Entre protestas y críticas de la oposición por presuntamente querer “privatizar” el agua, senadores de Morena y aliados aprobaron en lo general la nueva Ley de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales.
Con 85 votos a favor y 36 en contra pasó el dictamen que derivó de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, y que tuvo más de 50 modificaciones en la Cámara de Diputados ante las protestas de campesinos, agrícolas y hasta transportistas.
✅ Con 85 votos a favor y 36 en contra, se aprueba en lo general y los artículos no reservados de la minuta que crea la Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales.
— Senado de México (@senadomexicano) December 5, 2025
La minuta llegó esta tarde al Senado, pero al considerarse de urgente resolución, las modificaciones no fueron enviadas a comisiones para su análisis y votación, sino que fue discutida directamente en el Pleno de la Cámara alta.
Morena y aliados votaron a favor de que se discutiera de una vez, mientras que senadores del PRI y del PAN protestaron con carteles y en sus intervenciones en tribuna, pues consideran que las modificaciones constitucionales son ''centralistas'' y ''regresivas''.
Durante la discusión los partidos de oposición se confrontaron con los legisladores de Morena y aliados, y hasta colgaron una manta en la que se leía: “Expropiar el agua es condenar al campo a la pobreza y a la falta de alimentos para el pueblo".
El senador Ángel García Yáñez comentó que esta ley nace ''manchada de inconstitucionalidad'' y prisas políticas, porque, según él, las reformas no se construyeron escuchando a los ciudadanos ni consultando a los pueblos indígenas como marca la Constitución.
“No hubo diálogo con los productores ni con distritos de riego, ni con quienes dependen todos los días de este recurso tan importante. Hubo foros expresos, simulaciones y un dictamen que llega con más dudas que certezas”, sostuvo el priista.
Verónica Rodríguez comentó que Morena usa la bandera del derecho humano ''para controlar políticamente el agua, quitarle facultades a estados y municipios y concentrar el poder'' en el gobierno federal en materia de agua.
Según ella, las reformas avaladas le dan al gobierno federal, mediante la Comisión Nacional del Agua, la posibilidad de decidir de forma discrecionalidad quién mantiene su concesión de agua, quién la pierde y a quién se le reducen los volúmenes de este líquido.
Morena defendió estos cambios, pues el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara dijo que se acaba con el mercado de concesiones entre particulares y se crea un fondo de reserva para recuperar volúmenes de agua y reasignarlos con criterios “de interés públicos”, así como fortalecer sanciones contra el robo de agua.
“Es una buena noticia para quienes abren la llave y no sale nada, no lo es tanto para quienes hicieron del agua un negocio”, comentó el morenista.
La senadora Andrea Chávez Treviño, de Morena, aseguró que con estas reformas se garantiza el derecho humano al agua para las y los mexicanos, pero principalmente para los productores que alimentan a nuestro país.
Con esta ley, resaltó, ''se eliminará la sobreexplotación de los mantos acuíferos, se terminará con el acaparamiento, con la desigualdad en la distribución y con el mercado negro de la compraventa de este valioso recurso de la nación''.
Mario Humberto Vázquez Robles, senador del PAN, consideró que el campo está desmantelado y ahora traicionado con esta reforma, que no fue ni siquiera consultada con los productores ni con las comunidades.
“Esta ley se construye sobre una falsa narrativa de acaparamiento del líquido y que supuestamente hay personas que se enriquecen con la comercialización del recurso, pero si ese es el caso digan quiénes son”, expresó.
La senadora Mely Romero Celis, del PRI, señaló que “se está viviendo un momento que pasará a la historia como la más grande traición al pueblo de México”, traición a quienes confiaron en la Cuarta Transformación, pues decidieron ver a los campesinos como un “estorbo” y no como el corazón productivo del país, toda vez que simularon diálogo cuando la decisión ya estaba tomada, que es, concentrar todo el poder del agua en manos del poder federal sin transparencia y sin rendir cuentas.
Por el Partido Verde, Maki Esther Ortiz Domínguez asentó que en la minuta que se somete a consideración muchas de las peticiones del campo quedaron incorporadas, lo que permite un balance entre el interés productivo y asegurar el interés superior del derecho al agua, por lo que la minuta reconoce la posibilidad de heredar títulos de concesión, aclara el procedimiento para la reasignación de volúmenes, respeta la permanencia de los derechos en el contexto agrario y ganadero, entre otros.
Horas antes, con cambios en lo particular, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley General de Aguas y reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.
El documento, que deriva de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue avalado en lo particular con 324 votos a favor, 118 en contra y dos abstenciones.
Se aceptó el paquete de 18 reservas presentadas por el diputado Ricardo Monreal Ávila, a nombre propio y de los coordinadores de los grupos parlamentarios del PVEM y PT, los diputados Carlos Alberto Puente Salas y Reginaldo Sandoval Flores, respectivamente.
Ricardo Monreal destacó que los cambios son muy notables, y “atendimos a la gente, escuchamos a la gente de varios estados del país, de varios sectores, del norte, del sur, del Bajío, del centro”.
Las 18 reservas, precisó, vienen a complementar lo que se hizo hace unos días en 50 modificaciones al proyecto original de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que contiene dos conjuntos normativos: la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Aguas.
La reforma a la Ley General de Aguas, enviada por la Cámara de Diputados, está conformada por 45 artículos y dos transitorios que regulan el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico.
Además, establece las bases, apoyos y modalidades para el acceso, uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos; su interdependencia con otros derechos humanos; y establece competencias y casos de concurrencia entre los tres órdenes de gobierno.
También precisa que se regirá por principios como no discriminación, sustentabilidad, universalidad, prevención y precaución, y participación ciudadana; subraya que se deberán cumplir elementos como calidad, disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad, entre otros, para asegurar el derecho humano al agua.
El proyecto plantea que las políticas públicas en materia hídrica y sanitarias deberán fortalecer los sistemas de vigilancia de la salud pública, saneamiento e higiene y contribuir a la construcción de comunidades ambientalmente saludables a través de un manejo de los riesgos ambientales a la salud asociados con el agua, saneamiento e higiene.
Así como la implementación de una Estrategia Nacional Hídrica, elaborada por diversas dependencias federales, para evaluar y diagnosticar la vulnerabilidad hídrica de ecosistemas, centros de población, equipamiento e infraestructura, sectores productivos y sociales; además, tomará en cuenta las necesidades de la población, de las actividades económicas y ecosistemas a nivel local, regional y nacional en materia de agua
También incluye la regulación de los Sistemas de Captación de Agua Pluvial para consumo personal y doméstico, donde dispone que las entidades federativas deben promover en todo momento la instalación de estos sistemas, acorde a las necesidades regionales y sin que ello afecte el ciclo natural hidrológico.
Del mismo modo, reconoce a los Sistemas Comunitarios de Agua y Saneamiento que no estén ubicadas en el área de operación de los servicios municipales de agua y saneamiento, intermunicipales o metropolitanos para brindar y gestionar el servicio de agua potable, los cuales sólo podrán prestar los servicios de agua y saneamiento para uso personal y doméstico, sin fines de lucro.
En tanto, las reformas a la Ley General de Aguas establecen que cualquier autorización, permiso, concesión, asignación o prórroga que se otorgue conforme a la presente ley debe priorizar el consumo humano y doméstico del agua bajo los principios establecidos en la misma.
Y que en caso de que exista riesgo de disponibilidad de agua para consumo humano o doméstico, “la Autoridad del Agua”, previa valoración técnica e información oportuna a las personas usuarias, disminuirá o cancelará el volumen de agua concesionada, en los términos previstos por esta ley.
En la legislación también se establece que, cuando se transmita el dominio de tierras vinculadas con un título de concesión para el uso del agua a que se refiere el presente ordenamiento, la nueva persona propietaria conservará los derechos sobre la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas correspondientes.
Se precisa que “La Autoridad del Agua”, una vez efectuado el cambio de dominio, expedirá un nuevo título de concesión conforme a las características de uso y volumen del título original y por el plazo remanente de su vigencia, en los términos previstos en la presente ley, exceptuando el análisis de la disponibilidad.
En el documento se subraya que, cuando se trate de unidades, distritos o sistemas de riego, la explotación, uso o aprovechamiento y distribución interna de agua se hará cumpliendo con los términos de los reglamentos respectivos que estos expidan, sin que en ningún caso pueda variar parcial o totalmente el uso concesionado.
Tratándose de actividades primarias de uso agrícola, pecuario o acuícola la combinación de éstas no implicará un cambio de uso, se puntualiza.
