La reforma propuesta dirigida al Poder Judicial de la Ciudad de México por Martí Batres, jefe de Gobierno, ha quedado aprobada por el Congreso local y pasará a formar parte de la Constitución capitalina.
Al Artículo 35 donde se señala que la función judicial debe regirse por los principios “legalidad y honradez, accesibilidad, transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas”, se suma un segundo párrafo propuesto por el mandatario.
Ahora el Poder Judicial deberá privilegiar “los principios de igualdad sustantiva, justicia restaurativa y justicia redistributiva, y los fines de la justicia social”.
“A fin de que respecto de los elementos no esenciales en el procedimiento impere un sistema auténtico que garantice y favorezca la tutela efectiva, sin dilaciones indebidas, de los derechos humanos, especialmente de grupos sociales y personas que se encuentren en situaciones de pobreza, exclusión, marginación, desigualdad, discriminación o desventaja social”, señala la reforma.
La iniciativa de Batres tiene dedicatoria, pues su propuesta partió de casos como la liberación el pasado 6 de marzo de ‘El Fabián’, presunto líder de la célula criminal de ‘La Ronda 88’, la cual opera principalmente en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
La liberación del sospechoso fue reclamada por el jefe de Gobierno al juez federal Roberto Omar Paredes Gorostieta Femat, quien consideró como ilegal la detención.
“¿Y la justicia? ¿Y las víctimas de esta persona? ¿Y el Programa de Recompensas que abrió la Fiscalía General de Justicia? Nada de eso contó para el juez”, dijo Batres el pasado 16 de julio al presentar su iniciativa en conferencia de prensa.
Sin embargo, especialistas advierten que esta reforma al Poder Judicial capitalino queda corta respecto a los cambios necesarios en el sistema de justicia e incluso advierten un riesgo para los derechos de las personas que sean detenidas por un delito en la ciudad.
Jorge David Aljovín, especialista en Derecho Constitucional, considera la reforma de Batres como una propuesta menos radicalizada que la presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para el Poder Judicial a nivel federal y ve como positivo su aplicación a nivel local, donde la ciudadanía tiene un contacto más directo.
No obstante, el analista explica que el privilegiar “la justicia social” por encima de “los elementos no esenciales en el procedimiento” puede crear incertidumbre jurídica para las personas detenidas y acusadas de un delito.
“Se podría detener a alguien inocente sin respetar las formalidades esenciales del proceso y que simplemente se obvie la posibilidad de que las autoridades detengan a los posibles infractores, pero con la ley en mano.
“Se corren graves riesgos de que, so pretexto de conseguir un fin, se estén atropellando los derechos de las capitalinas y los capitalinos”, dice en entrevista.
Aljovín ve la reforma capitalina como reduccionista, pues se toman casos como el de ‘El Fabián’ una generalidad.
“Qué va a pasar el día de mañana cuando una persona le atropellen sus derechos fundamentales, sea detenida sin una causa justificada y porque un juez crea que es culpable le pueda mantener en la cárcel”, cuestiona.
Esta reforma tiene un peso mayor como un mensaje político del actual jefe de Gobierno frente a la discusión de la reforma para el Poder Judicial Federal, pero queda corta al no existir una definición de justicia social y dirigirse a una sola parte, cuando lo que existe es un problema en todo el sistema de justicia, apunta Armando Rodríguez Luna, especialista en seguridad nacional quien fue integrante del miembro del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede).
“Tampoco pone el acento en donde debería hacerlo que es en el trabajo de las fiscalías. El hecho de que existan casos de corrupción dentro del Poder Judicial no exime del hecho que no está preparada la Fiscalía (General de Justicia) de la Ciudad de México, pero también la Fiscalía General de la República y de otros estados.
“La iniciativa del jefe de Gobierno está colocando el acento solo en una parte del problema, no aborda los problemas sistémicos y más bien es un mensaje político que se inserta en el contexto de la discusión de la reforma al Poder Judicial”, considera Rodríguez Luna.
La Fiscalía capitalina tiene 228,874 carpetas de investigación pendientes de concluir y una cantidad similar 232,648, de averiguaciones o carpetas de investigación abiertas, de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2023, realizado por el INEGI.
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) local y sus Ministerios Públicos inspiran “mucha” o “algo” de confianza de apenas el 38.6% de los habitantes de la Ciudad de México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023 del INEGI.
Esta institución tampoco resultó bien evaluada en el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías (IEDF) 2021 realizado por la organización Impunidad Cero, donde la Fiscalía CDMX tuvo un 12.5% de efectividad en la resolución de casos, por debajo de la media nacional de 15.5% y muy lejos de Guanajuato que ocupó el primer lugar con el 37.4%.
“Las fiscalías, en general, están con muy bajos presupuestos y esto lo que genera es que no se cuente con los recursos humanos necesarios para poder llevar a cabo todos los procesos de administración y procuración de justicia.
“Tampoco se cuenta con los recursos para actualizar el trabajo de las fiscalías, desde el procesamiento de los casos, la elaboración de las carpetas de investigación, los propios procesos de investigación judicial”, explica Rodríguez Luna.
David Saucedo, consultor en programas de gobierno, ve un avance en la labor de la Fiscalía capitalina así como en la Secretaría de Seguridad Ciudadana en los últimos cinco años, pero advierte fallas tanto en el actuar de los Ministerios Públicos y la Policía así como en los jueces responsables de decidir sobre los procesos contra los acusados.
“El Gobierno de la ciudad, vía la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sí ha hecho una labor importante en la identificación, captura y puesta a disposición de líderes de organizaciones criminales. En paralelo muchas de estas aprehensiones no logran cuajar y no se obtienen sentencias condenatorias, lamentablemente muchos líderes criminales han quedado en libertad.
“Por lo menos en la mitad de la aprehensiones donde finalmente jueces y magistrados decretaron el auto de libertad para criminales sí había errores en el debido proceso, en la integración de las carpetas, incluso en el proceso mismo judicial, atribuibles en su mayoría en todo caso a la Fiscalía”, sostiene.
Para el especialista es necesario atender tanto los riesgos de corrupción o coerción hacia jueces, así como la capacitación de la propia Fiscalía.
“Hay trabajo que hacer de ambas partes: por un lado mejorar el conocimiento y aplicación de protocolos para que no se escapen narcotraficantes y líderes criminales por errores en la integración de las carpetas, en el seguimiento del juicio o en el debido proceso, y por otro también se debería encontrar la manera de evitar que los grupos criminales mediante sobornos o amenazas, doblen la voluntad de jueces y magistrados”, detalla Saucedo.
