensa este miércoles.
Brugada anunció que se creará la Defensoría Jurídica de la Propiedad y contra el Despojo, a cargo de la Consejería Jurídica, con un equipo de abogados y abogadas especializados para dar asesoría personalizada a víctimas. Un día a la semana darán atención en el Zócalo capitalino.
Cuando la persona afectada sea de la tercera edad, indígena, mujer o pertenezca a otro grupo vulnerable, los funcionarios incluso llevarán la defensa legal de forma gratuita.
“Solo en aquellos casos de poblaciones prioritarias, también se asumirá la representación legal”, apuntó la mandataria.
La jefa de Gobierno anunció también la creación de un grupo de control interno, encargado de investigar, auditar y sancionar a servidores públicos que estén vinculados con la comisión de despojos.
“Ninguna red de despojo puede operar con protección institucional. Tenemos una política de cero tolerancia a la corrupción, quien traicione la confianza ciudadana y utilice el servicio público para despojar a una familia de su patrimonio enfrentará todo el peso de la ley”, sostuvo Brugada.
De acuerdo con la fiscal capitalina, el Gabinete contra el Despojo, creado en noviembre de 2025, ha atendido hasta el momento un 1,032 casos, de los cuales solo 388 son despojos y 644 se relacionan con otros delitos o disputas civiles.
De las denuncias que sí corresponden al delito de despojo, en 185 casos se restituyó el inmueble, en 84 la propiedad se encuentra asegurada y en 48 se realizaron acciones distintas.
En la Ciudad de México no habrá espacio para las redes de despojo ni para los cárteles inmobiliarios, quien pretenda enriquecerse arrebatando a una familia el patrimonio construido con años de trabajo encontrará toda la fuerza del gobierno actuando con firmeza.
