Agricultores bloquearían la CDMX si avanza la Ley de Aguas; el Senado podría aprobarla en las próximas horas

En los últimos días, los campesinos han realizado manifestaciones y bloqueos en seis estados —Zacatecas, Chihuahua, Sonora, Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes— como parte de su rechazo al dictamen.

Advierten que, si el Congreso no introduce cambios a la propuesta, la capital del país será su siguiente punto de protesta, lo que podría afectar de manera severa la movilidad de los capitalinos.

¿Cuándo podrían bloquear la CDMX?

Eraclio Rodríguez, dirigente del Frente de los Campesinos, explicó que, hasta ahora, se han abstenido de bloquear la Ciudad de México para no cerrar el diálogo con las autoridades. Sin embargo, advirtió que, si no se modifica el dictamen, esa postura podría cambiar.

“No quedará otra opción más que salir a las calles”, señaló. Afirmó que, para ellos, esa sería la única forma de defender sus derechos ante lo que consideran un atropello a los trabajadores del campo.

Por ahora no hay una fecha específica para una posible protesta en la capital, pues ello dependerá del avance de las discusiones y las votaciones en el Congreso.

Inicia la discusión en el Senado de la Ley de Aguas

El Senado de la República abrió este jueves la discusión de la minuta que expide la Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales, un proceso que podría culminar en su aprobación en las próximas horas. La mayoría de Morena y sus aliados votó para que el tema se resolviera de manera urgente, mientras que legisladores del PRI y del PAN protestaron en tribuna y con carteles, al considerar que las modificaciones propuestas son “centralistas” y “regresivas”.

La sesión en el Senado ocurre luego de que la Cámara de Diputados aprobara horas antes, con cambios en lo particular, el dictamen impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El documento fue avalado con 324 votos a favor, 118 en contra y dos abstenciones, e incorporó 18 reservas presentadas por el diputado Ricardo Monreal Ávila, en representación de los grupos parlamentarios del PVEM y del PT.

Monreal aseguró que las modificaciones son “muy notables” y que responden a las demandas recogidas en distintos estados y sectores del país. Las reservas, añadió, complementan las 50 modificaciones realizadas días antes al proyecto original de Sheinbaum, que incluye dos nuevos marcos normativos: la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Aguas.

Con este avance legislativo, la nueva ley podría quedar aprobada esta misma noche o durante la madrugada del viernes, un escenario que mantiene en alerta a organizaciones campesinas que han advertido protestas en la Ciudad de México si el dictamen se avala sin nuevos ajustes.

¿En qué consiste la Ley de Aguas y por qué genera polémica?

La nueva Ley General de Aguas —y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales— busca rediseñar la forma en que se administra, distribuye y vigila el uso del agua en México. El proyecto incluye dos grandes marcos normativos y más de medio centenar de cambios, impulsados tanto por el Ejecutivo como por legisladores de varios partidos.

En términos generales, la propuesta pretende ordenar el manejo del recurso, combatir prácticas irregulares y garantizar el derecho humano al agua. Sin embargo, varios sectores consideran que algunos cambios podrían afectar a los productores agrícolas, especialmente en regiones donde el campo depende de pozos y concesiones.

Entre los puntos clave y controversiales destacan:

Concesiones y transmisiones de derechos. Aunque se aclara que las concesiones pueden heredarse o cambiar de dueño, el nuevo mecanismo de “reasignación” genera dudas entre productores que temen perder certidumbre sobre el uso del agua en sus tierras.

Atribuciones más amplias de la autoridad. La autoridad hídrica podrá reducir o cancelar volúmenes concesionados en contextos de baja disponibilidad, lo que preocupa a agricultores que dependen del riego para mantener sus cultivos.

Combate al mercado negro de concesiones. Morena sostiene que los cambios buscan frenar la compraventa irregular de títulos y fortalecer el control sobre quién usa el agua y para qué.

Reconocimiento de sistemas comunitarios. Por primera vez se incorporan reglas específicas para sistemas administrados por comunidades indígenas y afromexicanas, algo visto como un avance por algunos y como un esquema poco claro por otros.

Nuevas sanciones y responsabilidades. Se endurecen penas por extracción ilegal, desvíos o contaminación, y se introduce el concepto de “Responsabilidad Hídrica” para obligar a mejores prácticas en el uso del recurso.

Acusaciones de “centralismo” y falta de consulta. Legisladores de oposición argumentan que la ley concentra facultades en la autoridad federal y que no se consultó de forma adecuada a comunidades indígenas ni al sector productivo.

En resumen, mientras Morena y sus aliados aseguran que el nuevo marco garantiza acceso equitativo, transparencia y sostenibilidad, organizaciones campesinas y parte de la oposición consideran que los ajustes podrían traducirse en mayor control gubernamental y en riesgos para la actividad agrícola. Por eso, el avance del dictamen ha detonado protestas y advertencias de movilizaciones en varias regiones del país.