“¡Mi casa es un derecho, no una mercancía!”, gritaron inquilinos de República de Cuba 11 para manifestarse contra los desalojos ante el Congreso de la Ciudad de México, donde exigieron a diputados legislar para garantizar el derecho a la vivienda.
Niños y niñas, personas de la tercera edad, madres y padres marcharon desde el anti-monumento a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en Paseo de la Reforma hasta el Congreso capitalino.
“¡No es desalojo, es un despojo!” y “¡vecino callado será gentrificado!” fueron las consignas lanzadas por los manifestantes.
El colectivo de vecinos afectados exigió que el Congreso recibiera una iniciativa para reformar la Constitución de la ciudad y leyes relacionadas con vivienda para que establezca un protocolo de desalojos que respete los derechos humanos, se den garantías a la vivienda y se impongan sanciones al fraude procesal en casos de despojos con irregularidades.
“Le pedimos al Congreso de la Ciudad de México y a la bancada de Morena que asuma la iniciativa como propia”, dijeron los manifestantes en un pronunciamiento.
El 27 de agosto fueron sacados por la fuerza los residentes de 19 departamentos y dos locales comerciales en República de Cuba 11, en un proceso que acusan estuvo plagado de irregularidades.
Las familias afectadas sostienen que sí existe una orden para su desalojo emitida por el Poder Judicial de Hidalgo, sin embargo, esta surgió de un juicio entre dos particulares que no eran sus arrendadores y en el cual fueron usadas escrituras apócrifas.
“Esta orden se dio por un juicio del que no se nos dejó formar parte, se llevó a nuestras espaldas y en lo oscurito”, afirmaron frente al recinto legislativo de Donceles.
En este proceso participó el ex notario no. 6 de Tizayuca, Hidalgo, Octavio Eduardo Soto Hernández, quien se encuentra en prisión preventiva justificada acusado de fraude procesal por ejercer como notario sin tener licenciatura en Derecho, señalaron.
Pidieron al Gobierno de la ciudad, encabezado por Clara Brugada, que se realice la expropiación del inmueble y se les permita adquirir los departamentos que habitaban -en algunos casos por más de 50 años- a través de un crédito de vivienda social.
“No estamos pidiendo que nos regalen nada, solamente que nos garanticen nuestro derecho a la vivienda adecuada y asequible”, afirmaron.
