Familias de CDMX están expuestas a desalojos arbitrarios ante legislación ausente
Patricia, Manuel y Ana fueron sacados por la fuerza de su hogar en República de Cuba 11 junto a sus familias; se han reportado 81 desalojos con violaciones a derechos humanos en CDMX desde 2023.
Patricia Olivares marcha junto a sus hijos por Paseo de la Reforma a más de tres meses de haber sido desalojada del que era su hogar en República de Cuba 11, Centro Histórico. Ella y su familia fueron víctimas de la ausente legislación para proteger a los inquilinos en la capital.
Los habitantes de 19 departamentos de República de Cuba 11 se vieron rodeados por elementos de la Policía capitalina mientras 'cargadores' rompían puertas para sacar sus muebles y recuerdos a la calle la madrugada del 27 de agosto, en un proceso legal llevado en juzgados de Hidalgo para un inmueble de la Ciudad de México.
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Desde entonces vive en un hotel junto a sus pequeños, una niña de 4 años y un niño de 6 años, así como su hija de 15 años, su esposo y su suegra.
“Desde hace tres meses no tenemos una solución. El Gobierno nos está apoyando con hospedaje en un hotel y 4,000 pesos, pero no es lo mismo como tener tu propia vivienda. Nosotros no queremos una vivienda regalada, queremos simplemente una vivienda digna”, dice a Expansión Política durante una protesta contra los desalojos.
Cuenta que llegó 10 años atrás para vivir junto a su familia con su suegra, una mujer de 91 años, quien ya llevaba alrededor de 70 años rentando el mismo departamento. “Mis niños chiquitos ahí nacieron”, dice.
Patricia Olivares fue expulsada de su departamento en República de Cuba 11 donde vivía junto a sus tres hijos, su esposo y su suegra.(Foto: Shelma Navarrete)
Hay irregularidades que rodearon el desalojo de Patricia Olivares y sus vecinos de República de Cuba 11. Tras la muerte del dueño original, Fernando Adolfo Pérez, el inmueble cambió de propietario cuatro veces, mientas los inquilinos siguieron pagando la renta a una arrendadora por 25 años.
El desalojo ocurrió como consecuencia de un juicio iniciado por la misma arrendadora en 2017 en Tizayuca, Hidalgo, a partir del cual el edificio fue escriturado a nombre de dicha arrendadora para luego ser vendido tres veces.
Todo pasó sin que los inquilinos fueran informados durante el juicio ni se les diera la oportunidad de comprar.
“¡Qué más pruebas quieren si todo es ilícito!”, reclama Patricia con la voz quebrada.
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Los desalojos forzosos son un problema que la Ciudad de México arrastra desde hace décadas, apunta Carla Escoffié, abogada especialista en vivienda y derecho a la ciudad.
“El problema de los desalojos forzosos, entendidos como desalojos arbitrarios e ilegales que se hacen violando derechos humanos, es un problema crónico en la Ciudad de México desde hace décadas”, afirma a Expansión Política.
Señala que desde 2001 el entonces relator por el derecho a la vivienda de la ONU, Miloon Kothari, manifestó su preocupación por el aumento de desalojos forzosos en la Ciudad de México, lo cual es posible gracias a la operación de ‘mafias inmobiliarias’ en las que participan tanto particulares como funcionarios públicos del Poder Judicial.
Algunas de las estrategias de estos grupos son llevar los juicios en otros estados para dificultar la posibilidad de las personas a defenderse del desalojo legalmente; también se simulan relaciones mercantiles o laborales para realizar juicios y quitar una propiedad para cobrar un supuesto adeudo.
“Es muy recurrente que sus principales víctimas sean personas adultas mayores o personas con algún perfil de vulnerabilidad como pueden ser pueblos indígenas (…) porque hay esta idea de que se les puede engañar fácilmente.
“El hecho de que la justicia cueste, de que cueste pagarle a un abogado o una abogada para la defensa es algo que de entrada genera un obstáculo para que muchas personas puedan defenderse de estos grupos”, sostiene la autora del libro País sin techo.
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De enero de 2023 a noviembre de 2025 se presentaron 81 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos en casos de desalojos ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM). De estos casos, 34 fueron reportados en 2023, 25 casos durante 2024 y 22 casos hasta noviembre de 2025.
Los habitantes de 19 departamentos y ocho locales mantienen un campamento frente al inmueble en República de Cuba, desde el cual exigen al Gobierno de la Ciudad de México expropiar el edificio y permitirles comprar a través de un crédito del Instituto de Vivienda.
Sobre el destino del inmueble algunos residentes expulsados creen que será convertido en hotel a través de Airbnb ante el próximo Mundial de Futbol 2026, del cual la capital mexicana es una de las sedes, mientras otros temen que sus departamentos sean usados como bodegas.
“Toda la calle de República de Cuba está gentrificada, hay bodegas de gente extranjera, coreanos, japoneses, chinos”, dice Manuel Gómez Tello, residente afectado.
Manuel Gómez Tello vivió en uno de los departamentos de República de Cuba 11 durante 55 años, hasta que fue sacado por la fuerza por policías de la CDMX y 'cargadores'.(Foto: Shelma Navarrete)
Manuel vivió en uno de los departamentos por 55 años, hogar donde creció su hija y compartió la vida con su esposa, María Esther, quien fue la persona que recibió la supuesta notificación del desalojo el pasado 27 de agosto, pese a haber fallecido desde marzo de 2020, una más de las irregularidades del proceso.
“No hay derechos claros para las personas que estamos rentando porque la ley está machacada a propósito para este tipo de cosas”, reclama.
Ana Gloria Cruz perdió su tienda de abarrotes, el principal ingreso de su familia, pues el desalojo barrió también con los comerciantes que tenían pequeños negocios en los locales del inmueble; además durante la diligencia fue víctima de robo.
“Me marcaron a las 5 y media de la mañana que estaban rompiendo la cortina, ya estaba cercada la calle por más de 40 granaderos, había como tres camiones de chicos desalojando, estaban cortando mi cortina y cuando volteas ya todo mundo traía cervezas, refrescos, papas, galletas, todo”, comparte.
Ana Gloria Cruz perdió su tienda de abarrotes con el desalojo de República de Cuba 11.(Foto: Shelma Navarrete)
Ana subraya que la espera se vuelve más difícil para las y los vecinos afectados conforme pasan los meses mientras exigen una solución por parte del Gobierno de la ciudad.
“Nos traen de vuelta y vuelta, 15 días, 20 días, ya vamos a cumplir cuatro meses con lluvia, frío, todo, ya tuvimos dos decesos de dos vecinos y estamos en espera de que nos den respuesta”, dice.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que se trabaja en un protocolo y reformas legislativas para evitar violencia y abusos en la realización de desalojos en la Ciudad de México.
“Vamos a mediar hasta que se agote el desalojo como última instancia. No nos gustó para nada lo que sucedió con el desalojo de República de Cuba”, afirmó la mandataria el 29 de agosto durante una conferencia de prensa.
Uno de los elementos previstos en el protocolo es que el Poder Judicial no solo solicite el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para realizar el desalojo, sino que se informe al Gobierno capitalino sobre el proceso legal y verifique que los residentes hayan recibido avisos previos.
Además prevé la vigilancia del actuar de los llamados ‘cargadores’, personas que son contratadas para mover los objetos al interior del inmueble pero que “se convierten en golpeadores”, de acuerdo con la propia jefa de Gobierno.
Aunque Brugada afirmó que dicho protocolo estaría listo en 15 días, tres meses después, hasta el cierre de esta edición, no ha sido presentado.
Los desalojos forzosos se realizan también porque en la Ciudad de México la legislación sobre vivienda es insuficiente, sostiene Escoffié, también directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey.
“Involucra actos de corrupción, ilegalidades, pero también un marco legal que es permisivo con este tipo de acciones. Es muy complicado combatir un desalojo forzoso por vía de amparo debido a las reglas del procedimiento”, indica.
La Constitución de la Ciudad de México mandata que se debe legislar para evitar desalojos arbitrarios e ilegales, sin embargo este es un pendiente arrastrado por el Congreso de la ciudad desde 2017, cuando se publicó y entró el vigor la carta magna capitalina.
En la Ley Constitucional de Derechos Humanos se aprobó en el Artículo 60 que los desalojos debían realizarse con respeto a los derechos humanos y como última opción, pero el mismo artículo fue reformado por el propio Congreso capitalino solo cuatro meses después para eliminar esta protección.
Escoffié considera que es necesario crear una Ley Inquilinaria para proteger los derechos de las personas que habitan viviendas en renta, así como de las personas propietarias; también dar mayores facultades a la Procuraduría Social (Prosoc) o a la Comisión de Derechos Humanos local para que pueda dar fe y legalidad durante los procesos de desalojos.
La especialista sostiene que es urgente prohibir a los “cargadores” durante los desalojos, pues el que personas privadas ejerzan fuerza cuando esta es una tarea exclusiva de la Policía capitalina es inconstitucional, pero en la Ciudad de México se tolera.
“(Los cargadores) pueden incluso cometer violaciones sexuales como ha pasado en algunos casos, son personas anónimas que se van y de las cuales no hay registro, no hay nombres y no hay una forma de deslindar responsabilidades.
“Si la solución (del protocolo) va en torno a poner parámetros o limitantes para su uso, me parece que va a ser un fracaso”, advierte la abogada y activista.
Durante la protesta frente al Congreso de la ciudad encabezada por inquilinos de República de Cuba 11 el pasado 15 de diciembre, los afectados entregaron una iniciativa de reforma para que los derechos de las personas sean respetados ante desalojos.
“Los procedimientos legales están minados por una normativa que está llena de lagunas e impide que la gente se pueda proteger integralmente.
“Le pedimos al Congreso que asuma esta iniciativa como propia y la vote para que en la Ciudad de México tengamos reglas claras que garanticen el derecho a la vivienda de manera integral”, dice Arturo Aparicio, asesor legal de las personas afectadas de República de Cuba 11.
¿Qué propone la iniciativa contra desalojos en CDMX?
Algunos de los principales puntos de la iniciativa ciudadana contra desalojos arbitrarios entregada por inquilinos de República de Cuba 11 son estos:
Constitución de la CDMX
Los desalojos serán solo en casos excepcionales y garantizando el respeto a los derechos humanos de las personas.
El Gobierno de la CDMX establecerá un control de precios de alquiler y adquisición de suelo para vivienda que impida la especulación.
El Instituto de Defensoría Pública contará con un área especializada de defensa inquilinaria, una en casos de desalojos y otra de defensa del territorio de pueblos y barrios originarios.
Ley Constitucional de Derechos Humanos
Los desalojos serán en casos excepcionales y como última opción, previo intento de conciliar.
Las autoridades deben garantizar el adecuado realojamiento y reubicación de las personas desalojadas.
Para realizar un desalojo se deberá garantizar a los afectados ser oídos y vencidos en juicio.
Informar con tres meses de anticipación al Gobierno CDMX; la Secretaría de Vivienda y el Instituto de Vivienda deberán identificar a las personas afectadas, intentar mediar para evitar el desalojo y buscar alternativas de vivienda.
Código Civil de la CDMX
Los juicios de desalojo, de arrendamiento, de compraventa y de firma de escritura de bienes inmuebles ubicados en la Ciudad de México solo se podrán llevar a cabo ante el Poder Judicial de la CDMX.
