Sus representantes señalan que el desalojo se ejecuta sin medidas que aseguren la integridad de los animales, por lo que se vulneran de manera grave los derechos de los perros y gatos como seres protegidos por la ley y completamente dependientes de quienes los cuidan.
De acuerdo con el Refugio Franciscano, el desalojo fue promovido por la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, a pesar de que existía un acuerdo entre ambas partes.
''Este acuerdo establece que la Fundación debe construir primero un nuevo espacio, con módulos, jaulas adecuadas y áreas básicas para cuidadores, antes de trasladar a los animales'', señala el Refugio Franciscano.
''Estas condiciones son esenciales para evitar sufrimiento, hacinamiento o negligencia durante el proceso. El Refugio Franciscano ha reiterado su disposición a entregar el predio en un máximo de 45 días hábiles, siempre que exista un nuevo albergue construido y funcional'', añade.
Sus representantes señalan a una jueza de la Ciudad de México por ''ignorar elementos fundamentales del convenio y avaló exigencias que no existen, al mismo tiempo que omitió obligaciones de la Fundación que sí están claramente documentadas''.
En México existen aproximadamente 28 millones de perros, de los cuales el 70% —cerca de 19.6 millones— vive en situación de calle, según la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies (AMMVEPE).
''La insuficiencia de espacios públicos y privados para su atención, sumada al alto índice de abandono, hace inviable que alguna institución en el país pueda recibir a más de mil perros y gatos sin poner en riesgo su vida'', destaca el Refugio.